jueves 10 de diciembre de 2009

Solidaridad con Aminatu Haidar

Este VIERNES 11, a las 19.30H. frente al TEATRO CAMPOAMOR de Oviedo

CONCENTRACIÓN EN SOLIDARIDAD CON AMINATOU HAIDAR,

por su retorno al Sahara Occidental

Se celebrará la concentración para pedir justicia y la inmediata vuelta a casa de Aminatu Haidar, en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, y por la libertad de los/las saharauis presos en cárceles marroquíes.

Convoca:
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

Apoya:
Hasta la fecha, han mostrado su apoyo la Comunidad Saharaui Residente en Asturias, la Coordinadora de ONGD del Ppdo. de Asturias, CCOO, UGT, USO, CSI, IX, BA, UPyD, ASCIZ, PCA, JCA, PCPE, CJC.

¡ACUDE! ¡DIFUNDE ESTA CONVOCATORIA!
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lunes 16 de noviembre de 2009

Xunta personal funcionarios 5 de Payares

Informe de los trabajos de la comisión de valoración
Se presenta Informe de la representación de la Junta de Personal en la Comisión de Valoración de los Negociados sobre los trabajos desarrollados (recordemos que, por turno, dicha representación correspondió a la Corriente, compartiéndola con CSIF). Hay un par de temas a resaltar: las filtraciones de lo tratado en la Comisión a lo largo de sus trabajos (en el caso de algunas Consejerías está perfectamente identificada la responsabilidad de tales filtraciones), y la evidencia de certificaciones de méritos falsas firmadas por varias Secretarías Técnicas. Esto es, evidentemente, mucho más grave; se trata de dos certificaciones firmadas por las Secretarías Técnicas de Presidencia y Medio Ambiente, basándose en informes de Jefaturas de Servicio, para dos puestos del Servicio Jurídico y del Ente Tributario, y sobre los que los representantes de dichas Consejerías y otros miembros de la Comisión de Valoración (entre ellos el representante de la Junta de Personal) entendían que existían los suficientes elementos de juicio como para rechazarlas; no obstante, y según lo establecido en las bases, se acordó tener como válidas las certificaciones emitidas por las Secretarías Técnicas.

Ante todo ello, la Junta de Personal acuerda dirigirse a la Inspección General de Servicios para solicitar que se abra un expediente informativo que clarifique las dudas con las que se quedó la Comisión y determine si en realidad estaban correctas esas certificaciones o si se incurrió en algún tipo de acto que pudiera ser considerado como punible.

RESUMEN DEL RESTO DE ASUNTOS TRATADOS

Se acuerda realizar una asamblea con el personal del Ente Tributario de Gijón ante la pretensión de la empresa de implantar un horario especial, y las discriminaciones salariales que sufre este personal.

Se planteará a la D. G. de Función Pública la extensión a nuestra Administración, mediante la modificación del Decreto de Horarios, de la sentencia según la cual no se perderían las vacaciones anuales por estar de baja.

Se pedirá reunión con la Secretaría General Técnica de Medio Rural para tratar los problemas de la Guardería del Medio Natural a la hora de organizar los descansos compensatorios por descansos, puesto que se está incumpliendo un acuerdo alcanzado hace meses.

Se pedirá reunión con la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente para solicitar los criterios que se siguieron en la elección de los nuevos vehículos de la D. G. de Biodiversidad y Paisaje. También se pedirán aclaraciones acerca de las noticias aparecidas en la prensa sobre funciones que supuestamente va a desarrollar el SEPRONA, y que se podrían solapar con las de la Guardería; este tema surgió a raíz de la polémica generada este verano por la escasez de salmones en nuestros ríos, y que tan nerviosos puso a nuestros políticos. Al final, si tanto hay que ampliar las funciones y cometidos de la Guardería, la solución sería tan sencilla como aumentar la plantilla.

Se pedirá reunión con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Infraestructuras para tratar el pésimo estado en que se encuentran distintos Parques de la Dirección General de Carreteras (Gijón, Vegadeo, etc.), y que requieren una actuación urgente por parte de la Consejería. También se pedirán explicaciones por los retrasos que se arrastran en el cobro de dietas, gratificaciones, horas de disponibilidad… Dado que estos temas son ya unos clásicos en la actividad del Comité de la Consejería (se repiten año tras año), la Junta de Personal acuerda coordinarse con él para realizar conjuntamente las gestiones que sean necesarias.

Se pedirá reunión con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía para intentar solucionar el atraso del personal conductor del Parque Móvil en el cobro de los complementos de disponibilidad y variables.

Se tratará con la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación el posible cierre del IES de Valliniello y sus consecuencias para el personal. También se tratará la pretensión de la Consejería de implantar un horario especial al personal subalterno del CIFP de la Laboral de Gijón.

Se tratará con la Agencia Regional de Consumo y la D. G. de Función Pública la habilitación en la UTA-3 de Avilés de un office para el personal (pensando especialmente en el personal que ha de quedarse por la tarde), así como la ropa de trabajo a entregar a dicho personal. En el tema del office se solicitará la extensión de tal medida a todos los centros del Principado.

Se solicitará información a la D. G. de Función Pública sobre la supresión del Registro de Entrada de la C. de Cultura, motivos y destino de las plazas.

