viernes, 5 de enero de 2018

Fueya Payares

“Los problemas importantes que tenemos no pueden ser resueltos con los mismos pensamientos que los crearon”.






    SUMARIU
1 ACTUALIDAD: NEGOCIACIONES Y MOVILIZACIONES.
2 BATACAZO JUDICIAL A LA GUERRA SUCIA DEL SINDICATO CSIF.
3 CORRUPCIÓN: APARECE UN NUEVO CHIRINGUITO SINDICAL.
4 REPRESIÓN SINDICAL NEL SEPA.

 1.- ACTUALIDAD SOBRE NEGOCIACIONES, DERECHOS Y MOVILIZACIONES.-
Son muchas las cuestiones pendientes de ordenar y solucionar si queremos hablar de una Administración eficaz y transparente cara a la sociedad, al mismo tiempo que justa en cuanto a los derechos de su personal. Ninguno de los recientes Gobiernos hizo otra cosa que dejar languidecer todo, cuando no empeorarlo. Recientemente parecía que el actual ejecutivo se decidía a impulsar un buen número de actuaciones y negociaciones. La realidad es muy distinta:

1. NEGOCIACIONES ACTUALMENTE ABIERTAS.
1.a) Bloque Relaciones de Puestos de Trabajo y Concursos de Méritos.
Bases Concursos Méritos personal funcionario. Se discutió en Mesa Sectorial sobre una serie de cuestiones básicas a la hora de establecer unas Bases estables y duraderas: méritos a valorar – grado, formación…-, ponderación de los mismos, valoración de las adscripciones provisionales, orden de las convocatorias, etc... En realidad, la reunión sólo sirvió para constatar las dudas – sobre todo jurídicas- que tanto Función Pública como las distintas organizaciones sindicales tenemos sobre todo ello, y que hacen que se vislumbre un futuro incierto para las convocatorias, cuando estas se realicen.
Relaciones de Puestos de Trabajo. Se estuvo trabajando en la creación de los llamados Sectores y Subsectores, según el ámbito de trabajo por un lado, y las funciones de cada cuerpo o escala por otro, para adscribirles cada puesto de las RPTs. Todo ello con el objeto de que de cara a dotar de la máxima objetividad los próximos Concursos de Méritos y evitar las viejas y conocidas descripciones de puestos “a la carta” que dieron lugar a un buen número de sentencias judiciales que tumbaron esos concursos en el pasado. Sobre esto se avanzó bastante, pero el siguiente paso es aplicar esa teoría a la concreción de las RPTs de cada Consejería y Organismo. Y esto es lo que está atascado en este momento. Este proceso se puso en marcha hace ya demasiado tiempo, pero se encuentra atascado ante la ausencia de propuestas de RPTs por parte de la Administración; según el interlocutor al que nos dirijamos, recibimos respuestas contradictorias sobre la redacción de esas propuestas. El caso es que a día de hoy aún no tenemos ninguna encima de la mesa.

