SUMARIU
1.- Editorial: un repaso al 2008 en nuestra Administración.
2.- Programa Informático Radia: nuestro Gran Hermano privado.
3.- Concurso de Negociados: sentencia favorable a la Corriente.
4.- Sentencias concurso-oposición Ente Servicios Tributarios.
5.- Lamentable final de la huelga en la Administración de Justicia.
6.- Prestamismo laboral en la Administración asturiana.
7.- Formación y financiación sindical: sigue el negocio.
8.- Cáncer y contaminación en Asturies.
1.- Editorial: un repaso al 2008 en nuestra Administración.
2.- Programa Informático Radia: nuestro Gran Hermano privado.
3.- Concurso de Negociados: sentencia favorable a la Corriente.
4.- Sentencias concurso-oposición Ente Servicios Tributarios.
5.- Lamentable final de la huelga en la Administración de Justicia.
6.- Prestamismo laboral en la Administración asturiana.
7.- Formación y financiación sindical: sigue el negocio.
8.- Cáncer y contaminación en Asturies.
1.- EDITORIAL. Un repaso al 2008 en nuestra Administración
Retribuciones.- El año 2008 se abrió para los empleados públicos asturianos con una nueva subida salarial del 2%, pactada entre los representantes del Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos mayoritarios CC.OO., UGT y CSIF. Al igual que en los últimos años, y ya van unos cuantos, en 2008 sufriremos una nueva pérdida de poder adquisitivo sin posibilidad ninguna de recuperación. El acuerdo salarial que se pacta, con contrapartidas importantes para esas organizaciones en otras materias como formación, que les suponen suculentos beneficios, ata de pies y manos la posibilidad de que estas mismas organizaciones exijan subidas salariales por encima de esos incrementos en las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, con lo que está asegurada la paz social en las administraciones públicas con aumentos salariales por debajo de la inflación. Y ello en una Administración como la nuestra en que contamos con muchos cientos de compañeros y compañeras que en su salario líquido mensual, no llegan a los mil euros.
Ésta va ser una prioridad permanente de la Corriente Sindical de Izquierdas en la administración asturiana: denunciar, presionar y pelear para conseguir subidas salariales que supongan unos ingresos suficientemente dignos para quiénes menos cobran.
Pero hoy, en las élites negociadoras, la Administración en Asturies apuesta por abrir cada vez más el abanico salarial y primar aún más a quiénes más ganan (el último ejemplo, vergonzoso, son las diferencias de las cantidades para cada grupo en la llamada carrera profesional), todo ello con la connivencia de unos sindicatos mayoritarios absolutamente institucionalizados e integrados en el aparato “negociador” burocrático que tiene montada esta Administración.
El tema salarial, es uno, pero hay muchos más que nos demuestran una realidad incuestionable: en estos momentos, la Administración impone su criterio, negocia lo que le da la gana y si no quiere, no negocia.
Oferta de Empleo.- En abril de 2008, sigue ejecutándose la Oferta de Empleo de hace 2 años, retrasándose las convocatorias de plazas, eternizándose los procesos selectivos, que además están continuamente salpicados de problemas, no hay Oferta de Empleo para 2008 y ante el paripé de protestas de los sindicatos mayoritarios, la Administración les calca en toda la boca que no van a negociar la Oferta de Empleo porque el Estatuto del Empleado Público que ellos mismos firmaron, no les obliga a ello. Y a callar, porque cuando se firma algo, hay que cargar con las consecuencias. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en este aspecto, y también en otros que ya iremos desgranando, ha supuesto un paso atrás en la protección de los derechos de los empleados públicos.
Concursos pendientes.- Tenemos una paralización total de los procesos de concursos de provisión de puestos; el de Negociados, paralizado por sentencia judicial (el último tuvo lugar hace diez años); de un nuevo concurso de Secciones, ni se sabe, el último que se hizo de Guardas Mayores, se intentó paralizar con presiones de Consejerías en mitad del proceso, para modificar las bases y “amañar” las adjudicaciones de puestos.
Legalidad.- En la reunión constitutiva de la Mesa de negociación del Convenio, la Administración dice que no va a negociar las cuestiones fundamentales (salariales, desarrollo profesional, criterios de selección e ingreso, clasificación profesional) porque dependen de la nueva Ley de Función Pública asturiana; para esto sí que tienen en cuenta la falta de Ley y sin embargo, para la carrera profesional, lanzada en una convocatoria en plena campaña electoral para dar cobertura al candidato del PSOE, una zanahoria que la Administración ofreció y que se encargaron de vender los sindicatos mayoritarios, no tuvieron problema en saltarse la legalidad y convocarla sin condiciones, sin ley que la regulara y hasta sin concepto retributivo adecuado.
Negociación y élites sindicales.- La firma del EBEP por CCOO, UGT y CSIF, por otra parte, ha supuesto la consagración en nuestra Administración de la negociación de las cúpulas; se plasma una única mesa de negociación en la Administración Asturiana, de la que forman parte solamente quiénes tienen una representación global determinada en la autonomía, y es en esa Mesa donde se decide todo. Ello supone que por ejemplo, el sindicato mayoritario entre el personal docente, SUATEA, quede excluido de las negociaciones que afectan al profesorado asturiano. Así se monopoliza la representación de los empleados públicos, en un nuevo ataque directo al papel negociador que deben jugar los representantes sindicales directamente elegidos por los empleados públicos, siendo las cúpulas sindicales, los liberados institucionales, a veces eternos, de esas organizaciones (en nuestra Administración hay varias docenas de ellos), quienes protagonizan las negociaciones actualmente y deciden nuestras condiciones de trabajo, salariales y profesionales.
La lacra de las privatizaciones.- Y mientras tanto, siguen las privatizaciones de un cada vez mayor número de sectores (ERA, IES, Asistencias Técnicas, Informática, cada vez más empresas privadas con capital público, …), ahora llamadas “externalizaciones”, que poco a poco, van desinflando el sector público, dirigiendo fondos públicos para empresas privadas que pasan a desarrollar trabajos y cometidos que hasta hace bien poco desarrollaba personal de nuestra Administración, empresas privadas en las que sus trabajadores cuentan en la mayor parte de las ocasiones con contratos y salarios basura.
Nuestro compromiso.- La Corriente Sindical de Izquierdas, sindicato de clase asturiano, que pese a su juventud en esta Administración ya cuenta con una honrosa representación entre el personal funcionario y en varios Comités de Personal Laboral, utilizando los medios personales y materiales con los que contamos, asumimos públicamente nuestro compromiso de denuncia y de lucha permanente ante cualquier ataque a los derechos, de los empleados públicos asturianos, vengan de donde vengan y ante todo intento de privatización de servicios públicos.
