Últimas novedades en procesos pendientes. Se nos informa que el Concurso de Negociados (en realidad, plazas singularizadas del nivel 19 hacia abajo), se convocará este mes, previsiblemente alrededor del día 27. El 29 de noviembre se resolverá el concurso de traslados, siendo el 1 de diciembre la fecha de tomas de posesión. En cuanto al personal de la promoción de Auxiliar a Administrativo, tomará posesión a finales de noviembre.
Borrador de modificación de las RPTs. La Administración nos presenta el borrador de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario en el que se recogen cambios de dependencia, creaciones de plazas, funcionarizaciones, amortizaciones, y otros cambios siempre a iniciativa de la propia Administración.
Las alegaciones presentadas por la Junta de Personal van en la línea de anteriores RPTs, y que dieron lugar a sucesivos recursos, los últimos de los cuales están pendientes de sentencia; como siempre, la Administración, con su falta de voluntad negociadora e incluso con su insumisión jurídica ante repetidas sentencias, nos obliga a judicializar las relaciones laborales de forma absurda. Por resumir, las alegaciones y peticiones de información más importantes son las siguientes:
Se siguen abriendo cada vez más puestos a otras Administraciones, con un claro tufo a amiguismo y enchufismo, cerrando la posibilidad de ascensos y carrera administrativa a muchos funcionarios del Principado perfectamente cualificados y preparados.
Se siguen creando plazas de Coordinador (la nueva “raza” de funcionarios), en muchas ocasiones simplemente para encontrar acomodo a personas muy concretas para las que no basta con las plazas existentes de Jefaturas de Sección y Servicio. Y por supuesto se siguen creando bajo la libre designación, obviando sentencias del más alto nivel (Tribunal Supremo), lo que nos llevará de nuevo a los tribunales. Penoso…
Se pregunta por la reorganización de la Guardería medioambiental, con ámbitos totalmente descompensados en cuanto a su dotación (ámbitos, por ej., con 11 puestos y otros con sólo 1). Desde Función Pública se nos remite a las razones internas que puedan tener en la Consejería de Medio Ambiente.
Se pregunta por la razón de la reorganización de la Agencia de Consumo, con la amortización de plazas de Agentes Coordinadores de Inspección (nivel 16) y la creación de Coordinadores (nivel 22 C). La respuesta nos remite a un nuevo enfoque de la Consejería en este Servicio en materia de funciones, titulación, etc. Eso sí, se asegura que las nuevas plazas se sacarán a concurso; sólo faltaría…
Se hace llegar la protesta de la Junta de Personal por el traslado de personal desde el IES Cerdeño al nuevo de La Corredoria. Hace ya mucho tiempo que se conoce la necesidad de estas plazas, y en vez de proceder a su creación y provisión mediante los mecanismos existentes al respecto, se sigue alargando este proceso y se recurre a la chapuza del traslado; las estrecheces presupuestarias que ahora se esgrimen no tienen sentido cuando hablamos de un número tan reducido de plazas y de un proceso en el tiempo que dio para una previsión y una organización que denotaran algo más de competencia por parte de los responsables de la Consejería.
Jefaturas de Sección. Se reclama por parte de la Junta de Personal un trato idéntico que el dado a las Jefaturas de Negociado, en cuanto a jugar con los plazos del concurso de puestos base para que el personal interesado en ambos procesos pueda optar a los dos tipos de plazas, en una petición para ambos casos que se repite año tras año desde el órgano de representación. Se argumenta por Función Pública que no se pueden comparar los dos procesos, por cuanto en el caso de los Negociados se dio una coincidencia en el tiempo que hizo posible esa medida; en cambio, al mantener su idea de convocar las Secciones una vez finalizado todo el proceso de los Negociados, por incapacidad de personal y medios para abarcar ambas convocatorias, no hay posibilidad material de intentarlo. Si se convocaran ahora las Secciones no se podría cumplir el plazo de Resolución. Ante nuestra insistencia, no cierran la posibilidad de buscar alguna solución, aunque no se produce ningún compromiso al respecto.