Desde los sindicatos se arrancó a la Administración el compromiso de que todo esto, independientemente de los ritmos negociadores en cada apartado, se pondría en marcha conjuntamente. Ello motivado por la necesidad de evitar que se produjeran convocatorias diferenciadas en cuanto a bases y contenidos, condiciones, méritos, valoraciones, etc. Pero a día de hoy vemos que lo principal, propuestas de RPTs sobre las que trabajar aplicando las otras patas del banco (Decreto de Sectores y Subsectores por un lado y Bases de Concursos por otro), sencillamente no existe. Y cuando exista, evidentemente, llevará un tiempo considerablemente largo examinarlo y ordenarlo. De forma que, lamentablemente, comenzamos a dudar que se pueda finiquitar dentro de la presente legislatura.
1.b) Plan de Ordenación de Recursos Humanos. A principios de legislatura la Consejera de Hacienda y Sector Público presentó en el Parlamento asturiano este documento como la panacea que ordenaría de forma definitiva la mayoría de los aspectos relacionados con el personal de la Administración. A estas alturas (más de dos años después) únicamente se nos presentó su Índice, en el que se recogen infinidad de cuestiones: estudio de las unidades administrativas, de los efectivos, de las plantillas, de la temporalidad, Escalas a Extinguir, elaboración de las RPTs, personal eventual, reordenación de los cuerpos y escalas, medición de las cargas de trabajo, prolongación del servicio activo, movilidad, conciliación, carrera, formación y selección, provisión de puestos, etc. Es decir, una mini-Ley de Función Pública; y no tan mini.
Pues bien, tras presentar el Índice, se acordó comenzar con la problemática de las Escalas a Extinguir; y la realidad es que la primera reunión, tras sucesivos aplazamientos, aún no tuvo lugar.
1.c) Oferta de Empleo Público, que se desarrollará en tres años -2017 a 2019-. Se discutieron en Mesa los distintos asuntos derivados del Acuerdo por el Empleo que se plasmó posteriormente en el borrador de los PGE, tales como:
Inclusión de las vacantes en los Sectores Prioritarios o No Prioritarios (a consecuencia de lo cual se aplica una Tasa de Reposición del 50 o del 100%).
Forma de acceso.
Fase de “Estabilización”. Es decir:
- plazas de Indefinidos No Fijos por sentencia.
- plazas ocupadas por personal temporal desde antes de enero de 2005 (según marca la Disposición IV del EBEP).
- plazas (dentro de los sectores marcados como prioritarios) ocupadas al menos tres años, hasta
reducir un 90% la tasa de temporalidad (del 20 al 8%).
Bien, hemos llegado hasta final de año para estar cerca de cerrar lo que será la Oferta de 2017.
Esta se concretará en 258 plazas de personal funcionario (198 de nuevo ingreso y 60 de promoción interna) y 509 de personal laboral (153 de nuevo ingreso y 356 de promoción interna).
Esperemos que las de 2018 y 2019 no se demoren tanto, puesto que ya se ha hablado de todas
las cuestiones que influyen en ellas. Y se trata de un asunto crucial. Crucial se mire por donde se
mire. Tanto para el personal temporal como para tantas personas en situación de desempleo. Y
crucial para el propio servicio público prestado a la sociedad asturiana, que depende de unas
plantillas suficientes y estables.
2. OTRAS CUESTIONES.
Promoción cruzada del personal laboral fijo a través de los procesos de promoción interna del personal funcionario. Se informó de la intención de la Administración de aplicar ya en la ejecución de la Oferta de 2016 la disposición transitoria segunda del EBEP, que regula esta promoción.
Jornada de 35 horas. Tras los contactos con la Consejera de Hacienda, novedades en otras CCAA, postura del Gobierno español, etc., actualmente esta reivindicación se encuentra ante la cerrazón más absoluta por parte del Gobierno asturiano. El mismo que se apresuró a aplicar la ampliación de la jornada antes que ninguna otra Comunidad, se niega rotundamente a abrir ni el más mínimo resquicio a la solución de este conflicto. La necesidad de continuar con esta movilización es evidente.
