Dentro de la política de privatizaciones de servicios por la que el Gobierno del Principado de Asturias viene apostando en los últimos tiempos, cobra una especial relevancia la situación que se da con los servicios informáticos.
La Administración del Principado de Asturias como tal, pese a contar con una Dirección General de Informática dependiente de la Consejería de Economía y Administración Pública, en la actualidad prácticamente no tiene ninguna competencia real ni en la programación, ni en la administración, ni en la gestión de sus servicios informáticos, con las consecuencias que ello acarrea, tanto desde el punto de vista de la gestión pública de unos servicios en los que se incluye un caudal de información enorme y en muchas ocasiones de carácter personal, como desde el punto de vista económico por la dependencia millonaria que se adquiere de las empresas privadas a las que se externalizan los servicios, bien con los pagos de patentes, contratos de elaboración de proyectos, contratos de mantenimiento, de gestión, etc.
UNA PLANTILLA CUALIFICADA Y DESMOTIVADA.-
En los últimos años, la actuación de la Dirección General de Informática ha ido encaminada claramente hacia un progresivo desmantelamiento; se ha creado una estructura virtual, sin cometidos específicos que realizar, puesto que éstos están gestionados por empresas externas a la propia Administración.
Componen la plantilla de esta Dirección General de Informática, un total de 82 empleados públicos, 26 funcionarios y 56 laborales; la mayoría de este personal son técnicos, todos ellos titulados (ingenieros e ingenieros técnicos y técnicos superiores) en cada uno de los niveles correspondientes, que accedieron a la Administración mediante los correspondientes procesos selectivos.
Estos profesionales, son los que han desarrollado las 315 aplicaciones informáticas reconocidas por la Dirección General de Informática en los pliegos del concurso público para la adjudicación del actual CGSI (Centro de Gestión de Servicios Informáticos) en noviembre de 2004, así como la construcción de toda la arquitectura de ordenadores, servidores y redes de comunicaciones.
Durante etapas anteriores, las asistencias externas se limitaban a contrataciones puntuales para el desarrollo de proyectos y siempre bajo la dirección de un técnico del Principado de Asturias. Actualmente figuran algunos técnicos como responsables de proyectos, pero sin ningún respaldo ni conocimiento de la evolución del proyecto, ya que su participación es sobre el papel, no en la práctica.
Así, nos encontramos con Jefes de Proyectos sin proyectos que dirigir; Jefes que sí tenían a su cargo algún Proyecto, que se les ha ido apartando para integrarlos en otros nuevos dependientes de otras Direcciones Generales; por el contrario, se crean diferentes estructuras como la Oficina de Proyectos, que sobre el papel parece una estructura adecuada para el control y seguimiento de los múltiples proyectos que se realizan, y sin embargo, cuatro años después se desconoce la existencia de algún proyecto gestionado con los mínimos criterios de calidad por esa oficina de proyectos. En 2003, cuando llegó la nueva dirección, sí existían esos criterios de calidad, con una metodología de gestión de proyectos desarrollada por técnicos de la Administración del Principado de Asturias en colaboración con la Universidad, con un coste prácticamente nulo, que se había empezado a implantar en diversos proyectos. Esos técnicos de la Administración, expertos, fueron sustituidos por un numeroso grupo de trabajadores de empresas privadas, fundamentalmente de Telefónica, pero también de otras empresas privadas que aparecen y desaparecen sin que vea ningún resultado.
Estos mismos trabajadores, técnicos de la Administración, son los que mantenían todos los sistemas funcionando, incluso quedándose fines de semana a trabajar para dar soporte a los usuarios, en muchas ocasiones, sin recibir prestación económica alguna.
Ninguno de estos trabajadores ha puesto la más mínima objeción a las órdenes de trabajo de la Dirección General de Informática, limitándose a advertir de la situación que se iba a producir, dependencia absoluta de empresas externas y disminución de la calidad en los productos finales que se ofertan a los usuarios, pese a su elevado coste.
