Ninguna concreción para los Empleados Públicos

El día 23 de setiembre compareció en la Junta General del Principado la Consejera de Hacienda y Sector Público para esbozar las líneas maestras de su departamento en la nueva legislatura. Representantes de la Corriente estuvieron presentes tanto en la intervención de la Consejera como durante las preguntas planteadas por los grupos políticos, ya que una parte importante de las distintas intervenciones tenían directa relación con el sector público, la Administración Autonómica y los derechos de las empleadas y empleados públicos.

Como primera valoración, no asistimos a ninguna concreción en los asuntos que nos afectan y por los que llevamos tiempo esperando. Máxime después de los sucesivos anuncios efectuados por el Gobierno estatal respecto a recuperación de los derechos que nos fueron robados desde 2012 (anuncios sobre paga extraordinaria, permisos, etc.). Esperábamos que, al igual que fueron alumnos aventajados en la aplicación de esas medidas (todos recordamos la rapidez con que se nos aplicó la ampliación de jornada) lo fueran esta vez en devolvernos esos derechos; al menos, que hubiera claridad respecto a sus intenciones. Pero, días después de conocer esas decisiones en la Administración General del Estado, seguimos sin tener conocimiento cabal de qué medidas se van a tomar, cuándo y cómo. Y ya hubo una primera toma de contacto de la Junta de Personal Funcionario con la Dirección General de Función Pública, una comparecencia parlamentaria… Ahora se nos remite a una reunión de la Mesa General de Negociación la próxima semana. Desde la Corriente Sindical d’Izquierda dejamos claro que no seremos contemplativos ni pasivos en esta situación: esos derechos se nos van a devolver sí o sí. Y pronto. ¿Movilizaciones? Las que sean necesarias. Y las delegadas y delegados de la CSI ahí estarán los primeros, como siempre.


La primera intervención de la Consejera comenzó, lógicamente, haciendo alusión a las dificultades presupuestarias consecuencia de la imposición del objetivo del déficit (0’3 % sobre el PIB) para 2016. Una vez dejado claro eso, estas fueron las principales referencias a nuestros derechos, tanto económicos como en cuanto a condiciones de trabajo:

El próximo lunes 28 de septiembre se reunirá la Mesa General de Negociación en la que se presentarán las propuestas del Gobierno asturiano sobre:

Aumento del 1% sobre el salario en los Presupuestos de 2016. Parece que sí se tiene intención de aplicarlo.

Devolución del resto de la paga extra de diciembre de 2012. Parece que sí se contempla para 2016, mientras que no hay ninguna garantía de que este año se abone un 25% de la misma (sólo se hará si hay disponibilidad presupuestaria).

Días por antigüedad (APs y vacaciones). No hay postura clara aún.

Se asegura que se convocarán de inmediato los puestos que pasan a proveerse mediante concurso, y que hasta ahora se proveían mediante la Libre Designación.

Habló de una serie de nuevas normas referentes a la Administración Pública: Estatuto de Personal Directivo Profesional, Ley Autonómica de Empleo Público, desarrollo legislativo global del régimen jurídico de los empleados públicos (???), nueva Ley de Función Pública, un Plan de Ordenación de Recursos Humanos (que incluiría provisión, promoción, formación…), sin concretar compromiso alguno.

Se tiene prevista una Oferta de Empleo Público para 2016 de 128 plazas, producto de aplicar a los sectores el 50% o el 100% de tasa de reposición, según corresponda.

En cuanto a la Carrera Profesional, se preveen medidas correctoras en el Reglamento.

Desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y sus protocolos.


A continuación, los diferentes grupos parlamentarios realizaron una serie de preguntas, con respuestas inmediatas de la Consejera, de las que os trasladamos las más relevantes:

¿Qué se va a hacer para lograr la convocatoria anual de los concursos de méritos y evitar la judicialización de los mismos? Sin más, se reitera la intención de regularizar este asunto, como se viene haciendo por el actual equipo de Función Pública hace años.

¿Qué se va a hacer para que los nombramientos en comisión de servicios no superen los plazos legales establecidos? La indefinición de la respuesta da pie a interpretar que no se hará absolutamente nada.  Igualmente, se asegura desconocer el número de puestos cubiertos en comisión de servicio durante más de dos años.

Ante la pregunta de cuántos puestos de trabajo se suprimirán para crear los nuevos de personal directivo, indefinición total (se sabrá en su momento).

Interpelados sobre la forma de designación de los miembros de los tribunales de selección, discrecionalmente, a diferencia, por ej., de la Consejería de Educación, que utiliza un sistema objetivo y alejado de la subjetividad, la respuesta del Director del Instituto Adolfo Posada no pudo ser más irrespetuosa hacia el Parlamento asturiano: se hace como se hace porque así está establecido ahora.


Valoración. En resumen, una decepcionante jornada parlamentaria, en la que nada o muy poco se nos aclaró. No sabemos qué sucederá con la devolución de la paga extra de diciembre de 2012; no sabemos qué pasará con los días de antigüedad; se sigue prometiendo –una vez más- la convocatoria por concurso de los puestos de libre designación tumbados por los tribunales; se habla de una serie de nuevas normas y leyes en materia de función pública mientras que de la fundamental –una nueva Ley de Función Pública unificadora y actualizada- sólo se dice que “se intentará” su tramitación; se anuncia una Oferta de Empleo para 2016 de 128 puestos, clarísimamente insuficiente para las necesidades de las plantillas de nuestra Administración; no sabemos qué se va a hacer exactamente para la pacificación y regularización de los concursos de méritos, a pesar de que hace años que se nos está hablando de negociar unas bases generales; etc., etc., etc.

Es decir, seguimos en la misma situación de estos años: no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la degradación de la Administración Pública y la tardanza en la recuperación de los derechos perdidos. Desde la Corriente Sindical d’Izquierda planteamos una legislatura que, en lo que atañe a la negociación colectiva, parta del escenario de 2012. Y de ahí hacia delante, porque –ojo- volver a aquella situación no es ningún avance; avanzar serían medidas que la superen.

La Consejera acababa su intervención afirmando que el trabajo de su departamento se abordaría “mirando desde arriba, con las luces largas”. Eso está bien, pero para la recuperación inmediata de los derechos robados en 2012 no valen las luces largas, ahí sólo usaremos las cortas. Devolución inmediata. Ya.


Y para rematarla …  También manifestaba la Sra. Consejera su predisposición para “negociarlo y hablarlo todo”. Mal empezamos cuando se convoca para el lunes 28 una Mesa General de Negociación para hablar de estos asuntos y se excluye de la misma a la Corriente Sindical d’Izquierda, que en las últimas elecciones sindicales consiguió una abrumadora mayoría en la Junta de Personal Funcionario y nuestra representación en el resto de ámbitos (personal laboral, Sanidad, Docentes, Justicia) nos da el DERECHO a ser miembros de dicha Mesa General. La razón esgrimida es que existe un Reglamento de la propia Mesa que impide su actualización en cuanto a su composición hasta febrero próximo. Evidentemente, la Corriente no va a permitir que el máximo órgano negociador en nuestra Administración no refleje de forma automática la voluntad de las empleadas y empleados públicos. ¿Están diciendo que las elecciones sindicales no tienen resultados prácticos hasta 10 meses después de su celebración? Ya os avanzamos que, guste o no guste, la Corriente estará en la Mesa General de Negociación. Desde la movilización y desde la acción judicial.




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