“Los animales de afuera miraron del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo,
y nuevamente del cerdo al hombre; pero ya era imposible discernir quién era quién”.
(Rebelión en la granja, George Orwell)
El pasado 4 de febrero se firmó un llamado Pacto Social que supone básicamente endurecer los requisitos para acceder a las futuras pensiones, alargar dos años el período de vida laboral, disminuir las cantidades a percibir tras la jubilación y un saqueo del sistema público de pensiones en beneficio de los planes privados. El pacto fue firmado por el Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO. En estas líneas os desentrañamos el contenido de lo firmado y sus consecuencias futuras, y os damos nuestra opinión sobre el mismo y todo lo que lo rodea.
¿Cuáles son los contenidos del Pacto?
• Se endurece el acceso a la pensión máxima: hay que cotizar 37 años (en vez de 35) para cobrar el 100%. La juventud y los sectores con mayores dificultades para entrar en el mercado de trabajo (precarios, mujeres…) se encuentran ahora más lejos de acceder en el futuro a unas pensiones dignas.
• Se retrasa la edad legal de jubilación hasta los 67 años (en vez de los 65), y como decíamos hay que tener cotizados 37 años para alcanzar el 100% (antes 35 años).
• Para poder jubilarte a los 65 años con el 100% tienes que tener cotizados 38,5 años.
• Se retrasa la edad de la jubilación anticipada hasta los 63 años (en vez de 61).
• Se endurecen las prejubilaciones, subiendo la edad de acceso de los 52 a los 54 años y castigando a las empresas con más costes.
• Se aumenta el periodo de cálculo (años cotizados) para tener derecho a una pensión, de 15 a 25 años, por lo que se recorta la renta media de la pensión.
• Se recorta el derecho a la pensión al aumentar de 15 a 25 años (de forma progresiva) el número de años cotizados para tener derecho a una pensión.
• La jubilación parcial se mantiene a los 61 años, pero se encarece para las empresas, que deberán aportar a la Seguridad Social la cotización íntegra tanto por el relevista como para el que deja la empresa.
El éxito que nos van a vender para dar como bueno el pacto es computar un máximo de dos años de cotizaciones por cuidado de hijos/as y a los becarios (con una retroactividad de cuatro años.
El sistema se revisará cada cinco años en función de la esperanza de vida y aumentarán los incentivos para seguir trabajando y alargar la vida laboral.
El Régimen de Clases Pasivas camina a su extinción: los nuevos ingresos en la función pública irán al régimen de la SS (MUFACE no se engrosará con nadie más), y se avanza que este tema se verá en la “Mesa de Diálogo Social de la Función Pública”; es decir, hablando en plata, certificarán su definitiva eliminación.
Se avanza que en breve se nos instaurará el llamado “modelo austriaco”: una especie de hucha para prever futuros despidos y, en el mejor de los casos, para el momento de la jubilación. Se trata de un fondo que se regalará a una empresa financiera amiga, que facilitará el despido y la movilidad (puesto que el trabajador se lo llevaría si cambia de empresa o de puesto); así, se acabaría con la idea de “acumular antigüedad”.
¿Cuáles son las mentiras del Pacto?
El gran argumento que esgrimen los firmantes para llegar a esta puñalada es la insostenibilidad del sistema público de pensiones para el futuro. En todos estos años el superávit de la SS financiaba el gasto público; es más, en 2009 ese superávit llegó a los 11.000 millones de euros, en lo que el mismo Secretario de Estado para la Seguridad Social calificó de “buena noticia que demuestra la consolidación de las cifras del sistema”. Si se espera que por la evolución demográfica o el incremento de la esperanza de vida llegue un momento de déficit, entonces increméntese la cotización empresarial a la SS y finánciese vía impuestos a las grandes fortunas, y súbanse sus impuestos, exíjase su contribución para ayudar a la salida de la crisis, pero no se acuda a la vía fácil de castigar a los más desprotegidos y menos llamándose de izquierda.
En cualquier caso, si esas expectativas futuras se cumplieran, lo que demostrarían sería la incapacidad de los Gobiernos de enriquecer el tejido industrial y económico con la creación de empleo que sustente las futuras pensiones.
Toda la reforma de las pensiones sólo persigue fomentar los planes de pensiones privados ya que está fundamentada en un conjunto de mentiras interesadas que pretenden crear alarma social (la seguridad social es deficitaria, ahora se vive más años, hay menos personas cotizando, en pocos años no se podrán pagar las pensiones, etc., etc.). TODO ES UNA GRAN MENTIRA para justificar este asalto al bolsillo de los/as trabajadores/as que rompe con el más mínimo principio de la solidaridad, que acaba con el derecho a la pensión pública digna, que sólo se plantea reducir los gastos sociales olvidando cualquier medida que sirva para incrementar los ingresos, que ha reducido las cotizaciones de las empresas a la seguridad social, en definitiva, una reforma para desentenderse del derecho a una pensión pública digna, para desentenderse del futuro de los/as trabajadores/as, para que cada uno se busque su propia solución y se eche en manos de la banca y financie un plan privado de jubilación
¿Qué supone el Pacto en las relaciones laborales del Estado español?
En primer lugar supone un gran salto cualitativo en la deriva de UGT y CCOO. Después de amagar con una nueva huelga general que diera continuidad a las del 29 de septiembre de 2010, y sostener que no aceptarían nunca la jubilación a los 67 años, acabaron derrotados y aceptando sin pelear el cuerpo principal de la propuesta del Gobierno, e incluso participan de la mentira de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Se instaura la paz social cuando este Pacto supone la guerra social a la gente trabajadora.
El acuerdo tiene el apoyo de los sindicatos mayoritarios y pasará sin problemas el trámite parlamentario (en estas grandes cuestiones el PP siempre vota en la misma línea que el PSOE, aunque hipócritamente quiera sacar tajada política del desgaste del otro), pero de todo hay que sacar una lección: las organizaciones sindicales mayoritarias ya no nos sirven. La clase trabajadora necesita organizarse para defenderse y estos sindicatos están ya demasiado burocratizados y entregados al sistema. Mientras claudicaban con este respaldo al recorte de las pensiones, el BOE del pasado 10 de diciembre publicaba que entre el 1 de julio y el 30 de setiembre de 2010, CCOO recibió del erario público más de 72 millones de euros y UGT casi 60 millones en concepto de subvenciones para “fomentar políticas activas de empleo”. Sobran comentarios, son esclavos del poder. Los trabajadores, los empleados públicos, necesitamos organizarnos para defendernos de estas y otras agresiones que vendrán y estos sindicatos están ya demasiado burocratizados y entregados al sistema como para confiar en ellos. Es necesario otro sindicalismo basado en la autoorganización y la movilización continuada en la lucha por otra sociedad.
¡OTRU SINDICALISMU YE POSIBLE!
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