“ La idea de que todos
los políticos son iguales permitió que robaran a manos llenas sin castigo”.
Juanma Iturriaga. Periodista y ex jugador
de la selección nacional de baloncesto.
SUMARIU |
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1
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LO QUE JAVIER FERNÁNDEZ NO NOS QUIERE DEVOLVER EN LOS
PRESUPUESTOS.
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2
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PRECARIZACIÓN Y DESIGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN ASTURIANA.
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3
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POR NAVIDAD VUELVEN LAS
EVALUACIONES.
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4
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CONFLITIVIDÁ NEL SERIDA.
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5
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SUBVENCIONES A SINDICATOS Y PATRONAL 2016.
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6
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POBREZA ENERGÉTICA: VERGÜENZA NACIONAL.
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1.-LO QUE JAVIER FERNÁNDEZ NO NOS QUIERE DEVOLVER EN LOS PRESUPUESTOS
En los Presupuestos Generales de Asturias para 2017 no figura ningún gesto hacia los trabajadores públicos del Principado. Se limitan a decir que sí el Estado sube el 1%, en Asturias harán lo mismo… y sino nada. En cambio sus Señorías si que se apresuraron a subirse el sueldo el 1% sin esperar a lo que dijera Madrid ¡por si acaso! (votaron todos a favor de la subida inmediata, excepto Podemos).
En los Presupuestos Generales de Asturias para 2017 no figura ningún gesto hacia los trabajadores públicos del Principado. Se limitan a decir que sí el Estado sube el 1%, en Asturias harán lo mismo… y sino nada. En cambio sus Señorías si que se apresuraron a subirse el sueldo el 1% sin esperar a lo que dijera Madrid ¡por si acaso! (votaron todos a favor de la subida inmediata, excepto Podemos).
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| Javier Fernándes dando mimos a Villa. A ver si algún día se muestra así de cariñoso con sus propios trabajadores |
En
repetidas ocasiones hemos oído al señor Javier Fernández el mantra de que
Asturias es poco menos que el último bastión donde se resiste el recorte social impuesto por Madrid. Pero al señor
Javier Fernández ese discurso ya hace tiempo que dejó de servirle con los
Empleados Públicos.
No
le sirve escudarse en la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el
Gobierno de la nación, y de obligado cumplimiento para las CCAA, para negarnos,
por ejemplo, la jornada de 35 horas, porque eso es una mentira y una falacia.
La Junta de Andalucía, gobernada por su
mentora Susana Díaz, la acaba de aprobar.
Tampoco le sirve de excusa el Gobierno de Rajoy para no devolver los 5 días de estudio que nos retiró.
Tampoco
le sirve de excusa Madrid para que en los Presupuestos no pudiese figurar la
devolución de las ayudas sociales para becas de hijos, de comedores escolares,
de ayudas a estudios del personal, etc., que en su día también nos limpió.
Tampoco
le sirve de excusa Madrid para que en los Presupuestos no pudiese figurar la
recuperación de las indemnizaciones por jubilación anticipada (llegaban a los
15.500 euros).
Como en su día dijo el Viceconsejero de
Administraciones Públicas: “Los Empleados Públicos no son una prioridad para
este Gobierno”… y así se refleja en los Presupuestos Generales de Asturias.
Es cuestión de voluntad política. Mantienen los recortes en personal para
ajustar gastos porque los empleados públicos no son ninguna prioridad.
2.- PRECARIZACIÓN Y
DESIGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN ASTURIANA
Si
una persona hubiera estado en coma los últimos 30 o 40 años y despertara en
este momento, podría pensar que una Comunidad Autónoma gobernada por un partido
que incluye en su nombre las palabras socialista y obrero
respetaría los derechos de las trabajadoras y trabajadores con los que tiene
una relación directa, que no aprovecharía los recortes impuestos en las
sucesivas reformas laborales y que respetarían escrupulosamente las sentencias
judiciales.
Pero
la realidad le produciría unas buenas dosis de desconcierto y desasosiego.
Veamos:
Comportándose
como unos auténticos trileros jurídicos, la Administración aprovecha unas
sentencias que declaraban ilegales una contrataciones trimestrales por
acumulación de tareas con personal Auxiliar Educador y Fisioterapeuta para
suprimir 28 plazas de personal operario (cuyas funciones serán privatizadas) y
crear otras tantas de AEs y Fisios, pero reduciendo su horario de forma que
sólo percibirán el tiempo efectivo de permanencia en las aulas con el alumnado,
obviando que su trabajo incluye una buena carga de tareas fuera del horario
lectivo. Esas tareas, lógicamente, se seguirán realizando. Pero sin cobrar.