Cobertura económica de las ITs. La Consejera de Hacienda se comprometió a abrir una negociación exprés en enero, en la que se recogerían mejoras que acercaran al máximo el horizonte de la cobertura total. La CSI ya le hizo llegar las tres cuestiones que estimamos habría que incluir: situaciones de IT derivadas de la violencia de género, enfermedades recogidas en el Anexo I (Lista de enfermedades de declaración obligatoria) del Decreto 69/97, de 30 de octubre, por el que se constituye el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), del Principado de Asturias y situaciones que impliquen limitación de la movilidad. A fecha de hoy no sabemos nada de esa negociación ni de las intenciones de cumplir ese compromiso.
Cuestiones salariales. En cuestiones como el incremento del 1,75% o el 2º tramo de Carrera, el compromiso de la Consejera de Hacienda y Sector Público estaba condicionado a la consecución de la aprobación de los Presupuestos, bien asturiano, bien estatales. Si no se producía alguna de las dos circunstancias cabía la posibilidad de replanteárselo… ¿Qué quiere decir esto concretamente? Veremos.
Instrucción de Permisos. Se trata de un intento de uniformizar –para bien o para mal-, la aplicación del Decreto de Jornada y Horarios en todas las Consejerías y Organismos del Principado, evitando así la disparidad de interpretaciones que se da en la actualidad, con la injusticia que eso supone. Es cierto que la Corriente mantiene discrepancia con distintos aspectos del Decreto (concepto de localidad, flexibilidad horaria no extensible al personal laboral…), pero éste –el Decreto- es una norma vigente y, de momento, no es objeto de revisión; por ello dimos nuestra conformidad a la Instrucción, ya que su ausencia implica unos agravios comparativos insostenibles.
Recurso del Gobierno asturiano contra la sentencia sobre Carrera para el personal temporal e interino. El Gobierno asturiano recurrirá al Supremo la sentencia del TSJ asturiano que reconoce el derecho a percibir este Complemento a dicho personal; según su versión, lo hace para aclarar cuestiones que no se concretan por el Tribunal asturiano, y que son fundamentales a la hora de aplicar dicha sentencia. Por ejemplo, qué personal concreto es el afectado por la sentencia (vacantes, cobertura de ITs, etc.), a qué tramo de la Carrera se le incorpora (al nivel de entrada o directamente al primero), cómo le afecta la Evaluación, etc.
Mientras tanto, su intención es que no se paralice la ejecución de la sentencia, para lo que se comprometen a presentar un Borrador de Carrera para este personal; la ejecución, según sus primeras manifestaciones, surtiría efectos a 1 de enero de 2018. Eso sí, también se avanzó que no hay excesiva prisa por comenzar esa negociación, ya que no es una prioridad para el Gobierno asturiano respecto de otras cuestiones de las que están encima de la mesa.
ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN. En el mes de octubre pasado, ante las exigencias de las organizaciones sindicales y la presentación de una pregunta en la Junta General por parte de un grupo parlamentario sobre la paralización de la negociación colectiva en nuestra empresa y la falta de respuestas del Gobierno asturiano a tantos y tantos asuntos fundamentales en materia de función pública, se produjo un amago de desbloqueo. Así, se puso fecha a la apertura o continuación de una serie de cuestiones, como os acabamos de explicar. Los contactos comenzaron, sí, pero a día de hoy constatamos una vez más cómo se van ralentizando y los asuntos continúan exactamente igual
de empantanados como antes. Sólo tiene visos de aprobarse a corto plazo la Oferta de Empleo de 2017 (aunque después queda su desarrollo y las correspondientes convocatorias). Pero todo lo demás está paralizado. Especial sonrojo produce ese llamado Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, que además de ser un cajón de sastre donde incluir cualquier tema, no tiene visos de llegar a abordarse en serio, ni en esta legislatura ni en cualquier otra. Vamos, como la nueva Ley
de Función Pública.
Desde la Corriente seguimos afirmando que este Gobierno está moribundo, y la función pública no es, evidentemente, la prioridad de un ejecutivo más preocupado en sobrevivir hasta las próximas elecciones autonómicas que en ejercer su labor y poner orden en su propia casa.
Incluso no ha sido capaz de alcanzar acuerdos para sacar adelante las cuentas autonómicas, teniendo que recurrir a la prórroga Presupuestaria.