UNOS CONTRATOS MILLONARIOS.-
A modo de ejemplo, detallamos tres de los contratos más sustanciosos que hay en este momento con empresas privadas en el terreno de los productos informáticos en esta Administración:
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.- Se ha adjudicado a la CGSI, Centro de Gestión de Servicios Informáticos, cuyo contrato actual para 4 años supone un gasto de 32.200.000 €, a lo que ha conducido en la práctica es a la instauración de una administración paralela con una estructura dentro de la estructura. Los empleados de la CGSI, que trabajan en los locales de la Administración, usando los medios de la Administración, son los encargados de la recepción y resolución de los problemas que presentan los usuarios, en este caso los empleados públicos, son ellos por tanto, los que cuentan con la información directa de la problemática y de la solución a dar a los problemas, solución que, por otra parte, ellos definen y priorizan, manteniendo absolutamente al margen al personal de la Dirección General de Informática.
COMUNICACIONES.- La concesión a varias empresas del contrato de comunicaciones, ha supuesto un monto total de 47.000.000 €, en un contrato que se reparte en distintos lotes con Telefónica gestionando la red de comunicaciones y Orange el apartado de telefonía móvil.
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.- Los contratos con la multinacional SAP, propietaria de las licencias bajo las que opera la aplicación informática contable con la que trabaja la Administración Asturiana, ASTURCON XXI, han supuesto hasta el momento una inversión de casi 10.000.000 € desde el año 2003.
Últimamente se ha decidido que también se va a implantar una nueva aplicación de esta misma empresa para gestionar los Recursos Humanos; el proyecto salió a concurso por un importe de 9.000.000 €, y para ello se debe sustituir la aplicación que ahora está operativa, GEPER, aplicación de Gestión de Personal en la que se llevaba trabajando con técnicos de la Administración desde el año 1996, que no entró en vigor plenamente hasta los años 2003-2004 y en la que se invirtieron desde entonces unos 6.000.000 €. Este dinero, se ha tirado a la basura, para una aplicación informática que cuando empieza a funcionar, se desecha por los responsables de la Administración para “integrar la gestión de Recursos Humanos en el entorno SAP”.
Por seguir con la empresa SAP, una vez que se hayan pagado todas las cantidades de los contratos para la instauración de las aplicaciones informáticas, la Administración va a tener que continuar con un mantenimiento de por vida que consiste en el pago de más de 500 licencias, cada una de ellas con unos precios muy elevados.
Para hacerse una idea de la magnitud de este tema, basta decir que durante el período comprendido entre los años 2004-2007, la inversión de la Administración del Principado de Asturias solamente en Proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información, todos ellos encargados a y gestionados por empresas privadas, ha ascendido a un total de 65.701.269 €. El importe destinado a inversiones en este año, se ha incrementado 2,5 veces, mientras que los productos obtenidos se han reducido más de una quinta parte respecto a los obtenidos en el período anterior (2000-2003). De ellos, además no parece, y es opinión generalizada entre los técnicos informáticos de la Administración, que haya ninguno que tenga probadas garantías de estabilidad y solidez, dentro de un marco funcional complejo.
Por el contrario, y pese a que en el período 2004-2007 las inversiones se han incrementado en un 250%, el precio hora/trabajador que el Principado de Asturias paga a las empresas privadas con las que mantiene estos contratos, se ha reducido al 70% con respecto al año 2002 (33 euros/hora de programador en 2002, 22 euros/hora en 2007), lo que repercute sin duda en la calidad del producto, ya que los trabajadores de estas empresas que reciben esos bajos salarios, en la mayor parte de los casos no tienen una formación técnica superior, ni por asomo equiparable a la del personal de la Dirección General de Informática, ya que de contratar a personal con esta cualificación, sus salarios deberían ser más altos y estas empresas reducen costes, fundamentalmente, en gastos de personal.