Se solicitará a la D. G. de Planificación la homologación y equiparación de los puestos de conductores de brigadas de la D. G. de Carreteras a los del personal laboral, ante la disparidad de complementos y niveles existente.


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Firma acuerdo Carrera Profesional

El pasado 3 de noviembre se procedió a la firma del Acuerdo que viene a dar cobertura legal a la enorme arbitrariedad en que se ha convertido el intento de implantación en nuestra Administración de la llamada Carrera Profesional (en realidad se trata de una mala Carrera Horizontal).
Como ya se intuía desde que comenzó este lastimoso paripé de negociación en la Mesa General, nos encontramos con un calco de lo ya existente (eso sí, empeorado) junto con el compromiso (?) de que todo lo demás se negociará en el Proyecto de Ley de Función Pública.

LOS SUPUESTOS LOGROS. Los firmantes del Acuerdo (CCOO y UGT) resaltan tres grandes logros en este Acuerdo: el compromiso de que se reactivará la negociación de la Ley de Función Pública; el compromiso de que la negociación de la Carrera, con todas las concreciones necesarias, se finalizará en el primer trimestre de 2010; y el compromiso de que la primera Evaluación del Desempeño estará concluida en el tercer trimestre de 2010. Sobran los comentarios, todos sabemos la flexibilidad negociadora de la Administración y la habilidad de los sindicatos mayoritarios para alcanzar grandes acuerdos.

LA CONTRAPARTIDA. A cambio de esos “grandes logros”, nos encontramos con un retroceso respecto a lo que había hasta ahora: el periodo para alcanzar la cuarta categoría o nivel de la Carrera se eleva de 20 a 29 años. Igualmente, se sigue marginando a los más de 5.000 empleados públicos que en su momento no pudieron o no quisieron adherirse a un peligroso cheque en blanco, puesto que los efectos de este nuevo Acuerdo no tendrán carácter retroactivo a 2007. Y de los interinos y temporales ya ni hablamos, ¿para qué? Han desaparecido directamente de cualquier intento de negociación sobre su situación (hasta las próximas elecciones sindicales, claro).

Y lo más grave, lo que nadie habla, y que nosotros insistimos hasta la saciedad, es que en el actual borrador de la Ley de Función Pública (y que sepamos no se ha modificado, y dudamos de que se cambie la situación), entre otras muchas agresiones, desaparece como concepto retributivo el Complemento de Destino y aparece el Complemento de Carrera. ¿Quien en un futuro no se adhiera a la carrera perderá el C. de Destino? ¿Dónde está la voluntariedad de la adhesión si en el caso de que no lo hagas perderás una parte significativa de tus retribuciones? Y respecto al personal interino y temporal ¿perderán directamente esa parte de su sueldo?


OTROS ÁMBITOS, OTROS SINDICATOS. Queremos recordar aquí a los compañeros de enseñanza y sanidad de CCOO que plantean su oposición a esta carrera en términos muy similares a los nuestros. CCOO de Sanidad denuncia públicamente que con el acuerdo firmado por sus compañeros de Administración Pública, 400 compañeros del SESPA tendrán un retroceso en sus condiciones para acceder a este modelo de carrera con respecto a lo que ya disfrutan el resto de compañeros representados por su Federación de Sanidad. SUATEA y CCOO de Enseñanza rechazan igualmente la firma de este Acuerdo y defienden básicamente la misma posición para los docentes que la que defendemos desde la CSI para todos los empleados públicos ¿Es CCOO como la actual China, un sindicato, dos sistemas?

Y POR FIN, LA EVALUACIÓN. En este último año los empleados públicos “disfrutaron” de una evaluación del desempeño a modo de ensayo general plagada de agravios comparativos, y penalizaciones, disparidad absoluta de criterios a la hora de evaluar, precisamente todo lo contrario al respeto de los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Todo un ataque frontal a los mentados principios y a la independencia que debe ostentar un empleado público. Eso sí, ya no podemos hablar de cheque en blanco, ahora sabemos claramente lo que quieren hacer con nosotros.

LA VENGANZA. El colofón a estos despropósitos está en penalizar a quienes desde el año 2007 no se adhirieron a este cúmulo de actos ilícitos, y se negaron a respaldar la discriminación de los no fijos, las diferencias salariales obscenas, la firma de adhesiones a ciegas, y evaluaciones verticales por quienes los políticos nombran a dedo. Estos no tienen derecho a nada, salvo sentencia judicial, que las hay y que la Administración se empecina en seguir incumpliendo. Así se empieza a castigar a los díscolos.

DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS, ARBITRARIEDAD EN LA EVALUACIÓN, PENALIZACIÓN SALARIAL, ES EL PANORAMA DE UNA ADMINISTRACIÓN QUE PRETENDEN AL SERVICIO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL GOBIERNO ASTURIANO, Y NO AL DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

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lunes 14 de septiembre de 2009

Fueya setiembre 2009

"Si todos vamos en la misma dirección,
¿Como sabremos que no hay otra? "
El Roto



1.-¿CONGELACIÓN SALARIAL? ¿Y QUÉ MÁS?
2.-CARRERA PROFESIONAL Y NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA.
3.-BRIGAES DE CARRETERES: NUN CUBRIMOS VACANTES, CONTRATAMOS FUERA.
4.-EL GOBIERNU SIGUE REGALANDO PERRES A LOS SINDICATOS DOMESTICAOS.