2.- BATACAZO JUDICIAL A LA GUERRA SUCIA DEL SINDICATO CSIF.-
El Sindicato amarillo Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) lleva tiempo empeñado en querer impedir que la Corriente utilice las siglas “CSI”. No dudando en acudir para ello
a los tribunales. Pero la justicia ha dictaminado en su contra, cargándoles además las costas por obrar con “mala fe”.
Somos conscientes de que determinadas peleas entre organizaciones sindicales os suscitarán poco o nulo interés. No obstante, sí creemos importante que conozcáis quiénes son, a qué se dedican y a qué dedican su tiempo y dinero algunos sindicatos de forma tan alegre y desvergonzada.
 

En su demanda CSIF alegaba que los únicos propietarios de la “marca comercial CSI” eran ellos. Entre otros disparates pretendían que se impidiese utilizar dichas siglas a la Corriente Sindical de Izquierda. 

Exigía que se les pagase una cantidad a determinar por daños y perjuicios, que se destruyese toda la propaganda elaborada como CSI, y que se publicase la sentencia en dos revistas y publicaciones de difusión nacional a elegir por ellos, con cargo a la Corriente.
Como quedó acreditado en las sentencias, primero del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón y después de la Audiencia Provincial, la CSI existía desde 1982 como Asociación Sindical de Izquierda, pasando a denominarse Corriente Sindical de Izquierda (CSI) en 1984. Por su parte los funcionarios franquistas, una vez desaparecido el sindicato vertical en el que habían estado muy a gusto, fundaron en 1978 un sindicato llamado CSIF, que pasó a denominarse CSI-F en el año 2.000, registrando esta denominación como marca comercial en 2009.
Los argumentos utilizados por los directivos de CSIF en su demanda demuestran que estos burócratas sindicales han hecho del sindicalismo amarillo que practican una suculenta forma de negocio que les permite, además de permanecer alejados de sus puestos de trabajo, dedicar importantes recursos económicos a este tipo de estrategias de guerra sucia contra un sindicato como la Corriente Sindical de Izquierda que, al parecer, resulta un estorbo por el modelo de sindicalismo combativo y comprometido que practica.
No deja de ser una desfachatez que cuando los trabajadores estamos sufriendo la mayor ofensiva contra nuestros derechos en las últimas décadas, haya sindicatos que, en vez de dedicarse a pelear contra los atropellos que está sufriendo la clase trabajadora, pierdan el tiempo, pretendan hacérnoslo
perder a los demás y despilfarren el dinero de sus afiliados (y de las generosas subvenciones que perciben) en iniciativas tan reprobables como esta. El sindicalismo no es un negocio, las siglas sindicales no son una marca comercial y los sindicatos tenemos que estar en los juzgados, como tenemos que estar en la calle, pero para defender los derechos de los trabajadores y no para maniobras como la que nos ocupa.
En todo caso estas sentencias son una buena noticia para el sindicalismo de pelea y una sonora bofetada al sindicalismo amarillo y burocrático.
 
3.- APARECE UN NUEVO CHIRINGUITO CORRUPTO EN LA FINANCIACIÓN DE PATRONAL Y SINDICATOS.-
El TRIBUNAL DE CUENTAS HA HECHO PÚBLICO UN INFORME QUE DESTAPA LA
CORRUPCIÓN DE CCOO Y UGT, MANO A MANO CON LA PATRONAL, EN EL
REPARTO DE FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES. EL TRIBUNAL LES ACUSA DE GESTIONAR LOS FONDOS
EN BENEFICIO PROPIO, CON ABSOLUTA OPACIDAD Y SIN ACREDITAR SU
DESTINO.
El Tribunal de Cuentas ha acusado a la CEOE y a los sindicatos UGT y CCOO de organizar el reparto de las subvenciones en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. El informe de fiscalización llega a acusar a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir fondos. En concreto destaca una de las convocatorias por valor, nada más y nada menos que, de 10,7 millones de euros.
Pero es que además el Tribunal de Cuentas resalta que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que “existe reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO”. “El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales. Aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas y no cumpliendo en sus bases los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la Ley General de Subvenciones”, sostiene el Tribunal. “Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la Fundación”, critica. Al resultar una concesión de subvenciones, y no un procedimiento de auto contratación, el Tribunal sostiene que cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados. Asegura haber comprobado que la valoración de las solicitudes estaba diseñada para que únicamente obtuvieran financiación estas organizaciones, y excluir del reparto a otras, como la USO.
Pero no solo eso. Respecto a los proyectos financiados, el Tribunal pone en duda que ni tan siquiera se hayan ejecutado. El órgano fiscalizador detecta “múltiples incidencias que llevan a cuestionar la dedicación de estos fondos a su finalidad”. Entre ellas, la ausencia en muchos casos de soporte documental que acredite tales trabajos o la financiación por parte de los agentes sociales del gasto de personal sin certificar las acciones realizadas. En otros casos el Tribunal señala que subcontrataron íntegramente la ejecución de las acciones y repercutieron gastos de personal más elevados que los destinados a su ejecución.
Respecto a las visitas a empresas por parte de UGT y CCOO, para supuestamente controlar que
se estuviesen cumpliendo las normas de seguridad en el trabajo, y por las que también percibieron suculentas subvenciones públicas, el Tribunal sostiene que no existe posibilidad de demostrar su realización, al no exigírseles justificación documental, ni tampoco el contenido fue realmente la prevención de riesgos laborales, algo que llega a poner en duda, especialmente en el caso de CCOO, “en el que las visitas se realizan por agentes sindicales sin formación en prevención”, critica. Incluso llega a decir que en algunos casos presentaron copias a color escaneadas de los partes originales, “con la intención de cobrar unas visitas a las que presumiblemente no asistieron”.
Sabido es que la financiación de los sindicatos UGT y CCOO –a diferencia de la Corriente Sindical d’Izquierda- no se basa en las cuotas de la afiliación, que apenas si cubren una pequeña parte de sus descomunales gastos. Gastos destinados principalmente a financiar un enorme aparato de dirigentes y liberados sindicales que han hecho de la representación de los trabajadores un medio de vida. A estas alturas y después de los sucesivos escándalos en la gestión de fondos públicos destinados a formación y ocupación o tras los beneficios que obtienen en forma de comisiones por la gestión de fondos privados de pensiones, a nadie puede extrañar que la acomodada burocracia dirigente de estos sindicatos autodenominados de clase protagonice un nuevo escándalo de corrupción, con el agravante, en este caso, que es a costa de la salud y seguridad de los trabajadores.
 