Y esa lucha irá desde nuestra representación en la Junta de Personal y en los Comités, desde nuestras Secciones Sindicales, coordinando o protagonizando movilizaciones, intentando unir fuerzas con otros sindicatos o impulsándolas en solitario cuando no quede más remedio, pero también denunciando ante los medios de comunicación o acudiendo a los jueces y tribunales cuando consideramos que se cometen atropellos a los que hay que hacer frente y veamos que no son factibles otras formas de solución.
Y en cuanto a la negociación, reafirmamos que estamos por potenciar la negociación con los representantes directos de los trabajadores y en contra de que sean las cúpulas sindicales quienes nos representen.
Porque creemos en el papel que el sector público debe jugar para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los asturianos y asturianas y porque como empleados públicos, también creemos que otra Administración Asturiana, ye posible.
2.- PROGRAMA “RADIA”
En fechas recientes pasaron por todas las dependencias del Principado trabajadores y trabajadoras del CGSI instalando en nuestros ordenadores un programa nuevo; si se les preguntaba sobre el contenido y la finalidad del mismo, en la mayoría de las ocasiones sólo recibíamos una vaga información sobre que estaba destinado a “optimizar” el rendimiento del equipo. Pues bien, a continuación os contamos la realidad del programa de marras, que efectivamente podría servir para gestionar mejor los recursos informáticos del Principado de Asturias, pero que en la práctica tiene otras posibilidades no tan confesables:
Radia es un programa que lo que hace es analizar los clientes (PCs conectados a la red) para así poderlos gestionar de una forma remota. En resumen, para lo que sirve es para:
- ver las incidencias que ocurren en cada PC.
- descubre la información que tiene cada PC, tanto los dispositivos o componentes hardware (aparatos conectados al PC) como software (programas instalados en el PC).
- investiga la utilización que un PC puede hacer de programas, por ejemplo para poder analizar el uso de que se hace de una aplicación informática, las veces que el usuario accede al programa, etc.
- identifica las aplicaciones que no se usan.
- recoge el tiempo durante el cual se utiliza una aplicación informática.
- etc.
Toda esta información se almacena en una Base de Datos, de forma que se puedan extraer estadísticas, etc.
Desde la Corriente queremos denunciar en primer lugar la falta de información al usuario: según la información que disponemos de una cantidad bastante amplia de compañeras y compañeros, en ningún momento se informó de las auténticas posibilidades del programa. A partir de ahora, sin necesidad de que autoricemos al CGSI (facilitándoles a través del teléfono la clave del IP que está en la “V” de nuestra pantalla) podrán acceder al disco duro y conocer y analizar toda la información en él contenida: datos administrativos, personales, documentos Word, Excel, acces, etc. Igualmente podrán rastrear todas las incursiones en Internet, o en cualquier otro programa utilizado.
Esos datos ¿con qué finalidad se recogen? ¿Solamente para “optimizar” los equipos del Principado?
Es muy preocupante, por otro lado, que este acceso a nuestros ordenadores y a toda esa información (tanto la que está en red como en el disco duro) lo realiza una empresa privada, el CGSI, que podrá gestionar esa información.
Es difícil establecer paralelismos jurídicos en asuntos tan espinosos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que hay incluso sentencias judiciales que protegen la privacidad del correo electrónico, a pesar de que sea una herramienta que la empresa pone a nuestra disposición. No sabemos hasta qué punto se puede equiparar el contenido del disco duro al del correo electrónico, pero creemos que el Principado se está equivocando, y mucho, ahondando en este camino de salvaje privatización de los recursos públicos.
En cualquier caso, ya que nuestra empresa no nos lo advierte, lo hacemos desde la Corriente: debéis saber que a partir de ahora no hay ningún rincón privado ni íntimo en nuestros equipos informáticos. El Gran Hermano se extiende y nos controla. Y es un Gran Hermano privado.
3.- CONCURSO NEGOCIADOS: SENTENCIA FAVORABLE
Ganamos el recurso presentado contra el Concurso de Negociados. Nuevo varapalo judicial (y van…) contra la Administración. Como ya os informamos en su momento, la Corriente había presentado recurso de reposición contra la Resolución por la que se convocaba el tan esperado Concurso de Negociados (BOPA de 31 de octubre de 2006). Aparte de otras consideraciones, el principal motivo de oposición a la convocatoria se centraba en la Base Tercera (Valoración de méritos) que, en su apartado A) 1 (Valoración de méritos específicos) decía genéricamente que “Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos de trabajo (…) serán valorados hasta un máximo de 8 puntos”, sin introducir ninguna escala o desglose de la puntuación, lo que propiciaba la arbitrariedad y conculcación de los principios de mérito y capacidad.
Ante el silencio, una vez más, de la Administración, la Corriente formuló demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo. Pues bien, en fecha reciente dicho Juzgado dicta Sentencia que recoge en su totalidad las pretensiones de este sindicato y ordena a la Administración “proceder a rectificar la convocatoria atendiendo a criterios de previsibilidad y seguridad jurídica”. Y censura que “no se exprese en el baremo bien directamente, o bien expresando unos criterios claros, cómo han de distribuirse los 8 puntos en los casos que exista más de un mérito en el puesto de trabajo sacado al concurso”.
Hemos de manifestar, obviamente, nuestra satisfacción ante esta nueva victoria jurídica con la que (junto con otra sentencia similar ya existente) logramos paralizar una convocatoria vergonzosa que conculcaba los principios de mérito y capacidad.
Pero al mismo tiempo tenemos que lamentar que todos estos asuntos se tengan que dirimir en los tribunales. Hay organizaciones sindicales que critican el uso que otros hacemos de la herramienta judicial en nuestras relaciones con la Administración, pero por nuestra parte les devolvemos esa crítica: es la Administración la que nos empuja a hacer uso de cualquier medio que tengamos en nuestras manos para hacer frente a tantas y tantas actuaciones arbitrarias, injustas y caciquiles. El enemigo no es quien lucha contra esa injusticia, sino el autor de la misma. En la Corriente, desde luego, no vamos a ampararnos en la debilidad sindical en la que han caído los sindicatos mayoritarios que, ante estos desmanes, se encogen de hombros y miran hacia otro lado, cuando no ejercen de descarados comparsas de la Administración.