Evidentemente, si todos estos procesos se convocaran con la regularidad conveniente, cada año o como mucho cada dos, no se producirían agravios y problemas de este tipo. Pero si se dejan pasar diez años entre cada convocatoria nos encontramos con un auténtico caos, como éste y como el que nos encontraremos con el efecto cascada que producirá el Concurso de Negociados en cientos de puestos que dependen unos de otros.
Permiso por ingreso de familiar. Son habituales los problemas que tienen muchos empleados públicos por la interpretación de las Consejerías de este permiso, y los días a conceder según la localidad del ingreso; si es en la misma localidad corresponden tres días, y si es en distinta localidad son cinco. ¿Pero de qué localidad estamos hablando? ¿De la referente al puesto de trabajo o a la del domicilio? Hasta ahora se venía interpretando como la localidad distinta a la del puesto de trabajo, pero no siempre se aplica así. Pues bien, aprovechando la indefinición al respecto del EBEP, la normativa que está preparando la Administración del Principado es la más restrictiva para el trabajador: para tener derecho a los cinco días deben darse las dos circunstancias, es decir, que el ingreso del familiar se produzca en localidad distinta tanto del centro de trabajo como del domicilio del empleado público.
El argumento esgrimido es que la anterior interpretación tenía su razón en las antiguas leyes de función pública que obligaban al funcionario a residir en la misma localidad del puesto de trabajo, y que una vez que éste requisito ya está superado, no tiene sentido mantener esa interpretación favorable al trabajador. Sin embargo, una Administración “socialista” (¡qué ironía este nombre aplicado a estos gobernantes!) debería tener en cuenta los trastornos ocasionados al trabajador en ambas situaciones.
También se nos aclara que las instrucciones que muchos conocemos, transmitidas desde Función Pública a las Secretarías Técnicas no son definitivas, son sólo un borrador para que desde éstas se presenten alegaciones o aportaciones; pero también se nos reconoció que ya estaban transmitiendo su sugerencia para que se aplique ya esta interpretación restrictiva.
La desvergüenza de la productividad en altos cargos. Ante la noticia (publicada incluso en prensa) de que algunos altos cargos del Principado (Secretarios Técnicos, Directores Generales…) habían percibido el Complemento de Productividad correspondiente al año pasado, y tras las indagaciones pertinentes, la Junta de Personal transmitió a Función Pública su protesta y repulsa ante una medida vergonzosa e inmoral. Sabemos que algunos de estos altos cargos (no todos, también hay algo de decencia) se quejaban amargamente por no poder cobrar la Carrera Profesional, por lo que acudieron a Función Pública con la pretensión de percibir una compensación por ello. Sin embargo, y para mayor sonrojo, resulta que algunos de estos personajes sí cobraron la Carrera, algo que se puede comprobar por quien desee hacerlo en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado de Asturias (recomendamos, por ej., pararse en varios casos de la letra “I”):
http://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION34/66/20/001U003OR20002.pdf
En él nos encontramos con Consejeros, Secretarios Técnicos, Directores Generales… ¿Es esta la política de austeridad recomendada por el bueno de ZP para los altos cargos? ¿Con qué autoridad moral darán y quitarán estos personajes la futura Carrera Profesional a los curritos de a pie? ¿Hasta dónde llega la voracidad y la desvergüenza de semejantes dirigentes? Y para más “inri”, es indiferente quién gobierne, siempre tienen la habilidad de caer de pie ante un vuelco electoral. ¡Qué pena de Administración!
Cobertura de plazas vacantes por jubilación o ILT. La protesta de la Junta de Personal viene de la proliferación de situaciones en que las vacantes se alargan en el tiempo, haciendo recaer el trabajo en los demás compañeros, y también por la disparidad de criterios no sólo entre Consejerías sino dentro de las mismas. Desde Función Pública se explica la imposibilidad de imponer normas o criterios a cada Secretaría Técnica, siendo éstas las que toman las decisiones al respecto; curiosamente, en muchas ocasiones, son las propias Secretarías Técnicas las que nos remiten a Función Pública como causante de estas situaciones por negarse a tramitar las peticiones de contratación. No queremos entrar en este cruce de balones, pero sí echamos en falta una coherencia de criterios; insistimos, no ya entre unas Consejerías y otras, sino incluso dentro de una misma Consejería.