Hasta 5 delegaos y afiliaos de la Corriente tán nesti intre con expedientes disciplinarios
abiertos nel SEPA ( Serviciu d'Emerxencies del Principáu d'Asturies, Bomberos y 112 )
Va tiempu que la CSI ta denunciando ( dacuando con otros sindicatos, dacuando en
solitario ) la llaceria organizativa na que ta esti serviciu, fundamental pa la seguridá de la sociedá asturiana. Llaceria organizativa que nun ye frutu de la casualidá nin de la torpeza de los directivos - que tamién - sinon qu'obedez a causes polítiques conscientes y buscaes.
Asina, nun quieren investigar les causes y causantes de les quemes forestales, torguen la independencia d'actuación de les BRIPES (Brigaes d'Investigación d'Incendios).
Llaboralmente, regálense hores extraordinaries a amigos y collacios de dalgún sindicatu, blincando penriba de les sentencies xudiciales al respeutive; niéguense a negociar unos horarios de trabayu abusivos y absurdos.
Y pa que callemos quieren semar el mieu. En cuenta de diálogu y negociación, los militantes,
simpatizantes, representantes y tou aquel que discrepa dientro del Serviciu d'Emerxencies
d'Asturies son acosaos, persiguíos, amenazaos y expedientaos demientres miren pa otru llau
énte la llaceria organizativa y el secuestru al que someten a la empresa y al ciudadanu.
Too esto vese agraváu dende la llegada a la xerencia d'Eugenio García Rodríguez: cualesquier
discrepancia llévase al réxime disciplinariu, porque namás tienen l'argumentu de la fuercia y
l'abusu.
Pa demostrar que nun mos dan mieu, que siguiremos glayando al altu la lleva, que siguiremos
reclamando y denunciando lo qu'en xusticia mos correspuende, el pasáu 14 de payares, coincidiendo col debate del estáu d'Asturies na Xunta Xeneral del Principáu ficimos una concentración pa informar d'esta problemática a la sociedá asturiana y facenos oyir polos nuesos representantes políticos.
Finó'l tiempu los caciques. La Corriente Sindical d'Izquierda nun va doblar la rodiella, siguiremos dando la cara y exixiendo un Serviciu d'Emerxencies tresparente y útil p'Asturies, al empar que xusto colos trabayadores.
 

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