La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública.
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Ludwig Von Mises.
Economista y filósofo.
SUMARIU | |
1 | PRIVATIZACIONES Y ELECCIONES JUNTA PERSONAL. |
2 | CONCURSOS DE MÉRITOS: EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX. |
3 | NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO: MÁS TRABAS A LA ACCIÓN SINDICAL. |
4 | EVALUACIÓN DOCENTE. |
5 | NUEVAS SUBVENCIONES MILLONARIAS A LOS SINDICATOS: CONTINÚA LA FIESTA. |
1.- PRIVATIZACIONES Y ELECCIONES A LA JUNTA DE PERSONAL: DEFENDAMOS LO PÚBLICO.
El próximo día 30 de marzo tendrán lugar las elecciones sindicales para la renovación de la Junta de Personal Funcionario; son casi 4.200 las funcionarias y funcionarios que cuentan con derecho a voto y 29 los representantes a elegir.
La Corriente Sindical d’Izquierda va a presentarse a este nuevo proceso electoral con el objetivo de consolidarse como sindicato representativo entre el personal funcionario de la Administración Asturiana.
¡Hay que luchar frente a quienes quieren convertir a la Administración en una Administración al servicio del partido gobernante!
Nuestra apatía es su fuerza ¡No lo consintamos!
Nuestra idea es tener un resultado que nos permita ser más fuertes para contribuir a parar las continuas agresiones que estamos recibiendo en los últimos tiempos el conjunto de los trabajadores en general y los empleados públicos en particular, con una ofensiva total que persigue recortar derechos sociales y laborales.
Los trabajadores públicos estamos en la primera línea de estas agresiones, los empleados públicos somos el primer chivo expiatorio en época de crisis y la primera medida que se tomó por parte del Gobierno fue una disminución unilateral de nuestras retribuciones impuesta con la excusa de una necesaria reducción del gasto público, algo inaudito hasta ahora. Pero no sólo es el tema retributivo, en la Administración Asturiana también estamos sufriendo continuas reducciones de plantilla, incluso despidos, para a continuación privatizar esos mismos servicios, que pasan a ser prestados por empresas que en la mayoría de las ocasiones emplean a trabajadores mal pagados y sin derechos. Así se está haciendo desde hace tiempo con puestos de Operarios o Subalternos, en Brigadas, Polideportivos, Pajares o Institutos, pero ahora también ocurre lo mismo en los servicios centrales de las Consejerías para desempeñar funciones auxiliares de oficina y así evitar contratar a empleados públicos. Y da igual que sean Consejerías del PSOE o de IU, en el asunto de las privatizaciones, para nuestra desgracia, la llamada izquierda asturiana está bastante unida.
Desde la Corriente creemos que fortalecer los servicios públicos es imprescindible para el conjunto de la sociedad, especialmente para los que más necesitan de ellos en épocas como ésta que llaman de crisis. La política privatizadora solamente persigue disfrazar el destino del gasto, disminuyendo la importancia de lo público, destruyendo puestos de trabajo estable y digno para sustituirlos por empleo precario y mal pagado. Nos opondremos de forma contundente a cualquier intento privatizador, como nos opondremos a cualquier paso que se dé en la línea de crear una Administración supeditada al poder político en el que los empleados públicos vean amenazada su independencia como trabajadores al servicio de la sociedad.Nuestra apatía es su fuerza, el conjunto de los empleados públicos debemos organizarnos y unirnos para poder plantar cara a unas políticas que van claramente en perjuicio de una Administración al servicio de los ciudadanos, hay que luchar frente a quienes quieren convertirla en una Administración al servicio del partido gobernante.
Ese es nuestro empeño como organización sindical, desde la base y sin aparatos burocráticos que pervierten la defensa de los derechos sociales y laborales, en la lucha leal y directa contra los intentos de destrucción de lo público, la Corriente estará al frente, trabajando para conseguir unos objetivos que ante todo son justos y que benefician a la mayoría de la sociedad.
2.- CONCURSOS DE MÉRITOS: ESTO ES EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX.
¿Qué va a suceder ahora?
Nadie lo sabe, puesto que serán otra vez los tribunales los que decidan. Y mientras tanto, todos a preparar Memorias y recopilar de nuevo toda la documentación sin saber si esta vez será la buena.
¿Por qué nos encontramos ante este nuevo galimatías?