1.- ¿CONGELACIÓN SALARIAL? ¿ Y QUÉ MÁS?

Los empleados y empleadas públicos estamos de enhorabuena, volvemos a ser la solución mágica para los tiempos de crisis. Que fácil, que popular, que ético… ¿Hay crisis?, entonces congelamos a esos privilegiados que tienen el empleo fijo. ¿Hay deflación?, entonces… ¿les bajamos el sueldo?

Hay obviedades que nos cansa recordar, como la reiterada perdida de poder adquisitivo que venimos sufriendo durante décadas -en tiempos de bonanza ahí estaban los presupuestos con subidas por debajo del IPC-. También aburre recordar los sueldos mileuristas de esta administración (comprendemos que a nuestros políticos les suene extraño desde sus magníficos salarios), o las reiteradas pretensiones vía carreras profesionales o evaluaciones del desempeño por controlar nuestra actividad y fidelidad a cambio de nuestro salario. Por no olvidarnos de los miles de compañeros temporales o interinos que tienen el empleo bailando dependiendo de los caprichos de los procesos selectivos de turno, o de los “errores” en los mismos. O por no aburriros más, el permanente recurso a los chiringuitos (perdón, externalización) de puestos de trabajo en nuestra administración.
Luego está la recurrente llamada a la solidaridad, ese, “claro, en los tiempos que corren habrá que negociar desde una visión solidaria de los empleados públicos…”. Todo esto tendría sentido si nuestra administración se caracterizara por una eficacia, austeridad e integridad desde su gestión política, pero ¿qué vemos a diario?: el más puro desprecio por la gestión del dinero público. ¿Que nuestros empresarios favoritos tienen problemas con unas inversiones que parecen poco rentables?, nada, ningún problema, les compramos las oficinas a precio de oro y a buena altura para que nos ventilemos, o mejor, hacemos una nueva dotación para nuestros tribunales unos pocos años después de inaugurar las que ahora padecemos. Por no hablar de los continuos sobrecostes en las obras públicas, que llevarían al despido más fulminante en cualquier empresa privada, aquí no solo no lleva aparejada ninguna dimisión sino que se critica y ataca a quien lo denuncia. Y no vamos a volver a citar los florecientes negocios a cargo del dinero público para sustituir la gestión que tiene encomendada nuestra administración, así de paso salvamos la ley de contratos y ponemos a dedo a toda una red clientelar de personal “de confianza”; eso sí, a sus trabajadores los mantenemos en situación de precariedad permanente. El chollo y los sueldos para sus gestores, asesores, directivos, etc.

En la CSI no pretendemos ser reiterativos, pero año tras año asistimos en la Administración Asturiana a una política retributiva arbitraria y regresiva, donde se dispara el abanico salarial, y las diferencias salariales empiezan a quedarse sin calificativos. Y en este panorama nuestros políticos utilizan el sistema más facilón, desprestigiar a los empleados y empleadas públicos, les damos mala prensa, y así los ciudadanos y ciudadanas se olvidan de nuestros sueldos y privilegios, que resulta muy difícil explicar lo de nuestros gobernantes, diputados, eurodiputados, alcaldes y concejales, que al inicio de cada legislatura deciden ellos mismos, y aprueban por unanimidad sus escandalosas subidas salariales. Así su propio desprestigio social lo trasladamos a los demás, que se olviden de nuestra gestión y nuestros sueldos.

Como veis todos podemos ser demagogos, sólo que desde nuestras endebles economías algunos parecemos más legitimados a decir: congelaros vosotros, o mejor, vivir con nuestros salarios y dejarnos en paz.

No vale pedir que los empleados públicos se aprieten el cinturón mientras nuestros dirigentes viven en la opulencia con cargo al dinero público.

La CSI cree que hay que solidarizarse con los más desfavorecidos y con ello estamos comprometidos, pero no vale exigir congelación salarial a los trabajadores de las administraciones públicas mientras asistimos a un permanente despilfarro de fondos públicos en la Administración (Palacio de Justicia, TPA, Laboral, etc.).

El recurso fácil es ir a por los asalariados, a por los que cobramos a través de nómina, pero existen muchas otras posibilidades de mejorar la situación económica del Estado, sólo que no sería tan sencillo ni el Gobierno (ni éste ni ningún otro) tiene las agallas suficientes para enfrentarse a ese tipo de adversario: del sector financiero ni hablemos (los auténticos culpables de esta crisis), pero es que además tenemos un escandaloso fraude fiscal protagonizado por la clase empresarial, que se concreta en que tres de cada cuatro empresarios y profesionales se declaren mileuristas, o que las grandes fortunas y patrimonios coloquen sus activos en sociedades de inversión de capital variable, con lo que reducen al 1% su tributación en vez de al 30%, como el resto de sociedades o al 18% en el caso de las rentas de capital. Estos datos son sacados de las reiteradas denuncias de colectivos de Técnicos e Inspectores del Ministerio de Hacienda ( como Gestha), recientemente divulgados en la Prensa.

Planteamos la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos asturianos para el año 2010, desde la responsabilidad que nos corresponde con la sociedad en un contexto de crisis que no provocamos los trabajadores, sino los grandes emporios financieros; ellos son los que nos trasladan ahora las consecuencias de su nefasta gestión.