UNA DEPENDENCIA ABSOLUTA DE LAS PATENTES DE LAS MULTINACIONALES.-
Centrándonos en el capítulo de Licencias, en el mismo período 2004-2007, el Principado de Asturias ha invertido hasta el momento 8.857.610 €, de ellos, 2.400.000 €, este mismo año. En este capítulo de licencias, el dinero destinado ha aumentado un 258% con respecto a los abonos por licencias en el período anterior. Esto supone el pago a un software propietario (Microsoft, SAP, etc.), lo que implica una dependencia permanente de la Administración respecto a las multinacionales propietarias de los derechos, lo que convierte al Principado de Asturias en cautiva de estas empresas, que en todo momento marcan el ritmo de actualizaciones, nuevas compras y por supuesto el precio que tiene el producto, sin dejar otras opciones a la Administración, que necesariamente debe acatar el dictado de las empresas para poder seguir desarrollando las aplicaciones a las que está enganchada.
Esta política va en la dirección totalmente opuesta a cualquier iniciativa de implantación de Software Libre. El MAP (Ministerio de Administraciones Públicas), por ejemplo, está en la actualidad implantando ordenadamente políticas de software libre. Aquí sin embargo, el software libre se reduce a la publicidad de la celebración de congresos y el coste que supone al Principado de Asturias cada unidad de producto informático que se ha producido durante los últimos 4 años, se ha multiplicado por 20, no siendo los productos obtenidos ni consistentes ni tan siquiera están finalizados en su mayor parte.
NUESTRA ALTERNATIVA: CONTROL PÚBLICO Y SOFTWARE LIBRE.-
Puesta en valor de los recursos humanos.- La Administración Asturiana cuenta con una plantilla de profesionales cualificada, con experiencia y formación suficiente para pilotar la supervisión de todas las aplicaciones informáticas que a día de hoy maneja la Administración y que están en manos de empresas privadas. Está preparada para poder desarrollar aquellas otras aplicaciones o proyectos que puedan ser necesarios en un futuro inmediato, con los apoyos externos que tengan que necesitarse, pero siendo protagonistas en la planificación, programación, desarrollo y gestión, no unos meros comparsas que asisten a las tomas de decisiones de otros. Este es nuestra primera propuesta: Que todos los proyectos sean dirigidos, tanto en su diseño, como en el desarrollo y la gestión, por personal de la Administración del Principado de Asturias.
Control público de los productos informáticos.- Los productos informáticos con los que trabaja la Administración Asturiana, deben tener un control público. Son los productos informáticos los que deben adaptarse a las necesidades de los usuarios y por tanto, de la Administración. Ahora ocurre exactamente lo contrario: la Administración, debe adaptar sus procedimientos a las exigencias de las empresas privadas, que son las que plantan su producto y obligan a adaptarse a la Administración. En tanto en cuanto haya que mantener contratos con empresas privadas, la Administración debe hacer valer su posición como cliente y retomar el control y la dirección en la implantación de las aplicaciones informáticas en su ámbito, es nuestra segunda propuesta.
Política de implantación de Software Libre.- Cuando en el MAP (Ministerio de Administraciones Públicas) se están implantando ordenadamente políticas de software libre, cuando en Comunidades Autónomas como la Junta de Extremadura está implantado el software libre con LINUX, otras como Castilla La Mancha crean el Centro de Excelencia de Software Libre (CESLCAM) para dinamizar y difundir el software libre en su comunidad, cuando lo mismo ocurre en muchos Ayuntamientos, algunos de gran relevancia, como el de Zaragoza, en Asturias se sigue exactamente la política contraria, cada vez una mayor dependencia de las empresas privadas, compañías multinacionales todas ellas, que provoca una Administración cautiva de sus productos, de sus licencias, desarrollos, actualizaciones, mantenimientos, etc.
En estos momentos, tenemos la ventaja del impulso que la Comisión Europea está aportando mediante los proyectos de Open Document Format y Open Source, en cuyos comités España está representada y Asturias lo estuvo durante dos años sin sacarle ningún provecho, para intentar aprovechar esas experiencias e ir poco a poco impulsando la implantación de una política ordenada de software libre en la Administración Asturiana. Y esta es nuestra tercera propuesta: la Administración debe empezar a dar ya pasos que en un horizonte temporal planificado, revierta la propiedad de los productos informáticos a ella misma, profundizando en las políticas de implantación de software libre en todo el ámbito de la Administración.