En nuestra Administración hay unanimidad en los comentarios: nuestros dirigentes no quieren dar su brazo a torcer, su prepotencia y altivez les impide asumir los reiterados varapalos judiciales y se inventan mil subterfugios jurídicos para ganar tiempo y dejarle la patata caliente a sus sucesores en el Gobierno, una vez asumida su derrota en las urnas.
En cualquier otro momento (como hicimos hace poco más de un mes ante el escándalo de corrupción) exigiríamos dimisiones (la más evidente, la de la Consejera de Administraciones Públicas, máxima culpable de la caótica política de personal); pero a estas alturas, con las elecciones políticas a la vuelta de la esquina eso ya no tiene sentido, y sólo nos queda esperar su derrota política y su salida del Gobierno asturiano. Evidentemente, no esperamos nada en especial de sus sucesores, sean quien sean, pero será un gran alivio ver desfilar a esta pandilla de ineptos y prepotentes.
Las memorias y las entrevistas.
No podemos dejar de referirnos a las famosas Memoria y entrevista. Este Gobierno sigue empeñado en hacer de la Administración su cortijo, con unos funcionarios que, desde el grupo A al E, pierden su independencia tanto para acceder a cualquier puesto de la estructura administrativa (Libre Designación en Jefaturas de Servicio, Coordinadores, etc., memoria y entrevista personal en Jefaturas de Sección y Negociado…) como a la hora de percibir parte del salario (Carrera Profesional y Evaluación). Los partidos en el poder quieren funcionarios sumisos y manejables, no les valen funcionarios independientes que puedan aplicar las leyes de forma objetiva y que puedan plantar cara a sus superiores. Todos estamos viendo por qué quieren este tipo de Administración, está de rabiosa actualidad. Y eso por no hablar de un proceso que, si al final se llegara a realizar, se alargaría en el tiempo como mínimo un año, con miles de entrevistas y sesiones de la Comisión de Valoración. Un procedimiento “ágil”…
Por último, y para echarle algo de humor, algo bueno tiene todo este follón: nos estamos convirtiendo en expertos juristas sin necesidad de haber estudiado Derecho…
3.- LA CORRIENTE GANA EL DERECHO A NEGOCIAR EL CONVENIO. MÁS TRABAS A LA ACCIÓN SINDICAL.
Detrás de cada sindicato hay un grupo de trabajadores al que representa. Trabajadores que han introducido un voto de confianza en una organización con la única finalidad de que se hagan valer sus derechos.
En los tiempos que corren, es complicado transmitir credibilidad, la soterrada deslegitimación que se le está haciendo al sindicalismo actual, en cuanto a honradez e independencia, privándolo de los mecanismos de acción, introduce en el mismo saco a buenos y a malos, la primera frase no es caprichosa, no se lesiona al Sindicato, sino al trabajador que representa; por otra parte, el sistema impide cualquier atisbo de pensamiento alternativo. El llamado “bipolio” sindical irradia sólo los efectos negativos del sabotaje, y en una marcada tendencia a convertirse en Trilogía, si tenemos en cuenta el poderoso poder, valga redundancia, de la clase política.
Cuesta mucho trabajo hacerse un hueco en medio del “bisindicalismo”, cuesta también mantenerse, pero convertirse en sindicato representativo, significa tener un porcentaje importante de ojos cargados de expectativas tras de ti, eres la voz de un substancial número de personas que esperan ser escuchadas a través de ti. Esto es lo que nos ha pasado ahora en la Corriente tras los resultados de las últimas elecciones sindicales para el personal laboral.
En las últimas elecciones del personal laboral, la CSI, ha obtenido, gracias al porcentaje de voto exigido de trabajadores, obtener el apellido de “representativo”, superando claramente el 10% de la representación de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Administración; alcanzamos así la legitimidad suficiente para conformar la parte social en la negociación del Convenio Colectivo.
Pero en este caso, el parto no ha provocado nacimiento, la Administración nos dice que llegamos tarde, las negociaciones ya iniciadas, según su interpretación, seguramente refrendada por quienes juegan a la exclusividad sindical, no conceden silla al grupo de trabajadores recién llegado.
Llevamos esperando por un Convenio Colectivo desde febrero del 2007, ¡que falacia!, cuatro años después, los que llegamos tarde somos nosotros, pero claro, los responsables están todos sentados, no hay prisa, porque las retribuciones económicas ya nos vienen impuestas a golpe de norma legislativa, y al margen de cualquier negociación. Los cuatro largos años de paralización de los Derechos coetáneos de los trabajadores, hacen pensar en un artículo del Estatuto de Trabajadores sobre la tramitación de los Convenios Colectivos: “Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe”.
