Acuerdo sobre Carrera Profesional: se consolida la discriminación entre empleados pùblicos y la chapuza jurídica.
En el día de ayer, 2 de julio, pudimos asistir a un “paripé” negociador entre la Administración asturiana y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación (CCOO, UGT, CEMSATSE y USIPA). Tras el mismo, estos sindicatos pretenden aparecer como los salvadores de la situación creada tras la Sentencia del TSJA en la que, a instancias de la Corriente Sindical de Izquierda, se anula la Resolución de 18 de mayo de 2007 por la que se convocaba el pago a cuenta de las cantidades correspondientes al primer tramo de la Carrera Profesional (efectuado bajo el paraguas legal del Complemento de Productividad).
La Corriente Sindical de Izquierda desea dar su opinión sobre ese supuesto acuerdo y divulgar la única solución posible, que pasa, evidentemente, por un escrupuloso respeto a la legalidad y a los tribunales.
1.- Un pacto anunciado. Esta reunión de la Mesa General estaba cantada desde que se extendió en nuestra Administración la convicción de que la Sentencia iba a ser contraria a una Resolución ilegal, chapucera e injusta. Todos sabíamos que, tras amagar con dejar de abonar las cantidades, la Administración iba a regalar a sus sindicatos afines y domesticados la salida a la crisis.
2.- El Principado cae en una actitud de insumisión jurídica. Este Acuerdo ahonda en una situación ilegal. Seguir abonando este Complemento de Productividad en las mismas condiciones y únicamente a las mismas personas que hasta ahora lo único que pretende es seguir justificando una Resolución que los Tribunales de Justicia acaban de declarar ilegal. ¿Dónde quedó aquél enrabietado “a partir de ahora lo haremos todo por el libro” de la Consejera Sra. Migoya? Y por cierto: ¿es que una Administración Pública puede (y debe) comportarse de otra manera que no sea “por el libro”?
3.- Sigue la discriminación. Este Acuerdo mantiene la vergonzosa discriminación que fraguaron la Administración y los sindicatos afines para favorecer la campaña electoral del PSOE y el Sr. Areces, manteniendo marginados a más de 5.000 empleados públicos:
- Aquellos que no nos adherimos voluntariamente (sobre la obligatoriedad de la adhesión también se pronunció ya el TSJA).
- El personal fijo sin cinco años de antigüedad (¿qué justificación puede tener esta aberración?).
- El personal temporal e interino (¿por qué nadie habla de este colectivo?).
4.- Se mantiene el ataque a la independencia de los empleados públicos. Este Acuerdo sigue apostando por una Carrera y un modelo de Administración basado en criterios mercantilistas totalmente opuestos a la idea de un servicio público a los ciudadanos objetivo y basado en la legalidad. Haciendo depender una parte de las retribuciones del criterio y capricho del inmediato superior (y aún tenemos reciente la experiencia de la Evaluación del desempeño) se está atacando por su base la necesaria e imprescindible independencia e imparcialidad de las empleadas y empleados públicos. LA CSI RECHAZA DE PLANO UNA ADMINISTRACIÓN EN LA QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS COBREN EN FUNCIÓN DEL CRITERIO DEL JEFE INMEDIATO.
5.- Se mantiene el clasismo salarial. Este Acuerdo sigue manteniendo el exagerado clasismo de la Resolución anulada, con unas diferencias abismales entre las cantidades más altas y las más bajas.
NUESTRA PROPUESTA
Por el contrario, la Corriente presenta una propuesta que, a la espera de que la futura Ley de Función Pública establezca el imprescindible marco legal para desarrollar el concepto de Carrera Profesional, lime al menos en parte los innumerables defectos y arbitrariedades de la Resolución anulada:
1.- El dinero ya reservado en los Presupuestos para este concepto se abonaría a todos los empleados públicos (personal que ya lo perciba, personal laboral e interino, personal no adherido a la Resolución anulada, e independientemente de la antigüedad en el puesto).
2.- Se revisará de forma radical la distribución de las cantidades, reduciendo al máximo las vergonzosas diferencias actuales.
3.- Los Servicios Jurídicos del Principado deben estudiar la fórmula legal más adecuada para abonar estas cantidades, aconsejando a los responsables políticos de nuestra Administración que se tenga en cuenta su informe, por encima de intereses extraños y caprichos.
Todo ello no obsta para que nos mantengamos inflexibles en la exigencia de una norma que dote de respaldo jurídico a la Carrera Profesional, independientemente de la opinión que nos merezca la misma en su propio origen, suficientementemente difundida en su momento. Pero en tanto no lleguemos a ese momento, las cantidades actualmente presupuestadas deben abonarse de forma justa, equitativa, no discriminatoria y sin condiciones absurdas y salidas del puro capricho.
CONVOCATORIA DE LAS MESAS SECTORIALES
Por otra parte, en el conciliábulo mantenido ayer, parece ser que por fin los sindicatos mayoritarios y la Administración dieron su brazo a torcer y se procederá a convocar las Mesas Sectoriales de Negociación este mismo mes. Pero esta medida, largamente exigida por la Corriente para democratizar y “airear” lo que se negocia en nuestra empresa, nace con un gran lastre: sus acuerdos estarán supeditados a que sean aprobados por la Mesa General, en la que están presentes únicamente los sindicatos domesticados sin reflejar en su composición la voluntad de los empleados públicos en las elecciones sindicales. Esperamos, al menos, que los temas en ellas debatidos sean realmente importantes, tan importantes como, por ej., la Carrera Profesional o situaciones como la que en este momento tenemos encima de la mesa.