Para ello, debe darse un compromiso de los responsables políticos y también los públicos de la propia estructura administrativa que haga posible definir cómo llevar a cabo este cambio, que supone una nueva visión política y social en la implantación y aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos; para ello, deben darse los siguientes pasos:
1) Diseñar los planes de formación y selección de personal que encajen con estas nuevas directrices.
2) Impulsar la colaboración controlada con las empresas externas, que permita aprovechar los conocimiento, capacidad y experiencia de las empresas y profesionales externos para crear conocimiento en Asturias, al mismo tiempo que se construye la nueva infraestructura tecnológica pública.
3) Impulsar la cooperación con el resto de Administraciones Públicas, cooperación tanto técnica como funcional, que avance hacia la consecución real de la “ventanilla única”.
4) Rentabilización de las inversiones, asumiendo los planes de colaboración entre Comunidades Autónomas y Administración Central, que permitan disponer de una base de datos con los servicios y tecnologías disponibles en cada Administración , de manera que se pudieran aprovechar en todo lo que fuera posible. Esta línea de acción no solamente es rentable económicamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la gestión, en cuanto se aprovechan unas experiencias y conocimientos de los gestores de otras entidades públicas para facilitar nuestro propio desarrollo.
5) Recuperación del personal técnico, ya se expuso en otra parte de este informe la situación y como decimos en nuestra primera propuesta, la puesta en valor del personal cualificado con el cuenta esta Administración, tiene una importancia crucial para poder desarrollar estos retos.
6) Creación de un servicio público informático innovador, estableciendo un modelo de colaboración con la participación de todo el personal, dando impulso a una verdadera modernización, proporcione servicios reales donde la tecnología no sean un fin en sí mismo, sino un medio para que los agentes implicados, participen en la utilización de la información como un bien al servicio de los ciudadanos.
La Administración del Principado de Asturias como tal, pese a contar con una Dirección General de Informática dependiente de la Consejería de Economía y Administración Pública, en la actualidad prácticamente no tiene ninguna competencia real ni en la programación, ni en la administración, ni en la gestión de sus servicios informáticos, con las consecuencias que ello acarrea, tanto desde el punto de vista de la gestión pública de unos servicios en los que se incluye un caudal de información enorme y en muchas ocasiones de carácter personal, como desde el punto de vista económico por la dependencia millonaria que se adquiere de las empresas privadas a las que se externalizan los servicios, bien con los pagos de patentes, contratos de elaboración de proyectos, contratos de mantenimiento, de gestión, etc.
UNA PLANTILLA CUALIFICADA Y DESMOTIVADA.-
En los últimos años, la actuación de la Dirección General de Informática ha ido encaminada claramente hacia un progresivo desmantelamiento; se ha creado una estructura virtual, sin cometidos específicos que realizar, puesto que éstos están gestionados por empresas externas a la propia Administración.
Componen la plantilla de esta Dirección General de Informática, un total de 82 empleados públicos, 26 funcionarios y 56 laborales; la mayoría de este personal son técnicos, todos ellos titulados (ingenieros e ingenieros técnicos y técnicos superiores) en cada uno de los niveles correspondientes, que accedieron a la Administración mediante los correspondientes procesos selectivos.
Estos profesionales, son los que han desarrollado las 315 aplicaciones informáticas reconocidas por la Dirección General de Informática en los pliegos del concurso público para la adjudicación del actual CGSI (Centro de Gestión de Servicios Informáticos) en noviembre de 2004, así como la construcción de toda la arquitectura de ordenadores, servidores y redes de comunicaciones.