Esperamos contar con una postura firme y decidida de todas las demás organizaciones salariales, aunque mantenemos serias dudas ante la negociación que en Madrid mantienen con el Gobierno las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, en la que a cambio de la “contención salarial” (¿qué quiere decir exactamente ese eufemismo?) se nos “premiará” con el desarrollo del Estatuto Básico (es decir, un palo para compensar otro palo).

Incrementos salariales responsables que dignifiquen los salarios más bajos y no ahonden más en las ya muy amplias diferencias retributivas entre grupos, pero también plantearemos en todos aquellos ámbitos en los que nos sea posible, mejoras sociales en nuestra jornada de trabajo y en otros aspectos que permitan avanzar en nuestras condiciones laborales y de vida.

2.- CARRERA PROFESIONAL Y NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA.

Transcurridos más de dos años desde que la Administración implantara su modelo de Carrera Profesional, nos encontramos con un proceso paralizado por las continuas sentencias de los órganos judiciales que sacaron a la luz pública lo que la Corriente Sindical d’Izquierda lleva denunciando desde entonces: la ilegalidad de la convocatoria de adhesión, la ilegalidad de la discriminación en la aplicación de las cantidades abonadas como pago a cuenta de la mal llamada carrera en concepto de Productividad y la consiguiente paralización de todo el proceso iniciado unilateralmente por la Administración Autonómica para ganar un puñado de votos, con el respaldo de los sindicatos que recogieron rápidamente la zanahoria que la empresa les presentó haciendo caso omiso de las denuncias hechas no sólo por la Corriente, sino también por otras organizaciones sindicales de nuestro ámbito y del ámbito educativo.

La puesta en marcha igualmente de forma unilateral de una norma que regule la llamada Evaluación del Desempeño, vinculada a la percepción futura de retribuciones, también ha conseguido soliviantar a la mayoría de los empleados públicos y unificar el rechazo de todas las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Funcionario, incluso de aquellas que en su momento respaldaron todo este proceso.

La Administración se ve obligada ahora a agilizar los trámites parlamentarios para conseguir contar con una nueva Ley de Función Pública Asturiana que respalde legalmente la Carrera Profesional. Mientras tanto, tendrá que proceder a abonar las cantidades no satisfechas en concepto de Productividad para aquellos funcionarios de carrera que cumpliendo los requisitos de fijeza y de antigüedad, decidieron voluntariamente no suscribir el cheque en blanco que se presentó para poder optar al pago de esas cantidades y así lo reclamaron ante los jueces, porque así lo ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo tras la denuncia presentada por la CSI. Es la primera sentencia, porque están pendientes otras vistas en el mismo sentido para los próximos meses que obligarán a ampliar el número de funcionarios a los que la Administración deberá pagar lo que les adeuda. Eso sí, no se ha conseguido ganar en los Tribunales el derecho a percibir esas retribuciones para el personal fijo que no haya cumplido los 5 años de prestación de servicios ni para el personal interino o temporal, y también se perdió la primera vista con respecto al personal laboral, sentencia ésta última que recurriremos ante la Sala de lo Social.

Es ahora cuando toca el trabajo sindical. Desde la Corriente vamos a plantear al resto de organizaciones sindicales la propuesta de redefinir en todos sus términos el tema de la Carrera Profesional; el momento actual de parálisis es el adecuado (como lo fue en su momento el momento de suspensión cautelar, oportunidad desaprovechada lastimosamente) para potenciar una ofensiva ante la Administración que fije unos criterios en los que no se den exclusiones, no se den discriminaciones excesivas entre las cantidades correspondientes a cada grupo y también para que tal y como aprobó la Junta de Personal Funcionario, se aborde una nueva negociación con los órganos de representación de los empleados públicos de los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño, de forma que no supongan pérdida sustancial de las retribuciones percibidas, no supongan pérdida del puesto de trabajo obtenido por concurso ni se produzcan evaluaciones exclusivamente por parte del personal de libre designación política.
Y todo este proceso está ligado también al de la nueva Ley de Función Pública, de la que actualmente se cuenta solamente con un Borrador que irá pronto al Parlamento Asturiano para su discusión. Sobre este borrador, la Corriente ya realizó una campaña hace unos meses, alertando en los centros de trabajo sobre las graves consecuencias que recaerían en los empleados públicos de aprobarse en los términos que allí se recogen. Retrocesos en materia de retribuciones, mayor facilidad para imponer la movilidad forzosa funcional y geográfica, selección de personal con menores controles, menor garantía en el derecho al puesto de trabajo, apertura de los puestos de la Administración a docentes y estatutarios, drástico recorte en el derecho a la negociación de los órganos de representación concentrando ésta en las cúpulas sindicales y más cuestiones que van a modificar para peor nuestras condiciones de trabajo y nuestra relación con la empresa, hacen que tengamos que poner toda la carne en el asador para luchar contra las pretensiones de la Administración Autonómica.

Ante esto, la CSI va a utilizar todos los resortes que tiene a su alcance para intentar influir y conseguir en la medida de lo posible paralizar esta ofensiva que simplemente pretende trasplantar los métodos privados de gestión de empresa a la Administración, precarizando la situación de los empleados públicos e instaurando sistemas retributivos individualizados que cuestionan el avance que supuso la negociación colectiva.

Para ello, esperamos de nuevo poder contar con el resto de organizaciones sindicales, aunar esfuerzos y presentar propuestas conjuntas a la Administración que nos hagan fuertes para defender nuestros derechos e impedir que vayamos para atrás en nuestras condiciones de trabajo.