Aquí no prima la buena fe, priman el acomodo, el conformismo y el entreguismo, todos están encantados de estar juntos y solos, cuanto más solos mejor, así nadie les molestará y el circo sigue adelante.
Vamos a luchar con todos los medios para imponer el derecho que los trabajadores y trabajadoras nos han dado, es nuestra obligación y también nuestro compromiso y en la medida de nuestras fuerzas, empujaremos para activar ya una negociación que lleva 4 años paralizada y que es urgente reanudar.
4.- El Reglamento de Evaluación Docente: otro paso más hacia la gestión empresarial de los centros educativos
El reglamento es el marco normativo al que se tienen que sujetar los sucesivos planes de evaluación que la administración apruebe. No concreta, únicamente establece los elementos a evaluar y las fases y secuencia del procedimiento.
Los planes de evaluación contemplarán, entre otros, los parámetros: formación, función tutorial, participación en proyectos conjuntos de mejora o de experimentación, mayor dedicación, desempeño de cargos directivos, menor absentismo, participación del personal docente en la consecución de objetivos colectivos del centro y participación en actividades complementarias. El procedimiento se resume en las siguientes fases: publicación del plan, adhesión, admisión, evaluación y resolución.
¿Qué valoración hacemos en la Corriente Sindical d’Izquierda?
El Reglamento es un paso más en el proceso de desregulación de derechos, individualización y jerarquización de las relaciones laborales de los empleados y empleadas públicos. Desde el principio rechazamos ese cambio y en este momento volvemos a reiterar ese rechazo.Se consagra la división en el colectivo docente que estableciera la Ley de Evaluación de diciembre de 2009. La primera línea de división es la que separa al funcionariado de carrera, a quien va dirigido el plan, del funcionariado interino. Establece requisitos diferentes para firmantes y no firmantes del 2007. Unos lo perciben como anticipo desde entonces, otros sólo pueden aspirar a las cantidades que establezca cada plan. Finalmente, el requisito de 5 años de antigüedad en el cuerpo tiene que cumplirse a 1 de enero de 2010 y de no ser así, deberán esperar a 1 de enero de 2015.
La evaluación positiva es un requisito para el acceso al complemento. El complemento no es consolidable. Se accede a el o se pierde en cada plan concreto. Aquellos y aquellas que suscribieron el compromiso de adhesión y que viene percibiendo el complemento desde el 2007 se la juegan a una carta: la evaluación del primer plan. La evaluación la efectúa la dirección del centro, la inspección la supervisa y el consejero resuelve.
Cada plan concreto establecerá, cómo se mide cada parámetro, qué ponderación tiene cada uno y a qué valoración se considera evaluación positiva, también establece la contraprestación económica.
Es decir, el reglamento permite la posibilidad de que, por ejemplo, un plan establezca una evaluación positiva con 4 créditos de formación y un informe favorable respecto de algunos ítems con contraprestación de 1600 o 2500 euros según cuerpo y que el plan del año siguiente exija un absentismo inferior al 2% y la realización de tareas fuera del horario y que la contraprestación sea de 500 €. Algunos aspectos de los modelos andaluz, catalán o extremeño pueden ser trasladables en este marco.
Este es el camino de modificación de nuestras relaciones laborales. Una parte del salario se hace depender de la evaluación de nuestros superiores jerárquicos, la sumisión a los criterios del equipo directivo como primera consecuencia es evidente. Los planes cambian y lógicamente los requisitos se endurecerán. Nada es gratis, el objetivo es la sagrada “productividad” medida según los criterios que cada gobierno autonómico decida. Evidentemente el objetivo inicial será introducir el sistema y para ello facilitarán la entrada, pero que nadie se engañe, la adhesión es lo que les da fuerza y lo que nos divide en los centros.
La situación que se abre es lamentable. Recortados nuestros salarios y con una regulación de plantilla que suprimió 300 puestos al inicio de curso a la que hay que añadir al menos otros 200 de las bajas que no se cubren, ahora pretenden invertir millones de euros en el proceso de modificación de las relaciones laborales. Este dinero servirá para mejorar la situación económica de un sector a costa de empeorar las de otro que no puede o no quiere pasar por el aro. Este dinero servirá para empeorar nuestras condiciones de trabajo y profundizar en los recortes de personal.
