La Corriente Sindical d’Izquierda quiere hacer público su más completo rechazo a las últimas medidas laborales y económicas del Gobierno y manifiesta su determinación de oponerse a ellas con todos los medios a su alcance.
Con la aprobación del último Decreto-Ley de medidas laborales, el contrato de Formación y Aprendizaje se amplía hasta los 30 años, con una jornada de trabajo del 75%-100% de la jornada completa, con el techo salarial, en muchos casos, del Salario Mínimo Interprofesional (641,40 €), con una indemnización por despido de 8 días de salario por año trabajado y con una deducción para el empresario hasta el 100% de su cotización a la Seguridad Social. El nuevo Decreto permite, también, encadenar indefinidamente los contratos temporales, se prorroga, asimismo, el contrato de fomento, que reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días de salario por año trabajado y permite al empresario recuperar, a cargo del Fondo de Garantía Salarial, una parte de la indemnización por despido.
De este modo, se aumenta la temporalidad en la contratación, se precarizan las condiciones laborales, se reducen los salarios, se carga sobre el dinero público las cotizaciones empresariales y se abarata todavía más el despido que ahora y a través del FOGASA, pagará, en parte, el propio trabajador.
Y todo ello, con un paro descontrolado, trabajando más (hasta los 67 años, con el beneplácito de CCOO y UGT) por sueldos cada vez más pequeños, con una juventud condenada a la explotación y miles de familias que ya perdieron no sólo el trabajo, sino hasta sus viviendas.
De 2007 a 2009, el número de pobres creció en el Estado español en un millón y una de cada cuatro personas está al borde de la pobreza, mientras que el número de personas que tiene en su cuenta más de un millón de euros aumentó un 12%. Alrededor de 140.000 individuos con fortunas en efectivo por encima del millón de euros desaparecen en el Estado español a la hora de hacer la declaración de Hacienda. Los altos ejecutivos de las principales empresas del Estado tienen un patrimonio en esas empresas valorado en 37.500 millones de euros. Baste decir que nada más que cuatro empresas en todo el Estado (Telefónica, Banco Santander, Inditex y Arcelor) tienen un capital superior.
Los trabajadores y trabajadoras pagan a Hacienda mucho más que los empresarios y el año pasado las grandes empresas pagaron solamente un 9,9% de sus beneficios. Las subvenciones a los planes privados de pensiones suponen un gasto público de casi 1.500 millones de euros (justo lo que el Estado pretende ahorrar congelando las pensiones). Las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron al fisco 43.000 millones de euros en 2010, es decir, más de un 70% del total del fraude en el Estado, que se sitúa en unos 60.000 millones de euros. Mientras tanto, la economía sumergida existente en el Estado supone un robo que ya alcanza el 20% del PIB.
Y ¿qué decir de aquellos 150.000 millones de euros que se le dieron a la banca privada hace unos años?. ¿Qué decir de los miles y miles de millones de euros que se concedieron a las Cajas para su saneamiento y posterior privatización?. La Banca es un pozo sin fondo y su fortuna es nuestra ruina.
Ahora van a meternos en la Constitución un tope para el gasto público. Dieron un “Tejerazo” y hacen que las trabajadoras y trabajadores paguen las consecuencias de la orgía especuladora de los mercados.
Nos dicen que el objetivo de esta reforma constitucional es reducir el déficit del Estado. Sin embargo, el gasto público social por habitante en el estado español es inferior al del promedio de la UE: gastamos sólo el 74% de lo que se gasta en el conjunto de la UE y estados como Inglaterra, Francia o Alemania mantienen un déficit superior al del Estado español, en referencia a su PIB.
En realidad, lo que pretenden es meter la tijera en los servicios públicos más básicos, como la Sanidad o la Educación. De hecho, algunos gobiernos autonómicos como el de Madrid, Catalunya o Castilla-La Mancha, ya empezaron con los recortes. Y el objetivo final de todo esto no es otro que la privatización de estos servicios y convertir en negocio derechos tan básicos como el derecho a la salud o a la educación. Baste decir que los seguros médicos privados en otros países, cuestan a las familias entre 500 y 1.500 euros mensuales, sin que estos seguros cubran todos los tratamientos. Así las cosas, ¿quién podrá pagar la sanidad de su bolsillo?, ¿quien podría pagar la educación de sus hijas e hijos?
Por todo ello, la Corriente Sindical d’Izquierda hace un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores, así como al conjunto de la ciudadanía, a mantener una movilización continua para hacer que derechos tan básicos como el de un trabajo digno, la salud o la educación no se conviertan en un lujo y en un privilegio de unos pocos.
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