3.- BRIGAES DE CARRETERES: NUN CUBRIMOS VACANTES, CONTRATAMOS FUERA.

Dende la CSI creemos qu'ún de los pegoyos de l'actividá d'una alministración pública ye'l mantenimientu d'unes infraestructures y comunicaciones suficientes y segures. Pues bien, paez ser que los responsables del Principáu nesti asuntu nun piensen lo mesmo.

Asina, alcontrámonos con que nes brigaes de conservación de carreteres hai nada menos que 36 vacantes ensin cubrir; ye dicir, les mesmes brigaes encargaes de mirar pola seguridá y la conservación de les carreteres asturianes, atender a les urxencies viaries (accidentes, argayos, ñeve, temporales, etc.) y pol bon estáu de les mesmes (limpieza, señalización, visibilidá, etc ).
Ye más, dende fai años asistimos a la desapaición sele de puestos de trabayu venceyaos al mantenimientu vial de les carreteres, quitando brigaes de conservación de carreteres enteres cola sida de reorganizales pa que furrulen meyor, ensin que les brigaes que queden tean personal abondo pa cumplir con xeitu les sos funciones. El resultáu de too esto ye doble:

1- Per un llau desatiéndense les obligaciones que tien mandaes l'alministración (namás recordar qu'ente otres coses les carreteres asturianes tán ente les peor señalizaes d'España) col grave peligru qu'ello tien pa la seguridá vial.

2- Y per otru, recúrrese davezu y de forma descarada a la contratación privada pa suplir la falta de personal que carecemos. Asina, nel añu 2008 ufiertáronse nel BOPA más de 1.300.000 euros pa limpiar y rozar les carreteres; pero nesta cantidá nun entren los contrayos más pequeños que nun necesiten licitación pública, que son la gran mayoría de los que se faen (prueba d'ello ye que nel añu 2009 tovía nun s'espublizó nel BOPA nenguna licitación, y munches empreses privaes siguen faciendo'l nuestru trabayu, exemplu claru d'oscurantismu n'alministración de recursos públicos).

Ye especialmente grave que los puestos ensin cubrir seyan de trabayadores "a pie de carretera", lo que nos obliga a que les intervenciones en casu d'emerxencia (al traviés del 112) tengan una dotación de personal insuficiente, colos riesgos qu'ello tien.

Una güeyada a les places ensin cubrir de la Direición Xeneral de Carreteres danos una idea más clara de lo qu'equí dicimos: 15 operarios de brigaes, 4 camineros, 5 conductores, 7 maquinistes, 1 palista, 2 capataces de brigada, 1 xefe d'Área de Maquinaria y 1 coordinador d'Asuntos Ambientales; total 36 places ensin cubrir pola alministración nestos tiempos de paru descomanáu n'Asturies, eso ensin cuntar col restu vacantes (otres 10) del restu la Conseyería.

EXIXIMOS la cobertura nel intre de toes les vacantes qu'hai na Conseyería y la tresparencia absoluta na xestión de la mesma y damos anuncia de que vamos tar a la escontra dafechu del abusu na contratación esterna y tamién de la desapaición de puestos de trabayu y brigaes de carreteres enteres, cola sida de privatizar y facer negociu col dineru públicu.

El Comité d'Empresa de la Conseyería de Mediu Ambiente, Ordenación del Territoriu y Infraestructures, y tamién les seiciones sindicales nesa Conseyería entamaron aiciones de denuncia d'esta situación, col envís de garantizar los puestos de trabayu y ufrir a los asturianos/es mayor seguridá nos desplazamientos y mayor tresparencia na xestión de la "cosa pública".

4.- EL GOBIERNU SIGUE REGALANDO PERRES A LOS SINDICATOS DOMESTICAOS.

Demientres el primer semestre de 2010 España va ostentar la presidencia de la UE. Pues bien, ¿ sabíeis que pa celebrar por alantrao una cita que'l Sr. Zapatero noma de perimportante, el Gobiernu presidíu por esti señor yá repartió 600.000 euros a organizaciones amigues cola sida d'entamar eventos, facer espublizaciones o cualisquier actividá relacionada col asuntu?

¿Sabíeis que CCOO va recibir 25.000 (venticinco mil) euros pol proyeutu " El modelu social européu ente la crisis política y económica de la UE "? ¿Y qu'UXT va recibir otros 25.000 pol proyeutu " La estratexa de Lisboa: balance y perspectives? ¿Sabíeis qu'otres organizaciones agraciaes con tan particular lotería son la Fundación Alternatives, que tien nel so patronatu al mesmu Zapatero y a Joaquín Almunia, con 18.000 euros por una páxina web; la Coordinadora española pal Lobby Européu de Muyeres con 16.000 por unes xornaes; la Fundación Pablo Iglesias con 10.000; el MPDL con 5.000 por unes conferencies; la Organización de Muyeres Empresaries y Xerencia Activa con 4.000 por unos alcuentros, etc?

¿Sabéis vós a cambiu de qué se dan eses subvenciones ? ¿Sabíeis que nós saber, saber nun lo sabemos, pero que nos lo imaxinamos?




