MODERNIZACIÓN

 EL GOBIERNO ASTURIANO ANUNCIA LA "MODERNIZACIÓN" DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA



EL ANUNCIO


El pasado 20 de junio el Presidente Barbón anunció la puesta en marcha de una “amplia” reforma de la Administración autonómica con los objetivos de “modernizarla, adaptarla al siglo XXI, reconstruirla y hacerla sostenible”. 


Estos objetivos, genéricos y ambiguos, fueron levemente concretados a preguntas de los medios de comunicación. Así, fueron desveladas sus intenciones de aplicar cambios que afecten a la movilidad del personal, flexibilidad en sus funciones, ver dónde sobra y dónde falta personal… 


NUESTRO ANÁLISIS


Más allá de rechazar la relación entre el COVID-19 y estas reformas (si hay que cambiar la Administración, que se haga sin excusas), recordamos tanto al Presidente como al Vicepresidente varias cuestiones: 


Sí, la organización de la Administración y sus departamentos es competencia del Gobierno, pero la estabilidad en el destino es un derecho del empleado público que sólo se puede ver afectado mediante procedimientos legales pero extraordinarios. Y las funciones de los puestos tampoco se pueden cambiar a capricho, sino que deben conllevar otros procedimientos (cambios de estructuras orgánicas, modificaciones de RPTs, etc.) que respeten derechos y legalidad. 

Nadie se niega a estudiar estructuras, RPTs y Catálogos para ver su dimensión y dónde debe modificarse la plantilla. Desde la Corriente podemos desgranar ahora mismo una serie de departamentos, centros y servicios donde sin duda las actuales plantillas son escasas para ofrecer a la sociedad asturiana un servicio público de calidad. En cambio, dudaríamos, y mucho, a la hora de decir dónde sobra personal; más bien nos parece que esta es una boutade para quedar bien ante determinados sectores sociales que siempre verán excesivo cualquier volumen de la Administración Pública, sea el que sea. 


Pero ya que hablamos de una Administración moderna, les podemos recordar una serie de cuestiones que están pendientes hace demasiado tiempo y que, caso de que se decidieran a solucionarlas, contribuirían considerablemente a esa modernización. 


Allá van unos ejemplos. El contar con unas Relaciones de Puestos de Trabajo hechas en función de las necesidades objetivas de la Administración (y por lo tanto de la sociedad asturiana), con los puestos bien encuadrados y estructurados, y con sus funciones bien definidas, estaría bien para empezar. Si el personal contara con una movilidad voluntaria garantizada de forma regular, ya subiríamos la apuesta en cuanto a esa modernidad. Pero es que si los Concursos de Méritos para cubrir los puestos singularizados se convocaran cada uno o dos años con un mecanismo objetivo y transparente que impidiera su continua paralización por sentencias judiciales… la modernización ya sería para tirar voladores. Y bueno, ya si hubiera una promoción interna … no, definitivamente no vamos a seguir soñando. Al fin y al cabo eso son simples derechos de las empleadas públicas que los Gobiernos no pueden vender en unas campañas electorales… 


REESTRUCTURACIÓN DEL GOBIERNO


Y para acometer estos cambios, se vuelve a cambiar el encaje y la dependencia de la D.G. de Función Pública. En poco más de un año ha pasado de estar en la Consejería de Hacienda a una extraña ubicación en la Viceconsejería de Justicia y, ahora, a una aún más extraña junto con Medio Ambiente y Cambio Climático. Muy claro no deben tener en la FSA lo que quieren hacer con la función pública asturiana cuando la anda bailando de un sitio a otro. Es evidente que el actual cambio se realiza por la única razón de ponerla en manos del Vicepresidente Cofiño (¿presidente de facto?), pero eso es a costa de la coherencia de la composición del Gobierno y sus distintos departamentos. 


EL TELETRABAJO, PRIMERA MUESTRA DE INCOHERENCIA


A pesar del tan cacareado “el teletrabajo ha llegado para quedarse”, sólo se seguirá aplicando hasta el 10 de septiembre. Y sólo afectará a personal con hijos menores o dependientes a su cargo. Ni siquiera se tiene en cuenta al personal que demuestre formar parte de los colectivos de riesgo; enfermedades como hipertensión o diabetes no han sido tenidas en cuenta por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a pesar de los Decretos e Instrucciones que sí los reconocen. 


Al final, han dejado de tenerse en cuenta los motivos sanitarios para quedarse en un simple “premio de conciliación” para con el personal que durante el confinamiento hubo de ocuparse de menores y/o dependientes a su cargo. No se cansan de decir que el virus sigue entre nosotros y nos alertan del peligro de futuros rebrotes de la pandemia, pero en la práctica desprecian uno de los mecanismos más efectivos que puede aplicarse contra el contagio. 


¿Modernización? Los Servicios ya están organizados en torno al teletrabajo, compatibilizándolo con el trabajo presencial. ¿Por qué, entonces, no prorrogan este sistema hasta septiembre y mientras tanto se negocian sus condiciones definitivas? El sistema funciona, ya está más que probado durante estos meses. Si hablamos de modernizar la Administración y adaptarla al siglo XXI ¿no es acaso este uno de los más claros pilares, junto con el expediente electrónico, por ejemplo? ¿O de qué hablamos entonces? 


PROPUESTAS


Habría mil ejemplos de medidas que podría abordar el Gobierno asturiano para modernizar la Administración y su funcionamiento, además de ajustar su costo económico. Recientemente poníamos sobre la mesa varias sugerencias, aquí van otras: 

  • Reducir sustancialmente el ingente número de asesores y puestos directivos políticos en las Consejerías, Organismos y Entes Públicos, destinando ese ahorro a reforzar plantillas en sanidad y residencias de mayores. 
  • Auditar los “chiringuitos” (Entes, Fundaciones, Corporaciones, Empresas Públicas...), es decir, la Administración Pública paralela y sin control. 
  • Auditar la necesidad de cada uno de los servicios públicos externalizados y sus costes. 
  • Qué menos que pedir que el Gobierno dé ejemplo y cumpla la Ley, convocando Concursos de Puestos con periodicidad anual (art. 52 Ley 3/85 de Función Pública) y saque a oferta de empleo todas las plazas vacantes dentro del primer trimestre de cada año natural y las convocatorias estén concluidas antes del 1 de octubre de cada año (art. 41 y 42 de la Ley de Función Pública). 
  • Por último, reducir la enorme brecha salarial existente entre los altos cargos y el común de los empleados públicos, para empezar a sentar las bases de una Función Pública más justa y menos clasista. 

Comentarios