sábado, 8 de julio de 2017

Fueya xunetu 2017

"La injusticia social necesita ser combatida; el mundo no se va arreglar solo”.
Eric Obsbawm. Historiador británico.





 SUMARIU
1 ¿LOS CONCURSOS PARA CUANDO?
2 LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
3 LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD SINDICAL EN LAS REIVINDICACIONES.
4 EL CASO VILLA, DESTAPADO POR UN DELEGADO DE LA CSI.



1.- ¿LOS CONCURSOS PARA CUANDO?

El último concurso de traslados se convocó hace tres años. El último concurso de Negociados hace cuatro. El último de Secciones hace ocho. El de Servicios no se celebró nunca pese a que una sentencia judicial de hace cuatro años obligaba a poner fin a la libre designación.
En la foto Dolores Carcedo y Álvaro Alvarez el invisible Viceconsejero de Administraciones Públicas, la viva imagen de la desidia del Gobierno de Javier Fdez.

Este es el panorama desolador en materia de concursos de méritos y traslados en el que nos encontramos en la Administración asturiana.Media Administración en comisión de servicios y en precario. Eso sin contar con algunos casos sonados de manifiestos dedazos de los “jefes” a la hora de nombrar comisiones de servicio arbitrariamente. Tal situación nos da una idea de los niveles de negligencia e incompetencia en materia de personal de nuestros gestores políticos. Lo cual llevó a que el pasado mes de
junio algunos grupos parlamentarios advirtiesen a la Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, que la próxima Consejera en ser reprobada por la Junta General por su
nefasta gestión podría ser ella. En aquella sesión acababa de ser reprobada por toda la

Cámara (excepto por el partido que la sustenta en minoría y cada vez más en soledad y aislado) la recientemente dimitida Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, a causa de las mentiras, manipulaciones e incapacidad manifiesta para atajar los gravísimos problemas de contaminación ambiental que sufre la zona central de Asturias. Dolores Carcedo empieza a reunir méritos suficientes para seguir el mismo camino, al menos en lo que en materia de gestión de personal se refiere, pues a lo de los Concurso habría que añadir las 35 horas y en general su incapacidad para negociar y llegar a
acuerdos con los trabajadores de su empresa.
Pero obviamente no está sola en esta titánica tarea. Se encuentra bien acompañada. Por un lado el Director General de Función Pública, José María Gancedo, y por otro Álvaro Álvarez, el invisible Viceconsejero de Administraciones Públicas (del cual solo se sabe de su existencia porque figura en
nómina –y no pequeña precisamente-). Ambos son dos buenos y dignos representantes de la política de la incompetencia del Gobierno de Javier Fernández.
Como se recordará el Convenio Laboral y el acuerdo funcionarios-laborales, firmado por la Administración hace unos años con los sindicatos, recogía un concurso de traslados anual. La ley también dice que como máximo se permanecerá dos años en comisión de servicios. Una sentencia judicial de hace cuatro años dice que las Jefaturas de Servicio no pueden ser de libre designación sino que deben ocuparse por concurso de méritos, en cambio nunca se sacaron a concurso, estando todas en comisión de servicios. Todo esto es lo que dice la ley y los acuerdos firmados, aunque parezca
increíble.
¿Cuál es entonces el problema para que no se convoquen los concursos en tiempo y forma?. Las excusas son siempre las mismas, que si las nuevas RPTs no están confeccionadas y son muy complicadas, que si los recursos judiciales exigen hilar muy fino, que si hay atasco en Función Pública…. Disculpas. La realidad es que se encuentran muy cómodos funcionando así, chapuceramente, aunque el personal esté más que harto con la situación; de hecho la sensación asumida de forma generalizada es que esta legislatura ya no habrá concursos. Les da lo mismo. El nivel de desidia, falta de empuje y descomposición en el que lleva tiempo instalado este Gobierno, que
en definitiva anuncia el final de un ciclo, es la explicación. No busquemos otras interpretaciones.