Aplicación del descuento en el IRPF de los 400 €. Esta controvertida y confusa medida del Gobierno Zapatero está suscitando muchas dudas (independientemente de nuestra opinión crítica al respecto por ir contra el principio de progresividad en los impuestos), ya que se dan casos en los que a pesar de este descuento se paga más a Hacienda cada mes. Se nos explica que esto es así por las instrucciones de la Agencia Tributaria en el sentido de no redondear (no aplicar, por ej., el 14´4 % sino el 14) como hasta ahora y proceder a aplicar el porcentaje que corresponda, con sus decimales correspondientes. En cualquier caso, será una situación que se regularizará en la siguiente declaración.
Botiquines y atención médica en los centros de trabajo. Este tema se traslada, en primer lugar, por la situación que se da en algunos centros de trabajo (en el EASMU, por ej.) de desaprovisionamiento de los botiquines existentes; desde Función Pública se nos confirma que la petición del material debe tramitarse desde cada Secretaría Técnica a Ibermutuamur, que tiene la obligación de atender dicha petición.
Por otra parte, se insiste una vez más en la petición de la existencia de un equipo médico que atienda las urgencias que se puedan dar, al menos en la concentración de Consejerías que existe alrededor de la zona de Llamaquique; se contesta que desde la Administración se consideran suficientemente atendidas estas contingencias desde los servicios de urgencias del SAMUR, por lo que entienden innecesario duplicar dichos servicios.
Gestión directa por parte de la Seguridad Social de los servicios prestados por la Mutua Ibermutuamur. La Junta de Personal plantea esta petición por dos razones: en primer lugar, por una defensa de los servicios públicos que implica la oposición a la desmembración de los servicios prestados por la Administración Pública y su gestión por empresas privadas cuyos fines son evidentemente los del lucro económico, con una deficiente prestación de los mismos y unas garantías cuanto menos dudosas. Y también por las quejas cada vez mayores de empleados públicos ante la deficiente atención recibida, provocada por la falta de medios materiales y personales, y la poca cualificación profesional encontrada. Evidentemente, este no es más que uno de los cientos de casos de privatización que están empobreciendo nuestra Administración en el camino de su reducción al mínimo. Curiosamente, siempre pensamos en la derecha política cuando se habla de privatizaciones (y desde luego, los conocidos casos de comunidades autónomas como la madrileña no dejan lugar a dudas) pero ¿es el PP el que gobierna Asturias?
Desde Función Pública trasladarán la petición a la Consejera de Administraciones Públicas; entendemos que esta decisión transciende las competencias de la D. G. de Función Pública, pero también sabemos perfectamente lo que hará la Sra. Consejera con la petición…
Anómala situación en la brigada de carreteras de la zona de Tineo. En esta zona nos encontramos con que desde hace tres años una plaza de Celador (funcionario) que está cubierta en funciones por un Capataz (laboral). Se nos argumenta que se trata de una situación provisional por necesidades imprevistas, pero esto se cae por su propio peso ante la duración (tres años) de la situación “provisional”. Ante nuestras reiteradas propuestas se nos indica que en breve tiempo se procederá a su solución con arreglo a la legalidad. Una chapuza más de las muchas que pueblan una Administración cada vez más caótica y desorganizada.
Promoción de personal transferido. Se traslada la petición de parte del personal que, habiendo sido transferido desde el Estado, promocionaron (por ej. a Administrativos) una vez en el Principado, en el sentido de que en nuestra Administración se les reconozca dicha promoción. La respuesta de Función Pública es negativa, toda vez que no fue una promoción que estuviera en marcha en el momento de las transferencias, sino posterior.
Aparcamientos para bicicletas. Y para finalizar se nos contesta positivamente a la petición de habilitación de aparcamientos para bicicletas en los alrededores de algunos edificios administrativos, ante el creciente uso de este medio de locomoción por parte de los empleados públicos, y lo conveniente de su fomento tanto para el medio ambiente como para la descongestión del tráfico. Se empezará por el EASMU en breve, y a continuación seguramente se implantará esta medida en el edificio de Hermanos Pidal.