Durante etapas anteriores, las asistencias externas se limitaban a contrataciones puntuales para el desarrollo de proyectos y siempre bajo la dirección de un técnico del Principado de Asturias. Actualmente figuran algunos técnicos como responsables de proyectos, pero sin ningún respaldo ni conocimiento de la evolución del proyecto, ya que su participación es sobre el papel, no en la práctica.
Así, nos encontramos con Jefes de Proyectos sin proyectos que dirigir; Jefes que sí tenían a su cargo algún Proyecto, que se les ha ido apartando para integrarlos en otros nuevos dependientes de otras Direcciones Generales; por el contrario, se crean diferentes estructuras como la Oficina de Proyectos, que sobre el papel parece una estructura adecuada para el control y seguimiento de los múltiples proyectos que se realizan, y sin embargo, cuatro años después se desconoce la existencia de algún proyecto gestionado con los mínimos criterios de calidad por esa oficina de proyectos. En 2003, cuando llegó la nueva dirección, sí existían esos criterios de calidad, con una metodología de gestión de proyectos desarrollada por técnicos de la Administración del Principado de Asturias en colaboración con la Universidad, con un coste prácticamente nulo, que se había empezado a implantar en diversos proyectos. Esos técnicos de la Administración, expertos, fueron sustituidos por un numeroso grupo de trabajadores de empresas privadas, fundamentalmente de Telefónica, pero también de otras empresas privadas que aparecen y desaparecen sin que vea ningún resultado.
Estos mismos trabajadores, técnicos de la Administración, son los que mantenían todos los sistemas funcionando, incluso quedándose fines de semana a trabajar para dar soporte a los usuarios, en muchas ocasiones, sin recibir prestación económica alguna.
Ninguno de estos trabajadores ha puesto la más mínima objeción a las órdenes de trabajo de la Dirección General de Informática, limitándose a advertir de la situación que se iba a producir, dependencia absoluta de empresas externas y disminución de la calidad en los productos finales que se ofertan a los usuarios, pese a su elevado coste.
UNOS CONTRATOS MILLONARIOS.-
A modo de ejemplo, detallamos tres de los contratos más sustanciosos que hay en este momento con empresas privadas en el terreno de los productos informáticos en esta Administración:
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.- Se ha adjudicado a la CGSI, Centro de Gestión de Servicios Informáticos, cuyo contrato actual para 4 años supone un gasto de 32.200.000 €, a lo que ha conducido en la práctica es a la instauración de una administración paralela con una estructura dentro de la estructura. Los empleados de la CGSI, que trabajan en los locales de la Administración, usando los medios de la Administración, son los encargados de la recepción y resolución de los problemas que presentan los usuarios, en este caso los empleados públicos, son ellos por tanto, los que cuentan con la información directa de la problemática y de la solución a dar a los problemas, solución que, por otra parte, ellos definen y priorizan, manteniendo absolutamente al margen al personal de la Dirección General de Informática.
COMUNICACIONES.- La concesión a varias empresas del contrato de comunicaciones, ha supuesto un monto total de 47.000.000 €, en un contrato que se reparte en distintos lotes con Telefónica gestionando la red de comunicaciones y Orange el apartado de telefonía móvil.
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.- Los contratos con la multinacional SAP, propietaria de las licencias bajo las que opera la aplicación informática contable con la que trabaja la Administración Asturiana, ASTURCON XXI, han supuesto hasta el momento una inversión de casi 10.000.000 € desde el año 2003.
Últimamente se ha decidido que también se va a implantar una nueva aplicación de esta misma empresa para gestionar los Recursos Humanos; el proyecto salió a concurso por un importe de 9.000.000 €, y para ello se debe sustituir la aplicación que ahora está operativa, GEPER, aplicación de Gestión de Personal en la que se llevaba trabajando con técnicos de la Administración desde el año 1996, que no entró en vigor plenamente hasta los años 2003-2004 y en la que se invirtieron desde entonces unos 6.000.000 €. Este dinero, se ha tirado a la basura, para una aplicación informática que cuando empieza a funcionar, se desecha por los responsables de la Administración para “integrar la gestión de Recursos Humanos en el entorno SAP”.