Ahora esperemos que el nuevo Concurso no se haga esperar otros diez años, y que esta vez sea limpio y transparente, pudiendo presentarse todas y todos aquellos que lo deseen en la confianza de que sus méritos serán valorados en igualdad de condiciones con los de las demás solicitudes.
4.- LOS TRIBUNALES DE XUSTICIA BALTEN EL CONCURSU-OPOSICIÓN CONVOCÁU POL PRINCIPÁU PAL ENTE PÚBLICU DE SERVICIOS TRIBUTARIOS.
Pa situanos, La Sociedá Rexonal de Recaudación yera la empresa que s’encargaba de cobrar los tributos de tolos asturianos (y que se sigue encargando, anque tea enxertada nel Ente Públicu de Servicios Tributarios). Esta empresa funcionaba con una plantilla de personal de so que nun yeren funcionarios públicos. Estos trabayaores fueron contratados nel so momentu ensin nengún tipu de prueba selectiva, tal comu se fai nes Alministraciones Públiques.
Bono. Nun momentu dau, el Principáu decide qu’esta empresa hai que facela pública y alcuerda qu’el personal que trabaya nella tien de convertise’n personal llaboral de l’Alministración Asturiana. Eso sí, convocando una oposición “llegal”.
Polo tanto pónense manes a la obra y a lo llargo de 2007 van sacando una recatafila places a ufierta d’empléu públicu. (ausiliares alministrativos, informáticos, ordenances...) por un total de más de cien.. El sistema d’accesu deciden que va ser el de concursu-oposicion. Pero, claro, un concursu-oposición bien sui géneris
Vamos velo. Nesti concursu deciden que se van dar 9 puntos por añu trabayáu na citada empresa privada, que amás va ser el doble de lo que se dea a cualquier trabayaor temporal o funcionariu interín del Principáu con esperiencia en recaudación y el cuádruple si la esperiencia ye n’otres Alministraciones. Asina pretendíase a les clares favorecer el accesu a les persones que trabayaben na citada empresa privada, pesllando la entrada, casi dafechu, a otra xente cola mesma esperiencia notros muérganos de l’Alministración del Principáu o d’otres Alministraciones.
Ente esta situación, dende la Corriente decidimos dir impugnando les places según diben saliendo nel BOPA. Y agora los Tribunales de Xusticia tan dándonos la razón y ya llevamos ganaes cinco sentencies nos Xulgaos Unu, Cuatro y Cinco: Anúlase la fase de concursu y oblígase a l’Alministración a ellaborar un baremu nuevu y a repetila cola condición de valorar a tol mundu por igual. Dende llueu, l’Alministración tien apelaes les sentencies, pero paeznos que lo van tener difícil porque la xugada ye de tal calibre que va ser complicao que l’apelación seya almitida pola Sala.
Ensin dulda tamos ente una victoria na llucha pola igualdá y la tresparencia nel accesu a la Función Pública y de tala manera la cellebramos, anque la CSI, comu tol mundu sabe, defendíamos y seguimos defendiendo que la forma más xusta y tresparente d’accesu a l’Alministracion ye pol mediu de la oposición. De toes maneres, cara’l futuru, estes sentencies va facer que l’Alministración piense les coses dos vegaes enantes d’aniciar les práctiques que tien por vezu p’arrodiar l’exerciciu de los principios d’igualdá, méritu y capacidá. Y sinon, volveremos a venos nos Tribunales de Xusticia cuantes vegaes faiga falta.
5.- LAMENTABLE FIN DE LA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En una movilización sin precedentes en las administraciones públicas, los compañeros y compañeras de la Administración de Justicia de las CC.AA. en que no está transferida esta competencia, mantuvieron una huelga durante dos meses para conseguir su homologación retributiva con los empleados públicos que ya están integrados en las Comunidades Autónomas.
Durante el periodo de la movilización, hay que destacar la fuerte unidad de los trabajadores y el total desprecio del Gobierno, y en concreto del Ministro de Justicia, que solamente cuando se acercaba la sesión de investidura del Presidente del Gobierno, accedió a bajar a la arena a negociar directamente con los representantes de los trabajadores.
Tras un primer acercamiento, que fue sometido a referéndum de los trabajadores y rechazado por los mismos, el Ministro encontró la solución al problema: prescindir de los representantes de los trabajadores y negociar directamente con las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT, ya que consideraba que el conflicto “estaba estancado”.
Como no podía ser de otra manera, el acuerdo del Ministro con las cúpulas sindicales de estos sindicatos fue inminente, acordando ambos además que en esta ocasión no se supeditaba a la aceptación por los trabajadores en referéndum; algunos representantes sindicales de esas organizaciones presentaron su dimisión, al ser excluidos de una negociación que ellos protagonizaron hasta entonces durante todo el periodo de duración de la huelga. El acuerdo “amañado”, que suponía algún acercamiento más a la justa reivindicación que motivó la movilización, gracias a la presión de los empleados públicos en huelga, de otros sindicatos y de los representantes “marginados” de CC.OO y UGT, fue sometido pese a todo a referéndum entre los trabajadores y fue aprobado.
Con ello se ponía fin a un largo conflicto en el que, para la CSI, hay que destacar el ejemplo de unidad y de fuerza de nuestros compañeros y compañeras de la Administración de Justicia en la lucha por una reivindicación justa. Con unidad, todo es posible.
Y también hay que destacar, como una vez más, al final, los gobernantes en las Administraciones Públicas, prefieren negociar con las cúpulas dirigentes, verdaderos profesionales del sindicalismo, a tener que bregar con los representantes elegidos directamente por los trabajadores.
5.- LA ADMINISTRACIÓN DETERIORA Y DESTRUYE EL EMPLEO PÚBLICO
Cada vez se está extendiendo más en nuestra empresa la utilización de personal ajeno a la misma para realizar trabajos administrativos propios de empleados públicos; no nos referimos a servicios que ya están directamente privatizados, sino a personal perteneciente a empresas públicas o con capital público. La situación tiene su origen en la negativa de la Administración a crear nuevas plazas en departamentos cuyo volumen de trabajo sobrepasa con creces a la plantilla existente en las RPTs; con el paso del tiempo la acumulación de asuntos pendientes llega a tal extremo que la necesidad de una solución se hace incluso agobiante para las compañeras y compañeros que ven cómo el trabajo les desborda sin que la Administración aborde el lógico y necesario aumento de plantilla en el departamento.