Borrador de modificación de las RPTs. La Administración nos presenta el borrador de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario en el que se recogen cambios de dependencia, creaciones de plazas, funcionarizaciones, amortizaciones, y otros cambios siempre a iniciativa de la propia Administración.
Las alegaciones presentadas por la Junta de Personal van en la línea de anteriores RPTs, y que dieron lugar a sucesivos recursos, los últimos de los cuales están pendientes de sentencia; como siempre, la Administración, con su falta de voluntad negociadora e incluso con su insumisión jurídica ante repetidas sentencias, nos obliga a judicializar las relaciones laborales de forma absurda. Por resumir, las alegaciones y peticiones de información más importantes son las siguientes:
Se siguen abriendo cada vez más puestos a otras Administraciones, con un claro tufo a amiguismo y enchufismo, cerrando la posibilidad de ascensos y carrera administrativa a muchos funcionarios del Principado perfectamente cualificados y preparados.
Se siguen creando plazas de Coordinador (la nueva “raza” de funcionarios), en muchas ocasiones simplemente para encontrar acomodo a personas muy concretas para las que no basta con las plazas existentes de Jefaturas de Sección y Servicio. Y por supuesto se siguen creando bajo la libre designación, obviando sentencias del más alto nivel (Tribunal Supremo), lo que nos llevará de nuevo a los tribunales. Penoso…
Se pregunta por la reorganización de la Guardería medioambiental, con ámbitos totalmente descompensados en cuanto a su dotación (ámbitos, por ej., con 11 puestos y otros con sólo 1). Desde Función Pública se nos remite a las razones internas que puedan tener en la Consejería de Medio Ambiente.
Se pregunta por la razón de la reorganización de la Agencia de Consumo, con la amortización de plazas de Agentes Coordinadores de Inspección (nivel 16) y la creación de Coordinadores (nivel 22 C). La respuesta nos remite a un nuevo enfoque de la Consejería en este Servicio en materia de funciones, titulación, etc. Eso sí, se asegura que las nuevas plazas se sacarán a concurso; sólo faltaría…
Se hace llegar la protesta de la Junta de Personal por el traslado de personal desde el IES Cerdeño al nuevo de La Corredoria. Hace ya mucho tiempo que se conoce la necesidad de estas plazas, y en vez de proceder a su creación y provisión mediante los mecanismos existentes al respecto, se sigue alargando este proceso y se recurre a la chapuza del traslado; las estrecheces presupuestarias que ahora se esgrimen no tienen sentido cuando hablamos de un número tan reducido de plazas y de un proceso en el tiempo que dio para una previsión y una organización que denotaran algo más de competencia por parte de los responsables de la Consejería.
Jefaturas de Sección. Se reclama por parte de la Junta de Personal un trato idéntico que el dado a las Jefaturas de Negociado, en cuanto a jugar con los plazos del concurso de puestos base para que el personal interesado en ambos procesos pueda optar a los dos tipos de plazas, en una petición para ambos casos que se repite año tras año desde el órgano de representación. Se argumenta por Función Pública que no se pueden comparar los dos procesos, por cuanto en el caso de los Negociados se dio una coincidencia en el tiempo que hizo posible esa medida; en cambio, al mantener su idea de convocar las Secciones una vez finalizado todo el proceso de los Negociados, por incapacidad de personal y medios para abarcar ambas convocatorias, no hay posibilidad material de intentarlo. Si se convocaran ahora las Secciones no se podría cumplir el plazo de Resolución. Ante nuestra insistencia, no cierran la posibilidad de buscar alguna solución, aunque no se produce ningún compromiso al respecto.
Evidentemente, si todos estos procesos se convocaran con la regularidad conveniente, cada año o como mucho cada dos, no se producirían agravios y problemas de este tipo. Pero si se dejan pasar diez años entre cada convocatoria nos encontramos con un auténtico caos, como éste y como el que nos encontraremos con el efecto cascada que producirá el Concurso de Negociados en cientos de puestos que dependen unos de otros.