La Corriente Sindical de Izquierda desea dar su opinión sobre ese supuesto acuerdo y divulgar la única solución posible, que pasa, evidentemente, por un escrupuloso respeto a la legalidad y a los tribunales.
1.- Un pacto anunciado. Esta reunión de la Mesa General estaba cantada desde que se extendió en nuestra Administración la convicción de que la Sentencia iba a ser contraria a una Resolución ilegal, chapucera e injusta. Todos sabíamos que, tras amagar con dejar de abonar las cantidades, la Administración iba a regalar a sus sindicatos afines y domesticados la salida a la crisis.
2.- El Principado cae en una actitud de insumisión jurídica. Este Acuerdo ahonda en una situación ilegal. Seguir abonando este Complemento de Productividad en las mismas condiciones y únicamente a las mismas personas que hasta ahora lo único que pretende es seguir justificando una Resolución que los Tribunales de Justicia acaban de declarar ilegal. ¿Dónde quedó aquél enrabietado “a partir de ahora lo haremos todo por el libro” de la Consejera Sra. Migoya? Y por cierto: ¿es que una Administración Pública puede (y debe) comportarse de otra manera que no sea “por el libro”?
3.- Sigue la discriminación. Este Acuerdo mantiene la vergonzosa discriminación que fraguaron la Administración y los sindicatos afines para favorecer la campaña electoral del PSOE y el Sr. Areces, manteniendo marginados a más de 5.000 empleados públicos:
- Aquellos que no nos adherimos voluntariamente (sobre la obligatoriedad de la adhesión también se pronunció ya el TSJA).
- El personal fijo sin cinco años de antigüedad (¿qué justificación puede tener esta aberración?).
- El personal temporal e interino (¿por qué nadie habla de este colectivo?).
4.- Se mantiene el ataque a la independencia de los empleados públicos. Este Acuerdo sigue apostando por una Carrera y un modelo de Administración basado en criterios mercantilistas totalmente opuestos a la idea de un servicio público a los ciudadanos objetivo y basado en la legalidad. Haciendo depender una parte de las retribuciones del criterio y capricho del inmediato superior (y aún tenemos reciente la experiencia de la Evaluación del desempeño) se está atacando por su base la necesaria e imprescindible independencia e imparcialidad de las empleadas y empleados públicos. LA CSI RECHAZA DE PLANO UNA ADMINISTRACIÓN EN LA QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS COBREN EN FUNCIÓN DEL CRITERIO DEL JEFE INMEDIATO.
5.- Se mantiene el clasismo salarial. Este Acuerdo sigue manteniendo el exagerado clasismo de la Resolución anulada, con unas diferencias abismales entre las cantidades más altas y las más bajas.
NUESTRA PROPUESTA
Por el contrario, la Corriente presenta una propuesta que, a la espera de que la futura Ley de Función Pública establezca el imprescindible marco legal para desarrollar el concepto de Carrera Profesional, lime al menos en parte los innumerables defectos y arbitrariedades de la Resolución anulada:
1.- El dinero ya reservado en los Presupuestos para este concepto se abonaría a todos los empleados públicos (personal que ya lo perciba, personal laboral e interino, personal no adherido a la Resolución anulada, e independientemente de la antigüedad en el puesto).
2.- Se revisará de forma radical la distribución de las cantidades, reduciendo al máximo las vergonzosas diferencias actuales.
3.- Los Servicios Jurídicos del Principado deben estudiar la fórmula legal más adecuada para abonar estas cantidades, aconsejando a los responsables políticos de nuestra Administración que se tenga en cuenta su informe, por encima de intereses extraños y caprichos.
Todo ello no obsta para que nos mantengamos inflexibles en la exigencia de una norma que dote de respaldo jurídico a la Carrera Profesional, independientemente de la opinión que nos merezca la misma en su propio origen, suficientementemente difundida en su momento. Pero en tanto no lleguemos a ese momento, las cantidades actualmente presupuestadas deben abonarse de forma justa, equitativa, no discriminatoria y sin condiciones absurdas y salidas del puro capricho.
CONVOCATORIA DE LAS MESAS SECTORIALES
Por otra parte, en el conciliábulo mantenido ayer, parece ser que por fin los sindicatos mayoritarios y la Administración dieron su brazo a torcer y se procederá a convocar las Mesas Sectoriales de Negociación este mismo mes. Pero esta medida, largamente exigida por la Corriente para democratizar y “airear” lo que se negocia en nuestra empresa, nace con un gran lastre: sus acuerdos estarán supeditados a que sean aprobados por la Mesa General, en la que están presentes únicamente los sindicatos domesticados sin reflejar en su composición la voluntad de los empleados públicos en las elecciones sindicales. Esperamos, al menos, que los temas en ellas debatidos sean realmente importantes, tan importantes como, por ej., la Carrera Profesional o situaciones como la que en este momento tenemos encima de la mesa.
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