Por el contrario, lo que se hace es incorporar al trabajo a personal de la empresa semipública de turno, que ocupa mesa en las dependencias administrativas, utiliza los recursos de la Administración y recibe las órdenes e instrucciones del correspondiente Jefe del Servicio y los funcionarios del mismo.
Ya en 2.006 denunciamos esta situación con la empresa SERPA en la Consejería de Cultura; pues bien, en estos momentos se da esta misma situación en varias dependencias de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, con personal de las empresas Sogepsa y Vipasa.
Ante esta situación, la Corriente se acaba de dirigir a la D. G. de Función Pública exigiendo información acerca de las disposiciones o resoluciones que amparen la prestación de servicios que realizan dichos trabajadores, relación e identificación de los titulares, puestos que ocupan, funciones que realizan y duración que se prevé, partida presupuestaria con cargo a la cual se abonan los salarios de los mismos, etc.
A este respecto cabe recordar una reciente información en prensa acerca de la sentencia ganada por un trabajador en una situación idéntica a la descrita y que prestaba sus servicios en un Ministerio; pues bien, la sentencia estima que se trataba de un caso de prestamismo laboral, expresamente prohibido en el Art.43 del Estatuto de los Trabajadores, y supuso que el trabajador pudo optar entre seguir prestando sus servicios para la empresa pública o bien pasar a ser personal laboral indefinido en la Administración Pública (que es lo que, obviamente, eligió). Esto no hace más que ahondar en la mala fe y en la torpeza de la Administración Pública a la hora de gestionar sus plantillas: mala fe por dejar deteriorarse el empleo público en la idea de que así será más fácil proceder a la privatización de más servicios (es decir, el abc del procedimiento privatizador), y torpeza por hacerlo de forma tan pueril que llega a recibir continuos tirones de orejas en forma de varapalos judiciales por ello.
Desde la Corriente exigimos un inmediato estudio profundo, riguroso y negociado con los legítimos representantes de los trabajadores (nos referimos a los elegidos por ellos) de las plantillas del Principado, evaluando las necesidades reales de cada departamento e identificando los sistemas por los que se pueden corregir las carencias y desigualdades que salgan a la luz (redistribución de efectivos, creación de nuevas plazas, etc.).
6.- 21 MILLONES D’EUROS PALA FORMACIÓN DIZQUE FINANCIACIÓN SINDICAL
Esti añu, el Gobiernu la Nación volvió repartir una arrogante cantidá de perres ente los Sindicatos de la Función Pública pa qu’impartan cursos de formación a los Empleaos Públicos. En concreto repartió 21 millones d’euros. Sí, como suena: ¡3.500 millones de les antigües pesetes!
Los sindicatos agraciaos con esti repartu tan arrogante fueron CSIF y sobre too CCOO y UXT que se lleven casi’l 90 %.
Son perres que salen de la nómina mensual de caún de nosotros nel conceptu de “0,10% pala formación profesional”. O seya, los cursos que s’imparten pagámoslos toos (y a preciu d’oru), pero dempúes ¿quien pue llevalos a cabu?. Depende. El CSIF caltién un pocu más les formes y, nel so momentu, envió un corréu masivu abriendo un plazu pa que se pudieren solicitar los sos cursos. Otru tema será, dempués, a quién-y toquen, porque comu nun hai criterios públicos afitaos, d’ehí pue salir cualquier cosa. UXT y CCOO ya nin los ufierten públicamente, total pa qué.
Pero, con ser grave ésto, lo braeramente llacerioso tovía vien dempués, a la hora negociar cola empresa, porque, nos preste o nun nos preste, estos Sindicatos tan presos de l’Alministración. Nun hai mas que mirar lo que firmaron nel Estatutu Básicu del Empleáu Públicu, o la suba salarial del 2%, o la Carrera Profesional... o lo que yos echen.
¡Non a esta vergoñosa financiación sindical baxo cuerda que nos sal tan cara a tolos empleaos públicos!
¡La formación ha ser pública y impartida pola Alministración, non patrimoniu de los sindicatos!
7.- CÁNCER Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ASTURIAS: UNA VERDAD INCÓMODA
Asturias es, según un estudio recientemente elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Sanidad), una de las comunidades más expuestas a los tumores cancerígenos. Esta mayor incidencia únicamente puede ser atribuible, según los autores del informe, a la contaminación industrial. «El primer Atlas de mortalidad por cáncer en España» cita al Principado, junto con Cádiz, Huelva, Cataluña y País Vasco, como zonas en las que la probabilidad de contraer un cáncer de pulmón, laringe, mama, páncreas o tejido conjuntivo, entre otros, es tres veces mayor que en el centro de la Península.
Ya sabíamos que Asturias tenía el mayor nivel de enfermedades respiratorias de España como consecuencia de la contaminación ambiental, ahora este estudio nos confirma que también de cánceres. El área central de la región es la más afectada, por el contrario en el suroccidente la posibilidad de enfermar es muy inferior. En relación a otros puntos de la península la incidencia del cáncer en Oviedo, Avilés o Gijón es, repetimos, hasta tres veces mayor. El estudio se realizó concejo a concejo, tomando datos de los fallecidos por esta causa en España a lo largo de 10 años. Con esa información de cada uno de los municipios han elaborado una estadística con el riesgo relativo de cada habitante a desarrollar un cáncer.
Retribuciones.- El año 2008 se abrió para los empleados públicos asturianos con una nueva subida salarial del 2%, pactada entre los representantes del Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos mayoritarios CC.OO., UGT y CSIF. Al igual que en los últimos años, y ya van unos cuantos, en 2008 sufriremos una nueva pérdida de poder adquisitivo sin posibilidad ninguna de recuperación. El acuerdo salarial que se pacta, con contrapartidas importantes para esas organizaciones en otras materias como formación, que les suponen suculentos beneficios, ata de pies y manos la posibilidad de que estas mismas organizaciones exijan subidas salariales por encima de esos incrementos en las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, con lo que está asegurada la paz social en las administraciones públicas con aumentos salariales por debajo de la inflación. Y ello en una Administración como la nuestra en que contamos con muchos cientos de compañeros y compañeras que en su salario líquido mensual, no llegan a los mil euros.
Ésta va ser una prioridad permanente de la Corriente Sindical de Izquierdas en la administración asturiana: denunciar, presionar y pelear para conseguir subidas salariales que supongan unos ingresos suficientemente dignos para quiénes menos cobran.
Pero hoy, en las élites negociadoras, la Administración en Asturies apuesta por abrir cada vez más el abanico salarial y primar aún más a quiénes más ganan (el último ejemplo, vergonzoso, son las diferencias de las cantidades para cada grupo en la llamada carrera profesional), todo ello con la connivencia de unos sindicatos mayoritarios absolutamente institucionalizados e integrados en el aparato “negociador” burocrático que tiene montada esta Administración.