Permiso por ingreso de familiar. Son habituales los problemas que tienen muchos empleados públicos por la interpretación de las Consejerías de este permiso, y los días a conceder según la localidad del ingreso; si es en la misma localidad corresponden tres días, y si es en distinta localidad son cinco. ¿Pero de qué localidad estamos hablando? ¿De la referente al puesto de trabajo o a la del domicilio? Hasta ahora se venía interpretando como la localidad distinta a la del puesto de trabajo, pero no siempre se aplica así. Pues bien, aprovechando la indefinición al respecto del EBEP, la normativa que está preparando la Administración del Principado es la más restrictiva para el trabajador: para tener derecho a los cinco días deben darse las dos circunstancias, es decir, que el ingreso del familiar se produzca en localidad distinta tanto del centro de trabajo como del domicilio del empleado público.
El argumento esgrimido es que la anterior interpretación tenía su razón en las antiguas leyes de función pública que obligaban al funcionario a residir en la misma localidad del puesto de trabajo, y que una vez que éste requisito ya está superado, no tiene sentido mantener esa interpretación favorable al trabajador. Sin embargo, una Administración “socialista” (¡qué ironía este nombre aplicado a estos gobernantes!) debería tener en cuenta los trastornos ocasionados al trabajador en ambas situaciones.
También se nos aclara que las instrucciones que muchos conocemos, transmitidas desde Función Pública a las Secretarías Técnicas no son definitivas, son sólo un borrador para que desde éstas se presenten alegaciones o aportaciones; pero también se nos reconoció que ya estaban transmitiendo su sugerencia para que se aplique ya esta interpretación restrictiva.
La desvergüenza de la productividad en altos cargos. Ante la noticia (publicada incluso en prensa) de que algunos altos cargos del Principado (Secretarios Técnicos, Directores Generales…) habían percibido el Complemento de Productividad correspondiente al año pasado, y tras las indagaciones pertinentes, la Junta de Personal transmitió a Función Pública su protesta y repulsa ante una medida vergonzosa e inmoral. Sabemos que algunos de estos altos cargos (no todos, también hay algo de decencia) se quejaban amargamente por no poder cobrar la Carrera Profesional, por lo que acudieron a Función Pública con la pretensión de percibir una compensación por ello. Sin embargo, y para mayor sonrojo, resulta que algunos de estos personajes sí cobraron la Carrera, algo que se puede comprobar por quien desee hacerlo en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado de Asturias (recomendamos, por ej., pararse en varios casos de la letra “I”):
http://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION34/66/20/001U003OR20002.pdf
En él nos encontramos con Consejeros, Secretarios Técnicos, Directores Generales… ¿Es esta la política de austeridad recomendada por el bueno de ZP para los altos cargos? ¿Con qué autoridad moral darán y quitarán estos personajes la futura Carrera Profesional a los curritos de a pie? ¿Hasta dónde llega la voracidad y la desvergüenza de semejantes dirigentes? Y para más “inri”, es indiferente quién gobierne, siempre tienen la habilidad de caer de pie ante un vuelco electoral. ¡Qué pena de Administración!
Cobertura de plazas vacantes por jubilación o ILT. La protesta de la Junta de Personal viene de la proliferación de situaciones en que las vacantes se alargan en el tiempo, haciendo recaer el trabajo en los demás compañeros, y también por la disparidad de criterios no sólo entre Consejerías sino dentro de las mismas. Desde Función Pública se explica la imposibilidad de imponer normas o criterios a cada Secretaría Técnica, siendo éstas las que toman las decisiones al respecto; curiosamente, en muchas ocasiones, son las propias Secretarías Técnicas las que nos remiten a Función Pública como causante de estas situaciones por negarse a tramitar las peticiones de contratación. No queremos entrar en este cruce de balones, pero sí echamos en falta una coherencia de criterios; insistimos, no ya entre unas Consejerías y otras, sino incluso dentro de una misma Consejería.