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martes 21 de julio de 2009

Situación del conflicto de la Carrera Profesional después de la sentencia

La Sentencia. Como ya sabréis sobradamente, el pasado 8 de julio, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo dictó Sentencia reconociendo
a 22 funcionarios del Principado de Asturias el derecho al cobro del Complemento de “Productividad por Incentivos al Rendimiento” (el subterfugio legal que se utilizó para introducir en nuestra Administración el ilegal por inexistente Complemento de Carrera Profesional) en iguales condiciones que se está abonando desde 2007 al personal que voluntariamente se adhirió al mismo. Esto es, que sin necesidad de adherirse mediante ningún formulario a ninguna convocatoria, todo el personal que sea Funcionario de Carrera con más de 5 años de antigüedad, deberá percibirlo desde aquella fecha.

En cambio, la Sentencia deja en la misma situación que hasta ahora al personal
interino y al personal funcionario de carrera que no llegue a 5 años de
antigüedad.
Situaciones que se plantean ahora. En este punto se plantean varias alternativas según sea el tipo de personal y la relación con la convocatoria de adhesión a la Carrera; igualmente, tiene importancia el saber si la Administración recurre esta Sentencia ante el
Tribunal Supremo “en interés de Ley” (único recurso posible, y que es posible
que no sea admitido a trámite).
En el siguiente cuadro os resumimos todas las posibilidades:
























Tipo de personal



Viene cobrando el
Complemento desde 2007


La Administración
recurre la Sentencia


Situación jurídica


Funcionario de Carrera con 5 años de antigüedad con la Sentencia favorable



NO




Se deberá pedir la ejecución provisional de Sentencia (lo
harían los Servicios Jurídicos de la CSI).


NO


La Administración deberá hacer efectivo el pago
inmediatamente.


Funcionario de Carrera con 5 años de antigüedad y que no
reclamó las cantidades




NO





Deberá esperar a que el TS rechace el recurso, momento en
que la Sentencia será firme, para solicitar la extensión de efectos de la misma.


NO


Podrá reclamar inmediatamente la extensión de efectos de la Sentencia.


Funcionario de Carrera sin 5 años de antigüedad y Personal Interino,hayan reclamado o no las cantidades.


NO




En ambos casos, al no existir recurso ante el TSJ de
Asturias, y no ver viable nuestros Servicios Jurídicos el recurso “en interés de Ley” ante el TS, sólo existe la vía de la presión sindical. Sobre esto os informamos a continuación.



Se abre una interesante vía. Con esta Sentencia se abre una vía de gran calado en este conflicto: a partir del momento en que la Sentencia devenga firme, todos aquellos de vosotros y vosotras que cumpláis el requisito de ser funcionarios de carrera y tener 5 años de antigüedad en la empresa, tendréis vía libre para solicitar la extensión de efectos de la
Sentencia sin necesidad de firmar ningún cheque en blanco ni someteros a más
condiciones o requisitos extraños.

Esto es tanto como decir que se acaba de dar un vuelco espectacular a la enrevesada
situación que empezó a gestarse ya a finales de 2006. Esto es tanto como decir que se han perdido dos años y medio en un conflicto absurdo que nunca debió llegar a producirse. El empecinamiento y la soberbia de la Administración, jaleada por sindicatos títeres y ciegos, les llevó, igualmente, a desaprovechar el momento de la suspensión cautelar;
aquél impasse debió aprovecharse para replantearse el tema y encauzarlo
de forma positiva, democrática y legalmente (¡qué tiempos éstos en los que
reclamar la legalidad se convierte en básica tarea, sobre todo dentro de una
Administración Pública!).

Posible recurso de la Administración. Hay que dejar claro en este punto que, en el caso de que la Administración decidiera finalmente presentar el recurso “en interés de Ley” ante el Tribunal Supremo, lo haría única y exclusivamente con la finalidad de retrasar el pago a aquel
personal que lo reclamara a partir de ahora.
No hay interés legal que defender, es seguro que el TS ni siquiera admitiría a trámite el recurso, pero pasarían varios meses hasta que lo rechazara (y por tanto la Sentencia fuera firme) con lo que se habrían ahorrado el dinero durante ese tiempo y esos compañeros y compañeras habrían sido perjudicados de una manera injusta y absurda.


Las Sentencias perdidas. En el caso del personal interino y el personal con menos de 5 años de antigüedad, la vía judicial está prácticamente descartada por nuestros servicios jurídicos, por lo incierto y dificultoso de su prosecución.
Así, vemos como fundamental la presión sindical en todos aquellos foros
en los que sea posible introducir el tema.
En este sentido os informamos que la Corriente introducirá el tema en la
primera reunión formal de la recién constituida Mesa Sectorial de Negociación.