El tema salarial, es uno, pero hay muchos más que nos demuestran una realidad incuestionable: en estos momentos, la Administración impone su criterio, negocia lo que le da la gana y si no quiere, no negocia.
Oferta de Empleo.- En abril de 2008, sigue ejecutándose la Oferta de Empleo de hace 2 años, retrasándose las convocatorias de plazas, eternizándose los procesos selectivos, que además están continuamente salpicados de problemas, no hay Oferta de Empleo para 2008 y ante el paripé de protestas de los sindicatos mayoritarios, la Administración les calca en toda la boca que no van a negociar la Oferta de Empleo porque el Estatuto del Empleado Público que ellos mismos firmaron, no les obliga a ello. Y a callar, porque cuando se firma algo, hay que cargar con las consecuencias. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en este aspecto, y también en otros que ya iremos desgranando, ha supuesto un paso atrás en la protección de los derechos de los empleados públicos.
Concursos pendientes.- Tenemos una paralización total de los procesos de concursos de provisión de puestos; el de Negociados, paralizado por sentencia judicial (el último tuvo lugar hace diez años); de un nuevo concurso de Secciones, ni se sabe, el último que se hizo de Guardas Mayores, se intentó paralizar con presiones de Consejerías en mitad del proceso, para modificar las bases y “amañar” las adjudicaciones de puestos.
Legalidad.- En la reunión constitutiva de la Mesa de negociación del Convenio, la Administración dice que no va a negociar las cuestiones fundamentales (salariales, desarrollo profesional, criterios de selección e ingreso, clasificación profesional) porque dependen de la nueva Ley de Función Pública asturiana; para esto sí que tienen en cuenta la falta de Ley y sin embargo, para la carrera profesional, lanzada en una convocatoria en plena campaña electoral para dar cobertura al candidato del PSOE, una zanahoria que la Administración ofreció y que se encargaron de vender los sindicatos mayoritarios, no tuvieron problema en saltarse la legalidad y convocarla sin condiciones, sin ley que la regulara y hasta sin concepto retributivo adecuado.
Negociación y élites sindicales.- La firma del EBEP por CCOO, UGT y CSIF, por otra parte, ha supuesto la consagración en nuestra Administración de la negociación de las cúpulas; se plasma una única mesa de negociación en la Administración Asturiana, de la que forman parte solamente quiénes tienen una representación global determinada en la autonomía, y es en esa Mesa donde se decide todo. Ello supone que por ejemplo, el sindicato mayoritario entre el personal docente, SUATEA, quede excluido de las negociaciones que afectan al profesorado asturiano. Así se monopoliza la representación de los empleados públicos, en un nuevo ataque directo al papel negociador que deben jugar los representantes sindicales directamente elegidos por los empleados públicos, siendo las cúpulas sindicales, los liberados institucionales, a veces eternos, de esas organizaciones (en nuestra Administración hay varias docenas de ellos), quienes protagonizan las negociaciones actualmente y deciden nuestras condiciones de trabajo, salariales y profesionales.
La lacra de las privatizaciones.- Y mientras tanto, siguen las privatizaciones de un cada vez mayor número de sectores (ERA, IES, Asistencias Técnicas, Informática, cada vez más empresas privadas con capital público, …), ahora llamadas “externalizaciones”, que poco a poco, van desinflando el sector público, dirigiendo fondos públicos para empresas privadas que pasan a desarrollar trabajos y cometidos que hasta hace bien poco desarrollaba personal de nuestra Administración, empresas privadas en las que sus trabajadores cuentan en la mayor parte de las ocasiones con contratos y salarios basura.
Nuestro compromiso.- La Corriente Sindical de Izquierdas, sindicato de clase asturiano, que pese a su juventud en esta Administración ya cuenta con una honrosa representación entre el personal funcionario y en varios Comités de Personal Laboral, utilizando los medios personales y materiales con los que contamos, asumimos públicamente nuestro compromiso de denuncia y de lucha permanente ante cualquier ataque a los derechos, de los empleados públicos asturianos, vengan de donde vengan y ante todo intento de privatización de servicios públicos.
Y esa lucha irá desde nuestra representación en la Junta de Personal y en los Comités, desde nuestras Secciones Sindicales, coordinando o protagonizando movilizaciones, intentando unir fuerzas con otros sindicatos o impulsándolas en solitario cuando no quede más remedio, pero también denunciando ante los medios de comunicación o acudiendo a los jueces y tribunales cuando consideramos que se cometen atropellos a los que hay que hacer frente y veamos que no son factibles otras formas de solución.
Y en cuanto a la negociación, reafirmamos que estamos por potenciar la negociación con los representantes directos de los trabajadores y en contra de que sean las cúpulas sindicales quienes nos representen.
Porque creemos en el papel que el sector público debe jugar para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los asturianos y asturianas y porque como empleados públicos, también creemos que otra Administración Asturiana, ye posible.
2.- PROGRAMA “RADIA”
En fechas recientes pasaron por todas las dependencias del Principado trabajadores y trabajadoras del CGSI instalando en nuestros ordenadores un programa nuevo; si se les preguntaba sobre el contenido y la finalidad del mismo, en la mayoría de las ocasiones sólo recibíamos una vaga información sobre que estaba destinado a “optimizar” el rendimiento del equipo. Pues bien, a continuación os contamos la realidad del programa de marras, que efectivamente podría servir para gestionar mejor los recursos informáticos del Principado de Asturias, pero que en la práctica tiene otras posibilidades no tan confesables:
Radia es un programa que lo que hace es analizar los clientes (PCs conectados a la red) para así poderlos gestionar de una forma remota. En resumen, para lo que sirve es para:
- ver las incidencias que ocurren en cada PC.
- descubre la información que tiene cada PC, tanto los dispositivos o componentes hardware (aparatos conectados al PC) como software (programas instalados en el PC).
- investiga la utilización que un PC puede hacer de programas, por ejemplo para poder analizar el uso de que se hace de una aplicación informática, las veces que el usuario accede al programa, etc.
- identifica las aplicaciones que no se usan.
- recoge el tiempo durante el cual se utiliza una aplicación informática.
- etc.
Toda esta información se almacena en una Base de Datos, de forma que se puedan extraer estadísticas, etc.
