La corrupción en la Administración del Principado de Asturias que se está investigando en un juzgado de Gijón confirma lo apuntado a lo largo de una legislatura caótica y marcada por la involución democrática, la opacidad, el despotismo y la consideración por el PSOE de que la Administración es su cortijo particular.
Durante estos años el partido en el poder, con la aquiescencia de sus socios de gobierno, ha manipulado la política de personal (formas de nombramiento del personal –la famosa Libre Designación-, convocatorias de concursos de méritos en los que se consolidaba de forma definitiva al personal que habían colocado antes de forma digital, etc.) lo que les llevó a recibir numerosas sentencias en contra, se ha visto salpicado por la sospecha sobre sus cuentas y su forma de adjudicar contratos (con tirones de orejas del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura), y se procedía a una masiva privatización de servicios públicos que, además de empeorar la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía asturiana, premiaba a allegados personales y políticos.
Todo ello conforma un claro intento de saltarse los controles legalmente establecidos para garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los derechos de dicha ciudadanía y de las arcas públicas que se surten de todos los asturianos y asturianas vía impuestos. Así, no les valen funcionarios independientes, no les valen convocatorias públicas para adjudicar contratos de servicios o de material, no quieren sentir sobre ellos la lupa fiscalizadora de esos controles.
Un buen ejemplo de la degradación de la que hablamos estaba en el propio departamento del Consejero detenido: las organizaciones sindicales o las direcciones de los centros apenas tienen capacidad de control sobre los asuntos de la consejería. Los equipos directivos consideraron en muchas ocasiones que el gasto en material informático o en mobiliario no era prioritario y sí lo eran otras inversiones. Sin embargo la consejería actuaba haciendo caso omiso y ejerciendo un ya habitual “ordeno y mando”. ¿Qué moral es aquella que niega la cobertura de una baja de un docente para ahorrar presupuesto y renueva el material informático de ese mismo centro sin que nadie lo solicite y con el único objetivo de obtener el correspondiente diezmo?
En su momento pedimos la dimisión de los consejeros Riopedre y Migoya por la imposición de la carrera profesional, por la falta de democracia en la administración autonómica, por la ausencia de negociación con los representantes de los empleados públicos. No conseguimos lo que nuestras organizaciones pretendían, el gobierno no cedió. Los tribunales nos dieron la razón en la carrera profesional, en la manipulación de los concursos de traslados, en la Libre Designación. El gobierno, cual vulgares trileros, legisló para huir de la justicia. Ahora Riopedre parece que va a pagar por corrupto y por ladrón pero desearíamos ver a aquellos que permiten este estado de cosas fuera del Gobierno. Como en una república bananera la apropiación ilegal de fondos públicos en el Principado sucede porque las condiciones permiten que suceda.
Ahora nos encontramos con que, la corrupción estaba instalada de forma generalizada en nuestra Administración, llegando a unos niveles de los que aún no conocemos sus límites. Exigimos responsabilidades políticas: Javier Fernández y la FSA se desmarcan demasiado rápido de su antiguo compañero. No esperan el resultado de las acciones judiciales, no acuden a la mil veces repetida “presunción de inocencia” en casos similares. Parece que están convencidos de que las acusaciones son ciertas.
Esperamos que la investigación siga su curso y se llegue a todos los rincones que haga falta. Hay ámbitos administrativos, como la Dirección General de Informática, que merecerían un expediente judicial independiente, con unas cifras económicas mareantes y unos controles del trabajo realizado por las empresas agraciadas con la adjudicación cuando menos discutibles.
En resumen, la degradación e inmoralidad del actual Gobierno es insostenible; tomando una canción popular siciliana “el tiempo pasa pero no amanece”, y estamos convencidos de que con estos rectores la honestidad en la política asturiana nunca amanecerá. Independientemente del escaso tiempo que resta hasta las próximas elecciones políticas, la Corriente Sindical d’Izquierda considera que el PSOE (con el apoyo cómplice de IU) ha perdido todo el derecho moral a seguir gobernando los intereses de los asturianos y asturianas. EXIGIMOS LA INMEDIATA DIMISIÓN DEL GOBIERNO EN PLENO CON SU PRESIDENTE A LA CABEZA. No olvidemos que Riopedre fue la mano derecha y el principal apoyo de Areces en el Gobierno, sus carreras políticas fueron de la mano y así deben finalizar.
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