Una crítica mirada atrás. Llegados a este punto, cabe detenerse un momento y reflexionar sobre la situación global de esta lamentable aventura emprendida en nuestra Administración por el PSOE con el apoyo de los sindicatos mayoritarios (apoyo lógico en algunos casos,
incomprensible en otros).
Después de una serie de varapalos judiciales y la abierta y pública oposición de las
organizaciones sindicales no cautivas de intereses bastardos, estamos llegando
a lo denunciado por la Corriente desde el principio: está quedando claro que
esta mal llamada Carrera Profesional era ilegal, injusta y discriminatoria. Y la forma de ponerla en marcha –la adhesión voluntaria mediante la firma del famoso cheque en blanco-
era, además de ilegal, una ocurrencia propia de antiguos regímenes en los que
debías mostrar pública y formalmente tu adhesión a los Principios Fundamentales
para medrar.
Era, además, una peligrosa quiebra en el sistema de negociación colectiva, puesto
que una parte del salario pasaba a depender directamente de la sumisión al
inmediato superior jerárquico mediante la superación periódica de la ya
tristemente famosa “Evaluación”.
Por cierto, este tema sigue encima de la mesa, y deberemos seguir luchando contra
esta nueva organización de nuestro trabajo y nuestras retribuciones. Y es este uno de los puntos que nos lleva a no comprender en absoluto la postura de algunos sindicatos que se dicen de clase.
¿Qué queremos? Y ahora, en esta tesitura ¿qué pretende la Corriente, cuál es nuestra postura? Es muy sencillo: a la espera del necesario marco normativo que
ampare legalmente la puesta en marcha de la Carrera Profesional en nuestra
Administración –independientemente de nuestra postura sobre ella-, debe
procederse a la extensión universal a TODOS los empleados y empleadas públicas
del Complemento de Productividad, subterfugio elegido para hacer efectivo este
pago. NADIE puede quedar fuera. Y hay que renegociar las injustísimas y
discriminatorias cantidades, con unas diferencias entre grupos que provocan
sonrojo, vergüenza y rechazo total. Y qué mejor medio para discutirlo en profundidad y con sosiego que las Mesas Sectoriales que se están empezando a constituir. Esperamos contar para ello con el apoyo de las demás organizaciones sindicales, sin sectarismos ni enfrentamientos
absurdos, que sólo traerían como resultado el perjuicio de muchos compañeros y
compañeras.





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viernes 10 de julio de 2009

22 funcionarios ganan en el Juzgado el complemento de Carrera Profesional

El martes 7 de julio tuvo lugar en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo la Vista por las demandas interpuestas por 50 funcionarios reclamando el abono de las cantidades percibidas en concepto de Productividad por Incentivos al Rendimiento que la Administración lleva abonando desde el año 2007 a aquellos empleados que se adhirieron a la llamada Carrera Profesional (están pendientes las vistas del resto de las demandas, unas 150, que se prevé se realicen en el mes de enero de 2010).

En dicha Vista, la representación legal de los demandantes (los servicios jurídicos de la Corriente Sindical de Izquierda) expuso las razones en las que basaba su pretensión y exigió el derecho a cobrar esas cantidades sin tener que rellenar formulario de adhesión ninguno, tener cinco años en el grupo de clasificación o ser empleado de carácter fijo. La Administración pretendió en primer lugar la suspensión de la demanda, lo que rechazó el juez.

Ahora, con fecha 8 de julio, el Magistrado dicta Sentencia, cuyo contenido y consecuencias os resumimos:

Sentencia:

- El Juzgado estima parcialmente las demandas y decide que estas cantidades deben abonarse a todos aquellos funcionarios de carrera que teniendo el requisito de antigüedad de 5 años, no hayan suscrito el documento de adhesión a la carrera (22 de los demandantes). Quienes reuniendo estos mismos requisitos (funcionarios de carrera y 5 años de antigüedad) no hubieran interpuesto demanda en su momento, podrán solicitar extensión de efectos para que así mismo se les abone.

Si la Administración presenta Recurso de Casación en Interés de Ley ante el Tribunal Supremo (posibilidad que ya adelantó su letrado a la salida del juicio), los demandantes podrían exigir ejecución provisional de la sentencia. Quienes no hubieren interpuesto demanda y cumplieran con esos requisitos, deberían esperar a que adquiera firmeza la sentencia para solicitar la extensión de efectos.

- El Juzgado rechaza la demanda del personal interino (25 de los demandantes) y de quienes siendo funcionarios de carrera no cumplan el requisito de los 5 años (los otros 3 demandantes). En este caso hay que aclarar que la Sentencia no tiene apelación, sólo existe la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo “en interés de Ley”.

Evidentemente, desde la Corriente Sindical de Izquierda en este punto se le abre la necesidad de forzar la situación por la vía sindical; y la primera medida será exigir que la primera reunión de las Mesas Sectoriales que están a punto de constituirse trate este tema para desbloquear el pago a estos compañeros y compañeras. Si hemos de hacer caso a lo expresado por el resto de sindicatos, deberíamos contar con su apoyo y la unidad sindical, independientemente de las diferencias y desencuentros que nos separan en todo lo concerniente al intento de implantación en nuestra Administración de la Carrera Profesional. Damos por hecho que todos estamos de acuerdo en el derecho de todas las empleadas y empleados públicos a cobrar estas cantidades, independientemente de su antigüedad o condición de fijeza o no en el puesto.

Esta es nuestra primera impresión sobre una Sentencia que abre una vía de gran calado en este tema; aún resta un estudio en profundidad de la misma y de las distintas casuísticas y consecuencias a que da lugar. Anunciamos para la próxima semana una nueva información en la que se aclararán todas estas situaciones, nos extenderemos en los detalles de la Sentencia y se expondrá nuestra visión sindical sobre el panorama que se abre al respecto en la Administración del Principado de Asturias.


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lunes 6 de julio de 2009

Acuerdo sobre Carrera Profesional: se consolida la discriminación entre empleados pùblicos y la chapuza jurídica.