Desde la Corriente queremos denunciar en primer lugar la falta de información al usuario: según la información que disponemos de una cantidad bastante amplia de compañeras y compañeros, en ningún momento se informó de las auténticas posibilidades del programa. A partir de ahora, sin necesidad de que autoricemos al CGSI (facilitándoles a través del teléfono la clave del IP que está en la “V” de nuestra pantalla) podrán acceder al disco duro y conocer y analizar toda la información en él contenida: datos administrativos, personales, documentos Word, Excel, acces, etc. Igualmente podrán rastrear todas las incursiones en Internet, o en cualquier otro programa utilizado.
Esos datos ¿con qué finalidad se recogen? ¿Solamente para “optimizar” los equipos del Principado?
Es muy preocupante, por otro lado, que este acceso a nuestros ordenadores y a toda esa información (tanto la que está en red como en el disco duro) lo realiza una empresa privada, el CGSI, que podrá gestionar esa información.
Es difícil establecer paralelismos jurídicos en asuntos tan espinosos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que hay incluso sentencias judiciales que protegen la privacidad del correo electrónico, a pesar de que sea una herramienta que la empresa pone a nuestra disposición. No sabemos hasta qué punto se puede equiparar el contenido del disco duro al del correo electrónico, pero creemos que el Principado se está equivocando, y mucho, ahondando en este camino de salvaje privatización de los recursos públicos.
En cualquier caso, ya que nuestra empresa no nos lo advierte, lo hacemos desde la Corriente: debéis saber que a partir de ahora no hay ningún rincón privado ni íntimo en nuestros equipos informáticos. El Gran Hermano se extiende y nos controla. Y es un Gran Hermano privado.
3.- CONCURSO NEGOCIADOS: SENTENCIA FAVORABLE
Ganamos el recurso presentado contra el Concurso de Negociados. Nuevo varapalo judicial (y van…) contra la Administración. Como ya os informamos en su momento, la Corriente había presentado recurso de reposición contra la Resolución por la que se convocaba el tan esperado Concurso de Negociados (BOPA de 31 de octubre de 2006). Aparte de otras consideraciones, el principal motivo de oposición a la convocatoria se centraba en la Base Tercera (Valoración de méritos) que, en su apartado A) 1 (Valoración de méritos específicos) decía genéricamente que “Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos de trabajo (…) serán valorados hasta un máximo de 8 puntos”, sin introducir ninguna escala o desglose de la puntuación, lo que propiciaba la arbitrariedad y conculcación de los principios de mérito y capacidad.
Ante el silencio, una vez más, de la Administración, la Corriente formuló demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo. Pues bien, en fecha reciente dicho Juzgado dicta Sentencia que recoge en su totalidad las pretensiones de este sindicato y ordena a la Administración “proceder a rectificar la convocatoria atendiendo a criterios de previsibilidad y seguridad jurídica”. Y censura que “no se exprese en el baremo bien directamente, o bien expresando unos criterios claros, cómo han de distribuirse los 8 puntos en los casos que exista más de un mérito en el puesto de trabajo sacado al concurso”.
Hemos de manifestar, obviamente, nuestra satisfacción ante esta nueva victoria jurídica con la que (junto con otra sentencia similar ya existente) logramos paralizar una convocatoria vergonzosa que conculcaba los principios de mérito y capacidad.
Pero al mismo tiempo tenemos que lamentar que todos estos asuntos se tengan que dirimir en los tribunales. Hay organizaciones sindicales que critican el uso que otros hacemos de la herramienta judicial en nuestras relaciones con la Administración, pero por nuestra parte les devolvemos esa crítica: es la Administración la que nos empuja a hacer uso de cualquier medio que tengamos en nuestras manos para hacer frente a tantas y tantas actuaciones arbitrarias, injustas y caciquiles. El enemigo no es quien lucha contra esa injusticia, sino el autor de la misma. En la Corriente, desde luego, no vamos a ampararnos en la debilidad sindical en la que han caído los sindicatos mayoritarios que, ante estos desmanes, se encogen de hombros y miran hacia otro lado, cuando no ejercen de descarados comparsas de la Administración.
Ahora esperemos que el nuevo Concurso no se haga esperar otros diez años, y que esta vez sea limpio y transparente, pudiendo presentarse todas y todos aquellos que lo deseen en la confianza de que sus méritos serán valorados en igualdad de condiciones con los de las demás solicitudes.
4.- LOS TRIBUNALES DE XUSTICIA BALTEN EL CONCURSU-OPOSICIÓN CONVOCÁU POL PRINCIPÁU PAL ENTE PÚBLICU DE SERVICIOS TRIBUTARIOS.
Pa situanos, La Sociedá Rexonal de Recaudación yera la empresa que s’encargaba de cobrar los tributos de tolos asturianos (y que se sigue encargando, anque tea enxertada nel Ente Públicu de Servicios Tributarios). Esta empresa funcionaba con una plantilla de personal de so que nun yeren funcionarios públicos. Estos trabayaores fueron contratados nel so momentu ensin nengún tipu de prueba selectiva, tal comu se fai nes Alministraciones Públiques.
Bono. Nun momentu dau, el Principáu decide qu’esta empresa hai que facela pública y alcuerda qu’el personal que trabaya nella tien de convertise’n personal llaboral de l’Alministración Asturiana. Eso sí, convocando una oposición “llegal”.
Polo tanto pónense manes a la obra y a lo llargo de 2007 van sacando una recatafila places a ufierta d’empléu públicu. (ausiliares alministrativos, informáticos, ordenances...) por un total de más de cien.. El sistema d’accesu deciden que va ser el de concursu-oposicion. Pero, claro, un concursu-oposición bien sui géneris
Vamos velo. Nesti concursu deciden que se van dar 9 puntos por añu trabayáu na citada empresa privada, que amás va ser el doble de lo que se dea a cualquier trabayaor temporal o funcionariu interín del Principáu con esperiencia en recaudación y el cuádruple si la esperiencia ye n’otres Alministraciones. Asina pretendíase a les clares favorecer el accesu a les persones que trabayaben na citada empresa privada, pesllando la entrada, casi dafechu, a otra xente cola mesma esperiencia notros muérganos de l’Alministración del Principáu o d’otres Alministraciones.
Ente esta situación, dende la Corriente decidimos dir impugnando les places según diben saliendo nel BOPA. Y agora los Tribunales de Xusticia tan dándonos la razón y ya llevamos ganaes cinco sentencies nos Xulgaos Unu, Cuatro y Cinco: Anúlase la fase de concursu y oblígase a l’Alministración a ellaborar un baremu nuevu y a repetila cola condición de valorar a tol mundu por igual. Dende llueu, l’Alministración tien apelaes les sentencies, pero paeznos que lo van tener difícil porque la xugada ye de tal calibre que va ser complicao que l’apelación seya almitida pola Sala.