¿Cuáles serán las condiciones de trabajo de los no – firmantes?
No cabe duda de que este proceso afecta a toda la plantilla de los centros educativos, estén en la situación en la que estén, porque supone un cambio en la manera de actuar y relacionarse. Sin embargo, la famosa cantinela “nos van a evaluar a todos” no es cierta. Que a todos y todas nos evalúan ya lo sabemos, existe un cuerpo de inspectores educativos que tiene ése entre otros cometidos, pero la novedad que abre este proceso es que, a un sector de los docentes se les evalúa para decidir si cumplen cierto patrón variable y definido por el gobierno de turno y compensarles en tal caso con un complemento retributivo. La evaluación que define el reglamento se expresa de la siguiente manera: El titular de la Dirección y de la Jefatura de Estudios o Secretaria del centro en el que tenga destino la persona solicitante en el momento de efectuarse la evaluación, cumplimentarán la ficha de evaluación con la acreditación de los parámetros o indicadores establecidos al efecto.
Para ser evaluado, antes se tendrá que presentar solicitud y ser admitida. Por tanto, la evaluación a la que se refiere el reglamento es ajena a los no-firmantes (o a los que no tienen “derecho” a ella). El trabajador o trabajadora no sometido a esta evaluación adicional es por tanto también ajeno a las presiones adicionales. No debe dudar sobre pedir una incapacidad temporal, solicitar una licencia por matrimonio o ausentarse por enfermedad propia o de una familiar si lo necesita porque son sus derechos. También los de un firmante, cierto, pero todo lo anterior es absentismo. No tiene porqué buscar la simpatía del equipo directivo evitando el conflicto, el equipo directivo no decide sobre sus retribuciones. En resumen, no tiene porqué verse comprometido o comprometida con todo aquello que exceda de sus obligaciones, si lo hace, es por su voluntad y no por las presiones de un complemento que viene y va.
¿Qué alternativa defender?
El modelo de escuela pública por el que luchamos se corresponde con unas determinadas condiciones de trabajo de sus docentes.
Para empezar, defendemos la homologación retributiva con el resto de comunidades autónomas al tiempo que rechazamos incrementar el abanico salarial entre docentes, eso exige convertir el llamado “complemento de productividad” en un complemento de homologación que retribuya por igual a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. “Para todos y todas y sin contrapartidas laborales”
Uno de los argumentos que sustenta este proceso regresivo es la necesidad de mejorar la acción educativa, la formación de los docentes, la calidad de su trabajo. Frente a la jerarquización de las relaciones, la competitividad, la burocratización, la falsa meritocracia, defendemos la democratización de los centros docentes, el desarrollo de proyectos de innovación y mejora de la enseñanza basados en el compromiso e incentivados con reducciones horarias, la formación en tiempo de trabajo, la renovación de las plantillas. En definitiva, frente a la privatización progresiva de la enseñanza pública, lucha y resistencia.
El Gobierno de España sigue un año más regalando ingentes cantidades de dinero público a sus Sindicatos, CCOO y UGT, en forma de subvenciones directas o a través del agujero negro de los fondos de formación, que no deja de ser también una financiación encubierta. Estamos ante uno de los ejemplos más escandalosos de cómo la dependencia económica está generando un sindicalismo totalmente cautivo y domesticado.
Entre estos dos Sindicatos acaban de recibir más de 164 millones de euros de subvención de las arcas públicas, desglosados de la siguiente manera:
FONDOS DE FORMACIÓN (BOE | |
CCOO | 82.073.753 euros |
UGT | 67.835.184 euros |
SUBVENCIONES DIRECTAS POR ACTIVIDAD SINDICAL (BOE/ | |
CCOO | 6.375.759 euros |
UGT | 6.114.669 euros |
SUBVENCIONES POR PARTICIPAR EN ÓRGANOS CONSULTIVOS (BOE | |
CCOO | 1.044.220 euros |
UGT | 1.186.714 euros |
Además hay que tener en cuenta que estas son sólo las subvenciones del Gobierno de la nación, después hay que ir añadiendo las procedentes de los distintos Gobiernos Autonómicos, igualmente generosas.
La CSI va a seguir denunciando una y otra vez este derroche de dinero público, dirigido a financiar a unos sindicatos que se convierten en organizaciones cautivas, incapaces de revelarse en contra de quien les sostiene económicamente.
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