Ello supondrá que su salario se verá reducido hasta un 20%.
Además, todos los puestos de Auxiliares Educadores y
Fisioterapeutas pasarán a ser a tiempo parcial al quedar vacantes, lo que reducirá
la posibilidad de movilidad entre estos colectivos y de promoción para otros,
dada la diferencia salarial entre estos puestos y los ocupados por las personas
que aspiren a dicha movilidad.
Sigamos.
Sólo la imparable destrucción de empleo desatada tras el aumento de jornada de
2012 está impidiendo el que el porcentaje de personal temporal e interino se
dispare hasta techos insospechados. Infinidad de cuerpos y escalas estaban
plagados de compañeras y compañeros con unas condiciones salariales distintas
(no perciben el Complemento de Carrera Profesional). Y es pública y notoria la
tendencia empresarial a tratar de imponer condiciones laborales, tareas y
obligaciones al personal supuestamente más débil en el escalafón laboral; la
Administración no es una excepción.
Más.
Esta destrucción de empleo de la que hablamos implica, por pura regla de tres,
que el personal restante debe asumir las tareas y funciones de quienes ya no
están y no son sustituidos. Empeoramiento de las condiciones de trabajo.
Aún
no acabamos. El personal interino no percibe el Complemento de Carrera
Profesional, en base a un EBEP que firmaron y jalearon unas organizaciones
supuestamente representativas de los trabajadores. Pues bien, recientemente
unas Sentencias del Tribunal Europeo dictaban sin ningún género de dudas que
este Complemento debe ser percibido por todo tipo de personal,
independientemente de su vinculación con la Administración, siempre y cuando
cumpla los requisitos de antigüedad y compromiso que se le exigen al personal
fijo. El Gobierno asturiano mira a otro lado e intenta ganar tiempo.
Es
de general conocimiento nuestra postura crítica hacia este Complemento salarial
(no hace falta repetir aquí nuestras razones), pero el hecho es que esta
discriminación salarial viene a ahondar en las diferencias injustas e
injustificadas entre unos colectivos y otros.
¿A
qué espera el Gobierno asturiano para cambiar de política de personal? ¿O
debemos dar por perdida la esperanza de que ese cambio se produzca? En ese caso
¿a qué esperamos para dar un definitivo empujón a un partido y un Gobierno que
demuestran ser indignos de sobrellevar sus actuales responsabilidades?
3.- POR NAVIDAD VUELVEN LAS EVALUACIONES
3.- POR NAVIDAD VUELVEN LAS EVALUACIONES
Ya estamos en navidad y las típicas y tópicas
evaluaciones de la Carrera Profesional vuelven a nuestras vidas. Como el
turrón.
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| Cyril N. Parkinson. Autor británico que formuló la
teoría que la labor de algunos funcionarios consiste en generarse trabajo unos a otros sin sentido práctico alguno. La Carrera Profesional sería el paradigma perfecto para ilustrar esta teoría |
¿Existe
algo más absurdo e inútil que estas evaluaciones? Cuando llegan estas fechas de
la evaluación no podemos dejar de recordar aquella escena, entre esperpéntica y
bufonil, del año 2007, cuando el candidato a la Presidencia del Gobierno
asturiano, Vicente Álvarez Areces, tuvo la desvergüenza de presentar el
proyecto de Carrera Profesional, pocos días antes de las elecciones
autonómicas, en un salón de actos del EASMU lleno de personal de gabinete,
Jefes de Servicio y allegados, con pincheo y vino español incluido.
Pero
el absurdo y el sinsentido de todo esto no solo se circunscribe a estas fechas
de las evaluaciones, sino que es algo que se perpetua a lo largo de todo el
año, teniendo al personal enfangado apuntándose a cursillos, muchos de ellos
absurdos, para “sacar puntos”. Un millón de euros se gasta la Adolfo Posada en
cursillos.
Decía
el teórico británico de las Ciencias
Políticas y de la Administración, Cyril N. Parkinson, que muchas veces la función
de los funcionarios consiste en generarse trabajo unos a otros sin ningún
sentido práctico. La Carrera Profesional sería el paradigma perfecto de esta
teoría. Tenemos a un puñado de profesionales cuyo buen hacer (tanto profesional
como personal) estaría mejor aprovechado en otros destinos en una
administración tan falta de personal en algunas áreas que no dedicados a estas
inutilidades.
La
Carrera profesional no deja de ser un paripé, absurdo y discriminatorio.
¿Alguien se imagina que en un momento dado no empezasen a superar la evaluación
la inmensa mayoría, por no decir todos, los empleados públicos? ¿Alguien se
imagina el caos, el revuelo, el descontento y el clima de trabajo que ello
podría generar en los distintos Servicios, volviéndolos ingobernables?