Ensin dulda tamos ente una victoria na llucha pola igualdá y la tresparencia nel accesu a la Función Pública y de tala manera la cellebramos, anque la CSI, comu tol mundu sabe, defendíamos y seguimos defendiendo que la forma más xusta y tresparente d’accesu a l’Alministracion ye pol mediu de la oposición. De toes maneres, cara’l futuru, estes sentencies va facer que l’Alministración piense les coses dos vegaes enantes d’aniciar les práctiques que tien por vezu p’arrodiar l’exerciciu de los principios d’igualdá, méritu y capacidá. Y sinon, volveremos a venos nos Tribunales de Xusticia cuantes vegaes faiga falta.
5.- LAMENTABLE FIN DE LA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En una movilización sin precedentes en las administraciones públicas, los compañeros y compañeras de la Administración de Justicia de las CC.AA. en que no está transferida esta competencia, mantuvieron una huelga durante dos meses para conseguir su homologación retributiva con los empleados públicos que ya están integrados en las Comunidades Autónomas.
Durante el periodo de la movilización, hay que destacar la fuerte unidad de los trabajadores y el total desprecio del Gobierno, y en concreto del Ministro de Justicia, que solamente cuando se acercaba la sesión de investidura del Presidente del Gobierno, accedió a bajar a la arena a negociar directamente con los representantes de los trabajadores.
Tras un primer acercamiento, que fue sometido a referéndum de los trabajadores y rechazado por los mismos, el Ministro encontró la solución al problema: prescindir de los representantes de los trabajadores y negociar directamente con las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT, ya que consideraba que el conflicto “estaba estancado”.
Como no podía ser de otra manera, el acuerdo del Ministro con las cúpulas sindicales de estos sindicatos fue inminente, acordando ambos además que en esta ocasión no se supeditaba a la aceptación por los trabajadores en referéndum; algunos representantes sindicales de esas organizaciones presentaron su dimisión, al ser excluidos de una negociación que ellos protagonizaron hasta entonces durante todo el periodo de duración de la huelga. El acuerdo “amañado”, que suponía algún acercamiento más a la justa reivindicación que motivó la movilización, gracias a la presión de los empleados públicos en huelga, de otros sindicatos y de los representantes “marginados” de CC.OO y UGT, fue sometido pese a todo a referéndum entre los trabajadores y fue aprobado.
Con ello se ponía fin a un largo conflicto en el que, para la CSI, hay que destacar el ejemplo de unidad y de fuerza de nuestros compañeros y compañeras de la Administración de Justicia en la lucha por una reivindicación justa. Con unidad, todo es posible.
Y también hay que destacar, como una vez más, al final, los gobernantes en las Administraciones Públicas, prefieren negociar con las cúpulas dirigentes, verdaderos profesionales del sindicalismo, a tener que bregar con los representantes elegidos directamente por los trabajadores.
5.- LA ADMINISTRACIÓN DETERIORA Y DESTRUYE EL EMPLEO PÚBLICO
Cada vez se está extendiendo más en nuestra empresa la utilización de personal ajeno a la misma para realizar trabajos administrativos propios de empleados públicos; no nos referimos a servicios que ya están directamente privatizados, sino a personal perteneciente a empresas públicas o con capital público. La situación tiene su origen en la negativa de la Administración a crear nuevas plazas en departamentos cuyo volumen de trabajo sobrepasa con creces a la plantilla existente en las RPTs; con el paso del tiempo la acumulación de asuntos pendientes llega a tal extremo que la necesidad de una solución se hace incluso agobiante para las compañeras y compañeros que ven cómo el trabajo les desborda sin que la Administración aborde el lógico y necesario aumento de plantilla en el departamento.
Por el contrario, lo que se hace es incorporar al trabajo a personal de la empresa semipública de turno, que ocupa mesa en las dependencias administrativas, utiliza los recursos de la Administración y recibe las órdenes e instrucciones del correspondiente Jefe del Servicio y los funcionarios del mismo.
Ya en 2.006 denunciamos esta situación con la empresa SERPA en la Consejería de Cultura; pues bien, en estos momentos se da esta misma situación en varias dependencias de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, con personal de las empresas Sogepsa y Vipasa.
Ante esta situación, la Corriente se acaba de dirigir a la D. G. de Función Pública exigiendo información acerca de las disposiciones o resoluciones que amparen la prestación de servicios que realizan dichos trabajadores, relación e identificación de los titulares, puestos que ocupan, funciones que realizan y duración que se prevé, partida presupuestaria con cargo a la cual se abonan los salarios de los mismos, etc.
A este respecto cabe recordar una reciente información en prensa acerca de la sentencia ganada por un trabajador en una situación idéntica a la descrita y que prestaba sus servicios en un Ministerio; pues bien, la sentencia estima que se trataba de un caso de prestamismo laboral, expresamente prohibido en el Art.43 del Estatuto de los Trabajadores, y supuso que el trabajador pudo optar entre seguir prestando sus servicios para la empresa pública o bien pasar a ser personal laboral indefinido en la Administración Pública (que es lo que, obviamente, eligió). Esto no hace más que ahondar en la mala fe y en la torpeza de la Administración Pública a la hora de gestionar sus plantillas: mala fe por dejar deteriorarse el empleo público en la idea de que así será más fácil proceder a la privatización de más servicios (es decir, el abc del procedimiento privatizador), y torpeza por hacerlo de forma tan pueril que llega a recibir continuos tirones de orejas en forma de varapalos judiciales por ello.
Desde la Corriente exigimos un inmediato estudio profundo, riguroso y negociado con los legítimos representantes de los trabajadores (nos referimos a los elegidos por ellos) de las plantillas del Principado, evaluando las necesidades reales de cada departamento e identificando los sistemas por los que se pueden corregir las carencias y desigualdades que salgan a la luz (redistribución de efectivos, creación de nuevas plazas, etc.).
6.- 21 MILLONES D’EUROS PALA FORMACIÓN DIZQUE FINANCIACIÓN SINDICAL
Esti añu, el Gobiernu la Nación volvió repartir una arrogante cantidá de perres ente los Sindicatos de la Función Pública pa qu’impartan cursos de formación a los Empleaos Públicos. En concreto repartió 21 millones d’euros. Sí, como suena: ¡3.500 millones de les antigües pesetes!