En el día de ayer, 2 de julio, pudimos asistir a un “paripé” negociador entre la Administración asturiana y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación (CCOO, UGT, CEMSATSE y USIPA). Tras el mismo, estos sindicatos pretenden aparecer como los salvadores de la situación creada tras la Sentencia del TSJA en la que, a instancias de la Corriente Sindical de Izquierda, se anula la Resolución de 18 de mayo de 2007 por la que se convocaba el pago a cuenta de las cantidades correspondientes al primer tramo de la Carrera Profesional (efectuado bajo el paraguas legal del Complemento de Productividad).

La Corriente Sindical de Izquierda desea dar su opinión sobre ese supuesto acuerdo y divulgar la única solución posible, que pasa, evidentemente, por un escrupuloso respeto a la legalidad y a los tribunales.

1.- Un pacto anunciado. Esta reunión de la Mesa General estaba cantada desde que se extendió en nuestra Administración la convicción de que la Sentencia iba a ser contraria a una Resolución ilegal, chapucera e injusta. Todos sabíamos que, tras amagar con dejar de abonar las cantidades, la Administración iba a regalar a sus sindicatos afines y domesticados la salida a la crisis.

2.- El Principado cae en una actitud de insumisión jurídica. Este Acuerdo ahonda en una situación ilegal. Seguir abonando este Complemento de Productividad en las mismas condiciones y únicamente a las mismas personas que hasta ahora lo único que pretende es seguir justificando una Resolución que los Tribunales de Justicia acaban de declarar ilegal. ¿Dónde quedó aquél enrabietado “a partir de ahora lo haremos todo por el libro” de la Consejera Sra. Migoya? Y por cierto: ¿es que una Administración Pública puede (y debe) comportarse de otra manera que no sea “por el libro”?

3.- Sigue la discriminación. Este Acuerdo mantiene la vergonzosa discriminación que fraguaron la Administración y los sindicatos afines para favorecer la campaña electoral del PSOE y el Sr. Areces, manteniendo marginados a más de 5.000 empleados públicos:

- Aquellos que no nos adherimos voluntariamente (sobre la obligatoriedad de la adhesión también se pronunció ya el TSJA).
- El personal fijo sin cinco años de antigüedad (¿qué justificación puede tener esta aberración?).
- El personal temporal e interino (¿por qué nadie habla de este colectivo?).

4.- Se mantiene el ataque a la independencia de los empleados públicos. Este Acuerdo sigue apostando por una Carrera y un modelo de Administración basado en criterios mercantilistas totalmente opuestos a la idea de un servicio público a los ciudadanos objetivo y basado en la legalidad. Haciendo depender una parte de las retribuciones del criterio y capricho del inmediato superior (y aún tenemos reciente la experiencia de la Evaluación del desempeño) se está atacando por su base la necesaria e imprescindible independencia e imparcialidad de las empleadas y empleados públicos. LA CSI RECHAZA DE PLANO UNA ADMINISTRACIÓN EN LA QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS COBREN EN FUNCIÓN DEL CRITERIO DEL JEFE INMEDIATO.

5.- Se mantiene el clasismo salarial. Este Acuerdo sigue manteniendo el exagerado clasismo de la Resolución anulada, con unas diferencias abismales entre las cantidades más altas y las más bajas.

NUESTRA PROPUESTA

Por el contrario, la Corriente presenta una propuesta que, a la espera de que la futura Ley de Función Pública establezca el imprescindible marco legal para desarrollar el concepto de Carrera Profesional, lime al menos en parte los innumerables defectos y arbitrariedades de la Resolución anulada:

1.- El dinero ya reservado en los Presupuestos para este concepto se abonaría a todos los empleados públicos (personal que ya lo perciba, personal laboral e interino, personal no adherido a la Resolución anulada, e independientemente de la antigüedad en el puesto).
2.- Se revisará de forma radical la distribución de las cantidades, reduciendo al máximo las vergonzosas diferencias actuales.
3.- Los Servicios Jurídicos del Principado deben estudiar la fórmula legal más adecuada para abonar estas cantidades, aconsejando a los responsables políticos de nuestra Administración que se tenga en cuenta su informe, por encima de intereses extraños y caprichos.

Todo ello no obsta para que nos mantengamos inflexibles en la exigencia de una norma que dote de respaldo jurídico a la Carrera Profesional, independientemente de la opinión que nos merezca la misma en su propio origen, suficientementemente difundida en su momento. Pero en tanto no lleguemos a ese momento, las cantidades actualmente presupuestadas deben abonarse de forma justa, equitativa, no discriminatoria y sin condiciones absurdas y salidas del puro capricho.

CONVOCATORIA DE LAS MESAS SECTORIALES

Por otra parte, en el conciliábulo mantenido ayer, parece ser que por fin los sindicatos mayoritarios y la Administración dieron su brazo a torcer y se procederá a convocar las Mesas Sectoriales de Negociación este mismo mes. Pero esta medida, largamente exigida por la Corriente para democratizar y “airear” lo que se negocia en nuestra empresa, nace con un gran lastre: sus acuerdos estarán supeditados a que sean aprobados por la Mesa General, en la que están presentes únicamente los sindicatos domesticados sin reflejar en su composición la voluntad de los empleados públicos en las elecciones sindicales. Esperamos, al menos, que los temas en ellas debatidos sean realmente importantes, tan importantes como, por ej., la Carrera Profesional o situaciones como la que en este momento tenemos encima de la mesa.


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