Por otra parte, hay que seguir exigiendo el cese de la tomadura de
pelo que supone la congelación del segundo tramo de la Carrera, mientras a las
trabajadoras y trabajadores se les sigue obligando a cumplir los mismos
requisitos que se les imponían antes de tal medida. Eso sólo puede suponer a su
vez una modificación en el sentido de disminuir de forma drástica dichas
obligaciones, eliminando la evaluación del superior jerárquico y el deber de
realizar una serie de cursos formativos. Como mínimo.
Pero lo que de verdad se necesita es una reforma de la Carrera
Profesional en profundidad:
-
Aplicándola a
todo el personal incluidos interinos y eventuales.
-
Percibiéndola a
través de un complemento económico fijo.
-
Disminuyendo las
abismales diferencias salariales entre grupos.
4.-. SUBVENCIONES A PATRONAL Y
SINDICATOS 2016
PARTIDA PRESUPUESTARIA
|
EUROS
|
484172. CCOO Asturias. Integración social
inmigrantes
|
40.000
|
484173. UGT Asturias. Integración social
inmigrantes
|
40.000
|
481000. Agentes sociales. Participación
institucional
|
1.350.000
|
481029. FADE. Participación en el CES
|
40.254
|
481030. UGT. Participación en el CES
|
30.191
|
481031. CCOO. Participación en el CES
|
30.191
|
481032. FADE. Funcionamiento Delegados
Territoriales
|
160.000
|
481033. UGT. Funcionamiento Delegados
Territoriales
|
87.000
|
481034. CCOO. Funcionamiento delegados Territoriales
|
87.000
|
781029. FADE. Prevención riesgos
|
146.000
|
781030. UGT. Prevención riesgos
|
109.500
|
781031. CCOO. Prevención riesgos
|
109.500
|
781032 a 781036. Agentes
Sociales. Fondos formación
|
14.594.273
|
TOTAL
|
16.823.909
|
Recordar una vez más que
la CSI se ha negado, y se va a seguir negando, a entrar al juego de los fondos
de formación y las subvenciones por
participación institucional o de cualquier otra clase. La Corriente se financia
única y exclusivamente con las cuotas que pagan sus afiliados y afiliadas.
5-.CONFLITIVIDÁ NEL SERIDA
Dende va tiempu yá que se vive una engarradiella ente los trabayadores y
la direición del SERIDA sevicia regional de d’Investigación y Desarrollu
Agroalimentariu), motivada pola llaceriosa xestión de personal y
l'incumplimientu dafechu del Conveniu Colectivu por parte de los responsables
de la xestión y direición.
Recordemos que'l SERIDA, como organismu públicu, créase tres un conflictu
llaboral qu'apaez por un intentu de privatizalu en 1999, depués de 342 díes
d'encierru y llucha na cai, que culminen col fracasu de la privatización.
Sicasí 17 años depués y gracies a la permala xestión de dellos directores ( unu
d'ellos investigáu por presuntos delitos ) tenemos que volver a reivindicar la
xestión pública del organismu, lo mesmo na prestación del serviciu como na
xestión de personal, yá qu'esti Serviciu Rexonal foi podreciendo y
convirtiéndose nun cortixu del PSOE. Y too ello col preste de la Sra Conseyera
de Desarrollu Rural y Recursos Naturales, Mª Jesús Álvarez - al mesmu tiempu
presidenta del Conseyu Rector del SERIDA - que nun quier saber res de res
de les continues denuncies presentaes pola CSI y a les que nin siquiera
contesta. El clientelismu llaboral que denunciamos ye esti.
1º La contratación dafechu d'asistencies téuniques pa nun cubrir vacantes
d'estructura. Sal más baratu, por ser empléu precariu, y a la vez puen escoyer
empleaos del so gustu ensin sometelos a la Llei d'Accesu a la Función Pública,
ye dicir a criterios d'igualdá, méritu y capacidá.
2ºL'usu constante de "comisiones de serviciu" pa cubrir puestos
de xefatures. Por esti sistema namás se puen ocupar esos puestos por un tiempu
máximu de dos años pero, de forma habitual, les xefatures conviértense, por
arte de maxa, n'indefiníes, torgando asina que s'ocupen en propiedá por
concursu públicu.