2.- LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

Muchas son las situaciones en que se puede ver envuelto el personal público y que suponen un menoscabo a su integridad física y moral o incluso riesgo directo. Y siempre estas situaciones son
consecuencia de cumplir con su trabajo de acuerdo con la legalidad vigente y enfrentarse a ciudadanos que no entienden la labor de las empleadas y empleados públicos.
 Ejemplos hay en abundancia y algunobien reciente: desde el Guarda
del Medio Natural que recibe la presión del ganadero en relación a los acotamientos o por una tasación de daños a la administrativa del Ente Tributario que es acosada por un impresentable exaltado, pasando por mil y una casuísticas posibles dada la diversidad de los ámbitos en que se mueve el servicio público.
Cuando por cumplir nuestro trabajo nos vemos implicadas en procedimientos judiciales (que pueden ir desde lo administrativo a lo penal) esperamos que nuestra empresa esté a nuestro lado respaldándonos en nuestra labor, y que la defensa jurídica no corra a nuestra costa. Sería lo mínimo. Pero, por el contrario, nos encontramos con que en estos casos se nos deja en soledad ante los tribunales y ante la parte contraria. Son escasísimos los casos en que nos acompaña un Letrado del Servicio Jurídico, lo cual es de todo punto inconcebible, además de desmotivador.
En estos momentos sabemos que se está empezando a elaborar una modificación del Decreto que regula el Servicio Jurídico del Principado de Asturias. Hace escasos días la Junta de Personal Funcionario trasladó al Consejero de Presidencia la preocupación e indignación de muchas compañeras y compañeros que se han visto en tal situación, así como la necesidad de aprovechar esta modificación normativa para asegurar lo que entendemos como un derecho básico en el desarrollo de nuestro trabajo. Se da la circunstancia, absurda e increíble, de que se nos puede prestar tal asistencia jurídica cuando existe una denuncia por medio, pero no en los casos más graves de agresiones
de cualquier índole.
Y deben articularse las fórmulas necesarias para que dicha asistencia letrada sea de calidad. Nos estamos refiriendo a la saturación del Servicio Jurídico, que a veces impide un estudio y una preparación adecuados del caso. No hablamos por hablar, casos hubo, y ninguno de ellos imputable al Letrado, que bastante hizo por su parte.
Por ello la asistencia letrada a los trabajadores debería marcarse como una de las prioridades de los Servicios Jurídicos, destinando los recursos necesarios para ello (materiales, de formación, etc.).
Desde Secretaría Técnica de Presidencia se asumió el compromiso de informar a la Junta de Personal de los pasos que se fueran dando, haciéndonos llegar, por ejemplo, el primer borrador que se elabore de dicha modificación. No quedó nada clara, en cambio, su postura en cuanto al fondo del asunto. Desde la Corriente y desde la Junta de Personal seguiremos presionando para que las empleadas y empleados públicos asturianos puedan desarrollar sus labores sabiendo que en caso de verse involucrados en problemas por aplicar las normas legales vigentes van a verse respaldados por sus
superiores de forma concreta y efectiva. Insistimos: es nuestro derecho.

3.- LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD SINDICAL EN LAS REIVINDICACIONES.
La unidad en la reivindicación de nuestros derechos; una necesidad no siempre comprendida