Por seguir con la empresa SAP, una vez que se hayan pagado todas las cantidades de los contratos para la instauración de las aplicaciones informáticas, la Administración va a tener que continuar con un mantenimiento de por vida que consiste en el pago de más de 500 licencias, cada una de ellas con unos precios muy elevados.
Para hacerse una idea de la magnitud de este tema, basta decir que durante el período comprendido entre los años 2004-2007, la inversión de la Administración del Principado de Asturias solamente en Proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información, todos ellos encargados a y gestionados por empresas privadas, ha ascendido a un total de 65.701.269 €. El importe destinado a inversiones en este año, se ha incrementado 2,5 veces, mientras que los productos obtenidos se han reducido más de una quinta parte respecto a los obtenidos en el período anterior (2000-2003). De ellos, además no parece, y es opinión generalizada entre los técnicos informáticos de la Administración, que haya ninguno que tenga probadas garantías de estabilidad y solidez, dentro de un marco funcional complejo.
Por el contrario, y pese a que en el período 2004-2007 las inversiones se han incrementado en un 250%, el precio hora/trabajador que el Principado de Asturias paga a las empresas privadas con las que mantiene estos contratos, se ha reducido al 70% con respecto al año 2002 (33 euros/hora de programador en 2002, 22 euros/hora en 2007), lo que repercute sin duda en la calidad del producto, ya que los trabajadores de estas empresas que reciben esos bajos salarios, en la mayor parte de los casos no tienen una formación técnica superior, ni por asomo equiparable a la del personal de la Dirección General de Informática, ya que de contratar a personal con esta cualificación, sus salarios deberían ser más altos y estas empresas reducen costes, fundamentalmente, en gastos de personal.
UNA DEPENDENCIA ABSOLUTA DE LAS PATENTES DE LAS MULTINACIONALES.-
Centrándonos en el capítulo de Licencias, en el mismo período 2004-2007, el Principado de Asturias ha invertido hasta el momento 8.857.610 €, de ellos, 2.400.000 €, este mismo año. En este capítulo de licencias, el dinero destinado ha aumentado un 258% con respecto a los abonos por licencias en el período anterior. Esto supone el pago a un software propietario (Microsoft, SAP, etc.), lo que implica una dependencia permanente de la Administración respecto a las multinacionales propietarias de los derechos, lo que convierte al Principado de Asturias en cautiva de estas empresas, que en todo momento marcan el ritmo de actualizaciones, nuevas compras y por supuesto el precio que tiene el producto, sin dejar otras opciones a la Administración, que necesariamente debe acatar el dictado de las empresas para poder seguir desarrollando las aplicaciones a las que está enganchada.
Esta política va en la dirección totalmente opuesta a cualquier iniciativa de implantación de Software Libre. El MAP (Ministerio de Administraciones Públicas), por ejemplo, está en la actualidad implantando ordenadamente políticas de software libre. Aquí sin embargo, el software libre se reduce a la publicidad de la celebración de congresos y el coste que supone al Principado de Asturias cada unidad de producto informático que se ha producido durante los últimos 4 años, se ha multiplicado por 20, no siendo los productos obtenidos ni consistentes ni tan siquiera están finalizados en su mayor parte.
NUESTRA ALTERNATIVA: CONTROL PÚBLICO Y SOFTWARE LIBRE.-
Puesta en valor de los recursos humanos.- La Administración Asturiana cuenta con una plantilla de profesionales cualificada, con experiencia y formación suficiente para pilotar la supervisión de todas las aplicaciones informáticas que a día de hoy maneja la Administración y que están en manos de empresas privadas. Está preparada para poder desarrollar aquellas otras aplicaciones o proyectos que puedan ser necesarios en un futuro inmediato, con los apoyos externos que tengan que necesitarse, pero siendo protagonistas en la planificación, programación, desarrollo y gestión, no unos meros comparsas que asisten a las tomas de decisiones de otros. Este es nuestra primera propuesta: Que todos los proyectos sean dirigidos, tanto en su diseño, como en el desarrollo y la gestión, por personal de la Administración del Principado de Asturias.