Aplicación del descuento en el IRPF de los 400 €. Esta controvertida y confusa medida del Gobierno Zapatero está suscitando muchas dudas (independientemente de nuestra opinión crítica al respecto por ir contra el principio de progresividad en los impuestos), ya que se dan casos en los que a pesar de este descuento se paga más a Hacienda cada mes. Se nos explica que esto es así por las instrucciones de la Agencia Tributaria en el sentido de no redondear (no aplicar, por ej., el 14´4 % sino el 14) como hasta ahora y proceder a aplicar el porcentaje que corresponda, con sus decimales correspondientes. En cualquier caso, será una situación que se regularizará en la siguiente declaración.
Botiquines y atención médica en los centros de trabajo. Este tema se traslada, en primer lugar, por la situación que se da en algunos centros de trabajo (en el EASMU, por ej.) de desaprovisionamiento de los botiquines existentes; desde Función Pública se nos confirma que la petición del material debe tramitarse desde cada Secretaría Técnica a Ibermutuamur, que tiene la obligación de atender dicha petición.
Por otra parte, se insiste una vez más en la petición de la existencia de un equipo médico que atienda las urgencias que se puedan dar, al menos en la concentración de Consejerías que existe alrededor de la zona de Llamaquique; se contesta que desde la Administración se consideran suficientemente atendidas estas contingencias desde los servicios de urgencias del SAMUR, por lo que entienden innecesario duplicar dichos servicios.
Gestión directa por parte de la Seguridad Social de los servicios prestados por la Mutua Ibermutuamur. La Junta de Personal plantea esta petición por dos razones: en primer lugar, por una defensa de los servicios públicos que implica la oposición a la desmembración de los servicios prestados por la Administración Pública y su gestión por empresas privadas cuyos fines son evidentemente los del lucro económico, con una deficiente prestación de los mismos y unas garantías cuanto menos dudosas. Y también por las quejas cada vez mayores de empleados públicos ante la deficiente atención recibida, provocada por la falta de medios materiales y personales, y la poca cualificación profesional encontrada. Evidentemente, este no es más que uno de los cientos de casos de privatización que están empobreciendo nuestra Administración en el camino de su reducción al mínimo. Curiosamente, siempre pensamos en la derecha política cuando se habla de privatizaciones (y desde luego, los conocidos casos de comunidades autónomas como la madrileña no dejan lugar a dudas) pero ¿es el PP el que gobierna Asturias?
Desde Función Pública trasladarán la petición a la Consejera de Administraciones Públicas; entendemos que esta decisión transciende las competencias de la D. G. de Función Pública, pero también sabemos perfectamente lo que hará la Sra. Consejera con la petición…
Anómala situación en la brigada de carreteras de la zona de Tineo. En esta zona nos encontramos con que desde hace tres años una plaza de Celador (funcionario) que está cubierta en funciones por un Capataz (laboral). Se nos argumenta que se trata de una situación provisional por necesidades imprevistas, pero esto se cae por su propio peso ante la duración (tres años) de la situación “provisional”. Ante nuestras reiteradas propuestas se nos indica que en breve tiempo se procederá a su solución con arreglo a la legalidad. Una chapuza más de las muchas que pueblan una Administración cada vez más caótica y desorganizada.
Promoción de personal transferido. Se traslada la petición de parte del personal que, habiendo sido transferido desde el Estado, promocionaron (por ej. a Administrativos) una vez en el Principado, en el sentido de que en nuestra Administración se les reconozca dicha promoción. La respuesta de Función Pública es negativa, toda vez que no fue una promoción que estuviera en marcha en el momento de las transferencias, sino posterior.
Aparcamientos para bicicletas. Y para finalizar se nos contesta positivamente a la petición de habilitación de aparcamientos para bicicletas en los alrededores de algunos edificios administrativos, ante el creciente uso de este medio de locomoción por parte de los empleados públicos, y lo conveniente de su fomento tanto para el medio ambiente como para la descongestión del tráfico. Se empezará por el EASMU en breve, y a continuación seguramente se implantará esta medida en el edificio de Hermanos Pidal.
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