El pasado 3 de noviembre se procedió a la firma del Acuerdo que viene a dar cobertura legal a la enorme arbitrariedad en que se ha convertido el intento de implantación en nuestra Administración de la llamada Carrera Profesional (en realidad se trata de una mala Carrera Horizontal).
Como ya se intuía desde que comenzó este lastimoso paripé de negociación en la Mesa General, nos encontramos con un calco de lo ya existente (eso sí, empeorado) junto con el compromiso (?) de que todo lo demás se negociará en el Proyecto de Ley de Función Pública.
LOS SUPUESTOS LOGROS. Los firmantes del Acuerdo (CCOO y UGT) resaltan tres grandes logros en este Acuerdo: el compromiso de que se reactivará la negociación de la Ley de Función Pública; el compromiso de que la negociación de la Carrera, con todas las concreciones necesarias, se finalizará en el primer trimestre de 2010; y el compromiso de que la primera Evaluación del Desempeño estará concluida en el tercer trimestre de 2010. Sobran los comentarios, todos sabemos la flexibilidad negociadora de la Administración y la habilidad de los sindicatos mayoritarios para alcanzar grandes acuerdos.
LA CONTRAPARTIDA. A cambio de esos “grandes logros”, nos encontramos con un retroceso respecto a lo que había hasta ahora: el periodo para alcanzar la cuarta categoría o nivel de la Carrera se eleva de 20 a 29 años. Igualmente, se sigue marginando a los más de 5.000 empleados públicos que en su momento no pudieron o no quisieron adherirse a un peligroso cheque en blanco, puesto que los efectos de este nuevo Acuerdo no tendrán carácter retroactivo a 2007. Y de los interinos y temporales ya ni hablamos, ¿para qué? Han desaparecido directamente de cualquier intento de negociación sobre su situación (hasta las próximas elecciones sindicales, claro).
Y lo más grave, lo que nadie habla, y que nosotros insistimos hasta la saciedad, es que en el actual borrador de la Ley de Función Pública (y que sepamos no se ha modificado, y dudamos de que se cambie la situación), entre otras muchas agresiones, desaparece como concepto retributivo el Complemento de Destino y aparece el Complemento de Carrera. ¿Quien en un futuro no se adhiera a la carrera perderá el C. de Destino? ¿Dónde está la voluntariedad de la adhesión si en el caso de que no lo hagas perderás una parte significativa de tus retribuciones? Y respecto al personal interino y temporal ¿perderán directamente esa parte de su sueldo?
OTROS ÁMBITOS, OTROS SINDICATOS. Queremos recordar aquí a los compañeros de enseñanza y sanidad de CCOO que plantean su oposición a esta carrera en términos muy similares a los nuestros. CCOO de Sanidad denuncia públicamente que con el acuerdo firmado por sus compañeros de Administración Pública, 400 compañeros del SESPA tendrán un retroceso en sus condiciones para acceder a este modelo de carrera con respecto a lo que ya disfrutan el resto de compañeros representados por su Federación de Sanidad. SUATEA y CCOO de Enseñanza rechazan igualmente la firma de este Acuerdo y defienden básicamente la misma posición para los docentes que la que defendemos desde la CSI para todos los empleados públicos ¿Es CCOO como la actual China, un sindicato, dos sistemas?
Y POR FIN, LA EVALUACIÓN. En este último año los empleados públicos “disfrutaron” de una evaluación del desempeño a modo de ensayo general plagada de agravios comparativos, y penalizaciones, disparidad absoluta de criterios a la hora de evaluar, precisamente todo lo contrario al respeto de los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Todo un ataque frontal a los mentados principios y a la independencia que debe ostentar un empleado público. Eso sí, ya no podemos hablar de cheque en blanco, ahora sabemos claramente lo que quieren hacer con nosotros.
LA VENGANZA. El colofón a estos despropósitos está en penalizar a quienes desde el año 2007 no se adhirieron a este cúmulo de actos ilícitos, y se negaron a respaldar la discriminación de los no fijos, las diferencias salariales obscenas, la firma de adhesiones a ciegas, y evaluaciones verticales por quienes los políticos nombran a dedo. Estos no tienen derecho a nada, salvo sentencia judicial, que las hay y que la Administración se empecina en seguir incumpliendo. Así se empieza a castigar a los díscolos.
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS, ARBITRARIEDAD EN LA EVALUACIÓN, PENALIZACIÓN SALARIAL, ES EL PANORAMA DE UNA ADMINISTRACIÓN QUE PRETENDEN AL SERVICIO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL GOBIERNO ASTURIANO, Y NO AL DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
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