Control público de los productos informáticos.- Los productos informáticos con los que trabaja la Administración Asturiana, deben tener un control público. Son los productos informáticos los que deben adaptarse a las necesidades de los usuarios y por tanto, de la Administración. Ahora ocurre exactamente lo contrario: la Administración, debe adaptar sus procedimientos a las exigencias de las empresas privadas, que son las que plantan su producto y obligan a adaptarse a la Administración. En tanto en cuanto haya que mantener contratos con empresas privadas, la Administración debe hacer valer su posición como cliente y retomar el control y la dirección en la implantación de las aplicaciones informáticas en su ámbito, es nuestra segunda propuesta.
Política de implantación de Software Libre.- Cuando en el MAP (Ministerio de Administraciones Públicas) se están implantando ordenadamente políticas de software libre, cuando en Comunidades Autónomas como la Junta de Extremadura está implantado el software libre con LINUX, otras como Castilla La Mancha crean el Centro de Excelencia de Software Libre (CESLCAM) para dinamizar y difundir el software libre en su comunidad, cuando lo mismo ocurre en muchos Ayuntamientos, algunos de gran relevancia, como el de Zaragoza, en Asturias se sigue exactamente la política contraria, cada vez una mayor dependencia de las empresas privadas, compañías multinacionales todas ellas, que provoca una Administración cautiva de sus productos, de sus licencias, desarrollos, actualizaciones, mantenimientos, etc.
En estos momentos, tenemos la ventaja del impulso que la Comisión Europea está aportando mediante los proyectos de Open Document Format y Open Source, en cuyos comités España está representada y Asturias lo estuvo durante dos años sin sacarle ningún provecho, para intentar aprovechar esas experiencias e ir poco a poco impulsando la implantación de una política ordenada de software libre en la Administración Asturiana. Y esta es nuestra tercera propuesta: la Administración debe empezar a dar ya pasos que en un horizonte temporal planificado, revierta la propiedad de los productos informáticos a ella misma, profundizando en las políticas de implantación de software libre en todo el ámbito de la Administración.
Para ello, debe darse un compromiso de los responsables políticos y también los públicos de la propia estructura administrativa que haga posible definir cómo llevar a cabo este cambio, que supone una nueva visión política y social en la implantación y aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos; para ello, deben darse los siguientes pasos:
1) Diseñar los planes de formación y selección de personal que encajen con estas nuevas directrices.
2) Impulsar la colaboración controlada con las empresas externas, que permita aprovechar los conocimiento, capacidad y experiencia de las empresas y profesionales externos para crear conocimiento en Asturias, al mismo tiempo que se construye la nueva infraestructura tecnológica pública.
3) Impulsar la cooperación con el resto de Administraciones Públicas, cooperación tanto técnica como funcional, que avance hacia la consecución real de la “ventanilla única”.
4) Rentabilización de las inversiones, asumiendo los planes de colaboración entre Comunidades Autónomas y Administración Central, que permitan disponer de una base de datos con los servicios y tecnologías disponibles en cada Administración , de manera que se pudieran aprovechar en todo lo que fuera posible. Esta línea de acción no solamente es rentable económicamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la gestión, en cuanto se aprovechan unas experiencias y conocimientos de los gestores de otras entidades públicas para facilitar nuestro propio desarrollo.
5) Recuperación del personal técnico, ya se expuso en otra parte de este informe la situación y como decimos en nuestra primera propuesta, la puesta en valor del personal cualificado con el cuenta esta Administración, tiene una importancia crucial para poder desarrollar estos retos.
6) Creación de un servicio público informático innovador, estableciendo un modelo de colaboración con la participación de todo el personal, dando impulso a una verdadera modernización, proporcione servicios reales donde la tecnología no sean un fin en sí mismo, sino un medio para que los agentes implicados, participen en la utilización de la información como un bien al servicio de los ciudadanos.
Comentarios