Como sabeis, los distintos órganos de representación (Junta de Personal y Comités de Empresa) protagonizan hace tiempo una serie de acciones, gestiones y movilizaciones en la exigencia de la recuperación de todos los derechos que nos robaron en los últimos años, con especial incidencia en la jornada semanal de 35 horas.
La unidad entre las distintas organizaciones sindicales, encauzada a través de los órganos de representación votados y elegidos por los propios trabajadores y trabajadoras, se nos antoja como imprescindible si queremos tener alguna opción de conseguir nuestros objetivos. Con mayor o menor convencimiento, con mayor o menor implicación y participación, dicha necesidad de unidad fue entendida y asumida por los cinco sindicatos presentes en la Junta de Personal y Comités.
Pero, de forma sorprendente, cuando se plantearon una serie de acciones a desarrollar a lo largo del mes de mayo, el sindicato USIPA se descolgó de dicha unidad y se negó a participar en dichas acciones. Las explicaciones, breves y confusas, no llegaron a entenderse por los demás sindicatos, y a día de hoy seguimos sin saber a qué tipo de estrategia obedecía su actitud. Creemos que tenéis derecho a saber que, cuando nos concentramos y manifestamos, cuando nos encerramos en las dependencias de la Consejera de Hacienda y Sector Público, cuando nos presentamos en la sede del PSOE, etc., no estábamos todas las organizaciones que deberíamos estar. Sabemos que delegados y afiliados a este sindicato no compartían tal decisión, pero fue la que se tomó.
Desde la Corriente estamos convencidos que, además de lo beneficioso de ir todos juntos, las organizaciones sindicales y sus delegadas y delegados tenemos la obligación de dar un paso adelante, dar la cara y llevar la iniciativa en la defensa de nuestras condiciones de trabajo y, por supuesto, en la defensa del servicio público. Incluso no nos importa que por parte de algún sindicato la presencia en las movilizaciones sea puramente simbólica y buscando sin más el protagonismo. Da igual, el caso es estar ahí, encabezando y pidiendo a los trabajadores su implicación.
No queremos hacer sangre de estas cuestiones; al contrario, estamos deseando ver de nuevo a nuestro
lado a todos los que deben estar, les estamos esperando con generosidad y sin reproches. Porque sólo así tendremos autoridad moral para pedir a las empleadas y empleados públicos que hagan el esfuerzo de salir a la calle y secundar las iniciativas que se toman por sus derechos.
Pero en la Corriente vamos más allá. El adversario es uno; el Gobierno asturiano es el patrón a efectos laborales tanto en nuestro sector como en el ámbito sanitario o el educativo. Su política de personal es idéntica en toda la Administración Asturiana, y por ello los trabajadores deberíamos ir todos juntos en la misma dirección. Por inteligencia, por puro interés. Por ello, en su momento hicimos un llamamiento a los sindicatos de todos estos sectores para plantearles la necesidad de unir fuerzas y plantear de forma conjunta unas reivindicaciones, aunque fueran básicas y mínimas.
Ante nuestro planteamiento, nos encontramos, con sorpresa y decepción, a unas organizaciones en las que primaban luchas de poder internas e intereses mezquinos totalmente alejados de los intereses de los trabajadores a quienes dicen representar, y el intento resultó inútil. El Gobierno asturiano cuenta así con la ventaja de no enfrentarse a una única y potente oposición laboral, sino que ésta se encuentra
dividida en varios sectores.
Es por ello que la CSI viene desarrollando una serie iniciativas en las que sí están implicados todos los delegados y delegadas de los distintos ámbitos administrativos, sin distinción: auxiliares de las Consejerías junto con médicos de hospitales, profesores de los IES junto bomberos del SEPA. Porque la lucha de los trabajadores no admite divisiones. Cuando los problemas son los mismos, cuando el adversario es único, la unidad es una necesidad. Esperamos, por el bien común, que las demás
organizaciones reflexionen y reconsideren su postura. 

4.-. EL “CASO VILLA”, DESTAPADO POR UN DELEGADO DE LA CSI.

El pasado 1 de julio AsturiasDiario publicaba una entrevista con el delegado y dirigente de la Corriente en la Administración Autonómica Nicanor González, en la que se desvelaba que este compañero es el autor de la primera denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, en 2014, en relación con lo
que después sería conocido como “caso Villa”, es decir, la corrupción ligada al Montepío de la Minería, el Geriátrico de Felechosa y, consecuentemente, al SOMAUGT.
Un dossier con información sobre las propiedades de José Antonio Postigo (ex presidente del Montepío), obras y adjudicaciones realizadas en las propiedades de la mutua minera (apartamentos de Los Alcázares, geriátrico de Felechosa…), etc., fue deslizado en 2014 por debajo de la puerta del local que la CSI tiene en la residencia del ERA en Pumarín (Gijón). El mismo dossier fue puesto en manos anteriormente de otros cargos del SOMA, UGT, CCOO, PSOE de Mieres, la FSA, el Montepío, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, e incluso del entonces Fiscal General del Principado, Gerardo Herrero. En todos los
casos sin consecuencia alguna. En vistas de lo cual el anónimo denunciante decide mandar la
información al delegado de la CSI en el ERA porque sabía que llevaba tiempo denunciando públicamente la competencia desleal que el geriátrico de Felechosa hacía a las residencias de la
red pública.
Sin duda, alguien supuestamente próximo a Villa y Postigo, recurrió a nuestra organización de
la forma antes descrita. Nicanor González, inmediatamente, envió una copia de toda la
documentación a la entonces Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,
Carmen García Cerdá, quien, conjuntamente con el Fiscal Ignacio Stampa, comenzaron una investigación de desenvocó en lo que actualmente es sobredamente conocido en Asturias y el resto del Estado.
Este es el enlace a la noticia en AsturiasDiario, con parte de la entrevista publicada en papel:
http://www.asturiasdiario.es/web/?p=32700
Una vez más, la Corriente da un paso adelante contra la corrupción, el nepotismo y, como dice
Nicanor González en la entrevista, la prepotencia y la sinvergonzonería. Un paso que pudieron,
y debieron, dar otros. Como se argumenta en el artículo, lo que sucedía en las cuencas era de
sobra conocido por todos, desde Villa a Javier Fernández. Pero nadie movió ni un dedo, ya sea
por implicación, por intereses o por cobardía ante el poder que entonces acumulaba Villa.

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