3º El cese del xefe de personal al traviés d'una "atribución
provisional de funciones" nun intre críticu pola llegada del nuevu
director xerente, quedando'l SERIDA ensin xefe de personal nesti
tiempu, yá que fai les sos funciones n'otra conseyería ( difícil
d'entender esti términu téunicu )
4º La falta d'interés pa igüar los conflictos llaborales, como'l qu'hai
nel Centru de la Mata, en Grau, qu'apaez por una resolución na que
s'encomienden funciones de superior categoría a un operariu, ensin qu'heba
causa previa que la xustifique porque nel centru hai seis oficiales y un
operariu y los oficiales faen funciones d'operariu tolos díes. Polo tanto nun
tien xacíu esta encomienda a nun ser pa premiar a dalgún palmeru. Too esto ta
amagostao pol coordinador del centru, qu'ocupa'l mentáu puestu en "
comisión de serviciu "
La CSI
quedóse sola en defensa de los trabayadores yá que'l restu'l Comité d'Empresa,
incomprensiblemente, piensa qu'esti tipu de xestión de personal a la carta ye
llegal y normal.
Per otru llau, el nuevu director xerente, Ramón Juste, que venía a "
romper tensiones " según declaró en sede parlamentaria, delegó la igüa del
conflictu nel Secretariu Téunicu de la Conseyería, qu'aconceyó col Comité
d'Empresa namás una vegada dende xunetu del 2015 ¿ Ónde ta entós esa
predisposición a frayar les tensiones ?
Dende la CSI nel SERIDA
pensamos qu'estos son motivos abondos pa convocar movilizaciones esixendo
qu'esta montonera despropósitos, mala xestión, clientelar y partidista,
terminen yá pa nun empobinar al SERIDA a un futuru inciertu onde les
consecuencies vuelvan a pagales los trabayadores, que nun tienen nenguna
función na xestión d'esti Serviciu Rexonal, como yá pasara nel fináu CIATA.
6.- POBREZA ENERGÉTICA: VERGÜENZA NACIONAL.
Más de cuatro
millones de personas sufren pobreza energética en España. Es decir gente que
durante el invierno pasa frío en sus casas por no poder calentarlas. Llegando
incluso a extremos como el de la anciana de Reus de 81 años de edad que murió
en un incendio provocado por una vela con la que se alumbraba después de que
Gas Natural Fenosa le hubiese cortado el suministro por impago.
La
pobreza energética es una de las nuevas formas de vulnerabilidad que han
aparecido con el aumento de las desigualdades. Lejos del viejo cliché que
identifica pobreza con exclusión social extrema de los que no tienen techo, las
nuevas formas de exclusión social son más complejas y menos visibles. La
pobreza se caracteriza hoy por un abanico de carencias que tienen consecuencias
graves, pero no siempre son perceptibles, entre ellas la pobreza energética.
La
disminución de los ingresos de los hogares más vulnerables durante la crisis
económica es la causa principal que está detrás de esta situación, pero también
lo están la mala calidad de las viviendas y el aumento desorbitado del precio
de la electricidad, que lo ha hecho en un 52% desde el 2008, según datos de
Eurostat.
Es
inadmisible que la conocida como pobreza energética exista en uno de los países
más ricos de Europa, como España, donde existen abusos tarifarios de las
eléctricas que actúan en régimen de oligopolio desembocando en unas cuentas de
resultados de las más altas del mundo.
En nuestro país se sigue violando la observación de
las Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía
suficiente para alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada.
La propia Constitución Española en su artículo 51 dice: “ Los poderes públicos
garantizarán la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos”, pero después, las sucesivas reformas legales liberalizaron el sector
eléctrico eliminando explícitamente la noción del suministro eléctrico como
servicio público. Lo que demuestra una vez más que cuando les conviene la
Constitución es algo sagrado e inviolable, pero después cuando no les conviene
(¡tendrán algo que ver las puertas giratorias!) la incumplen sistemáticamente
sin ningún pudor.
El
Gobierno de España a día de hoy aún no sólo no ha legislado sino que ha tratado
de impedir que otras Administraciones lo hicieran, por ejemplo recurriendo un
decreto de la Generalitat de Cataluña sobre la materia. Hay que exigir a los
políticos medidas legislativas que garanticen los derechos de la mayoría y
pongan límites a las eléctricas para que
dejen de jugar con la vida y la salud de la gente. Los políticos y los
Gobiernos tienen que sentir el aliento de la gente detrás, con la movilización
popular y los procesos de emponderamiento social, es la única forma de que
actúen.
En
ese sentido 25 organizaciones sociales de diferente tipo, sindicatos,
consumidores, ONG, etc. han creado una
Plataforma para luchar contra esta vergüenza nacional. De momento ya han
conseguido el apoyo de Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria. Éstas son sus
reivindicaciones:
1. Prohibición legal de todos
los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán
dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que
no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán
cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando
del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la
ciudadanía.
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