Los sindicatos agraciaos con esti repartu tan arrogante fueron CSIF y sobre too CCOO y UXT que se lleven casi’l 90 %.
Son perres que salen de la nómina mensual de caún de nosotros nel conceptu de “0,10% pala formación profesional”. O seya, los cursos que s’imparten pagámoslos toos (y a preciu d’oru), pero dempúes ¿quien pue llevalos a cabu?. Depende. El CSIF caltién un pocu más les formes y, nel so momentu, envió un corréu masivu abriendo un plazu pa que se pudieren solicitar los sos cursos. Otru tema será, dempués, a quién-y toquen, porque comu nun hai criterios públicos afitaos, d’ehí pue salir cualquier cosa. UXT y CCOO ya nin los ufierten públicamente, total pa qué.
Pero, con ser grave ésto, lo braeramente llacerioso tovía vien dempués, a la hora negociar cola empresa, porque, nos preste o nun nos preste, estos Sindicatos tan presos de l’Alministración. Nun hai mas que mirar lo que firmaron nel Estatutu Básicu del Empleáu Públicu, o la suba salarial del 2%, o la Carrera Profesional... o lo que yos echen.
¡Non a esta vergoñosa financiación sindical baxo cuerda que nos sal tan cara a tolos empleaos públicos!
¡La formación ha ser pública y impartida pola Alministración, non patrimoniu de los sindicatos!
7.- CÁNCER Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ASTURIAS: UNA VERDAD INCÓMODA
Asturias es, según un estudio recientemente elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Sanidad), una de las comunidades más expuestas a los tumores cancerígenos. Esta mayor incidencia únicamente puede ser atribuible, según los autores del informe, a la contaminación industrial. «El primer Atlas de mortalidad por cáncer en España» cita al Principado, junto con Cádiz, Huelva, Cataluña y País Vasco, como zonas en las que la probabilidad de contraer un cáncer de pulmón, laringe, mama, páncreas o tejido conjuntivo, entre otros, es tres veces mayor que en el centro de la Península.
Ya sabíamos que Asturias tenía el mayor nivel de enfermedades respiratorias de España como consecuencia de la contaminación ambiental, ahora este estudio nos confirma que también de cánceres. El área central de la región es la más afectada, por el contrario en el suroccidente la posibilidad de enfermar es muy inferior. En relación a otros puntos de la península la incidencia del cáncer en Oviedo, Avilés o Gijón es, repetimos, hasta tres veces mayor. El estudio se realizó concejo a concejo, tomando datos de los fallecidos por esta causa en España a lo largo de 10 años. Con esa información de cada uno de los municipios han elaborado una estadística con el riesgo relativo de cada habitante a desarrollar un cáncer.
Esta claro, por mucho discurso que nos hagan los políticos, que los datos que se miden en las ciudades asturianas donde hay estaciones automáticas de medición de calidad del aire, son tozudos: Los niveles de contaminación que se producen en nuestras ciudades son muy altos, superándose casi a diario los límites de protección a la salud. En Asturias el problema se agrava porque los centros de producción industrial están muy próximos a las zonas residenciales, con lo que el efecto dispersante que ofrecen las chimeneas en relación a la carga contaminante que expulsan se ve fuertemente disminuido.
¿QUIEN ES EL CULPABLE?
Está claro que la culpa tiene nombres y apellidos. El primero, el Principado y los Ayuntamientos, que tienen las competencias en vigilancia y control y no las ejercen. Por ejemplo, resulta verdaderamente indignante comprobar como los Servicios de Inspección de Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente apenas cuentan con personal y medios: Solamente hay 1,5 personas que hagan esas mediciones, los cuales además carecen de suficientes medios técnicos y encima antes de realizar una inspección tienen que avisar previamente a la empresa. Para intentar paliar esta situación se solicitó repetidas veces a la Consejería desde diversos sectores sociales y ecologistas el aumento de personal y medios para estos Servicios, y la respuesta siempre es la misma: “Función Pública no da un duro para temas de personal”; pues nosotros decimos, que saquen algún duro de los 3.000 millones de pesetas que costó la estación de esquí de Fuentes de Invierno que no sirve para nada porque no hay nieve o de los 10.000 millones anuales que nos cuesta la TPA que sirve para parecido, y que lo inviertan en vigilar la contaminación y cuidar la salud de los ciudadanos. Pero claro, lo que realmente no interesa es apurar a estas empresas, que hay muchas influencias e intereses políticos y económicos por el medio.
Pero lo peor de todo es que esto no tiene visos de mejorar. En Asturias seguimos produciendo tres veces más energía de la que consumimos, porque a nuestros preclaros gobernantes se les ocurrió que nuestra región tiene que dedicarse a la industria de la energía para exportación. Industria altamente contaminante y que apenas genera empleo. Aunque eso sí, dividendos y beneficios empresariales a destajo.
¿QUIEN ES EL CULPABLE?
Está claro que la culpa tiene nombres y apellidos. El primero, el Principado y los Ayuntamientos, que tienen las competencias en vigilancia y control y no las ejercen. Por ejemplo, resulta verdaderamente indignante comprobar como los Servicios de Inspección de Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente apenas cuentan con personal y medios: Solamente hay 1,5 personas que hagan esas mediciones, los cuales además carecen de suficientes medios técnicos y encima antes de realizar una inspección tienen que avisar previamente a la empresa. Para intentar paliar esta situación se solicitó repetidas veces a la Consejería desde diversos sectores sociales y ecologistas el aumento de personal y medios para estos Servicios, y la respuesta siempre es la misma: “Función Pública no da un duro para temas de personal”; pues nosotros decimos, que saquen algún duro de los 3.000 millones de pesetas que costó la estación de esquí de Fuentes de Invierno que no sirve para nada porque no hay nieve o de los 10.000 millones anuales que nos cuesta la TPA que sirve para parecido, y que lo inviertan en vigilar la contaminación y cuidar la salud de los ciudadanos. Pero claro, lo que realmente no interesa es apurar a estas empresas, que hay muchas influencias e intereses políticos y económicos por el medio.
Pero lo peor de todo es que esto no tiene visos de mejorar. En Asturias seguimos produciendo tres veces más energía de la que consumimos, porque a nuestros preclaros gobernantes se les ocurrió que nuestra región tiene que dedicarse a la industria de la energía para exportación. Industria altamente contaminante y que apenas genera empleo. Aunque eso sí, dividendos y beneficios empresariales a destajo.
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