El 11 de Ochobre representantes de la Corriente Sindical d’Izquierda mantuvieron una reunión con el Viceconsejero del Sector Público y el Director de Función Pública. En dicha reunión, que se celebró a petición de la CSI, se les presentó nuestro documento “Mejoremos la Función Pública Asturiana: un reto de todas/os” y se abordaron las diferentes propuestas que en él se recogen.
A continuación os resumimos los principales asuntos tratados.
Lo primero que planteó la Corriente fue la defensa de los servicios públicos y nuestro empeño en mejorar la calidad y el funcionamiento de los mismos, así como la dignificación del papel de los empleados públicos asturianos.
SERVICIO PÚBLICO. La CSI manifestó que debemos reforzar la propia Administración frente a las privatizaciones, aprovechar mejor los recursos humanos con que se cuenta y restringir el gasto de dinero público destinado a empresas privadas en servicios que deben ser realizados por empleados públicos. Sin embargo nos encontramos con la evidencia de que se pretende ahondar en el camino de privatizaciones del sector público ya iniciado por los anteriores gobiernos, aunque con matices. Se pretende que el poder de decisión administrativa lo ostente la propia Administración, así como la ejecución de funciones públicas y los servicios de carácter permanente. Quiere ello decir que las directrices y el control de las decisiones deben permanecer en manos de empleados públicos, así como los servicios y trabajos habituales y permanentes. No será así, por ejemplo, con oficios con cometidos esporádicos o que dependan de necesidades puntuales.
A modo de ejemplo, se trató el ámbito de Informática. Se expuso al Viceconsejero la necesidad de poner coto a la dependencia de las multinacionales del sector que, con contratos millonarios por medio, hacen y deshacen e incluso imponen sus criterios, a los que se debe adaptar la actividad administrativa, cuando debe ser exactamente al revés. Aquí se avanzó la idea de crear un Cuerpo Especial, que se nutriría de los actuales compañeros y compañeras de la Dirección General de Informática, previo proceso de funcionarización. No obstante, este asunto está tan enquistado que supondrá un proceso muy largo en el tiempo.
CARRERA PROFESIONAL. El Viceconsejero expresó claramente sus discrepancias con el actual modelo de carrera profesional, pero también reconoció que no contemplan a corto plazo un cambio en el mismo, entre otras razones por la correlación de fuerzas políticas y la dificultad de cambiar la normativa que lo sustenta. En este punto la Corriente insistió en que este modelo es dañino para los empleados públicos y para su independencia frente al poder político de turno, señalando algunas propuestas, recogidas en el documento que se les presentaba, cuya dificultad de ejecución sería mínima: fomento de la promoción interna como alternativa, carrera horizontal para todos con el cumplimientos de unos requisitos sencillos (antigüedad y/o permanencia en el grupo o puesto, formación específica que se impartiría sin excepciones…), reestructuración de las cantidades, separación de los mecanismos de evaluación y progresión horizontal, y fin de la discriminación del personal temporal mediante mecanismos propios (aplicación de un anticipo a cuenta u otro similar).
EMPLEO PÚBLICO. La Corriente insistió en que la Oferta de Empleo Público debe contemplar el 100% de las plazas vacantes, postura avalada por reciente jurisprudencia. El Viceconsejero nos avanza que actualmente se están elaborando fichas individualizadas de cada puesto de trabajo para su plasmación en las próximas RPTs, y la posibilidad de cambios en la plantilla. Insisten en que la actual plantilla les parece suficiente, pero que se está estudiando suprimir vacantes puras (puestos que no están ocupados actualmente por personal temporal o interino) para equilibrar ámbitos en los que hay una clara carencia de personal. La Corriente exigió que esa posible supresión se estudie caso a caso y que se justifique argumentalmente de forma individual. Por otra parte, es evidente que hay sectores con una plantilla claramente deficiente, y ambas partes coincidimos en el caso de los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), Educación o el servicio de Conservación de Carreteras.
En el tema de SELECCIÓN DE PERSONAL se insistió por la Corriente en la necesidad de darle una mayor uniformidad y seriedad a los procesos selectivos, racionalizando su desarrollo y con una planificación que refleje un mayor respeto al personal opositor. También se exigió una designación de los tribunales en la que se elimine la discrecionalidad y el amiguismo. Especial importancia se concede a la figura de los Secretarios, garantes de la legalidad y la objetividad en estos órganos. Se coincidió en la necesidad de fortalecer la parte de selección del Adolfo Posada, con mayores medios humanos.
JUBILACIÓN PARCIAL. En este punto se les recordó el programa de FAC, que recoge recuperar y fomentar la jubilación parcial para todos los empleados públicos. No obstante, se escudaron en la normativa estatal que establece restricciones cada vez mayores. En el caso del personal funcionario, donde son de sobra conocidos los problemas con el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social, que dejan en papel mojado las muchas sentencias favorables al reconocimiento de este derecho. En cuanto a la consolidación de los incentivos a la jubilación anticipada, se insinuó todo lo contrario, la posibilidad de su supresión en el marco de las medidas de contención del déficit.
LIBRE DESIGNACIÓN Y CONCURSOS DE MÉRITOS. La Administración se muestra de acuerdo en la necesidad de derogar la Ley 14/10, que enfanga estos temas de forma decisiva, pero el Viceconsejero advierte que el correspondiente proceso parlamentario llevaría su tiempo y dependería de las demás fuerzas políticas. Su posición es que en este momento es una Ley plenamente vigente y hay que acatarla. En la RPT en la que se está trabajando se mantendrá la Libre Designación como instrumento de provisión, aunque se han dado instrucciones a las Secretarías Generales Técnicas para que se aplique con elementos como funciones y requisitos que deben limitar la discrecionalidad actualmente imperante. Hablamos claramente de un parche que intenta minimizar el impacto de una Ley maldita hecha por trileros para eludir el cumplimiento de sucesivas sentencias judiciales.
Por otra parte, en cuanto los concursos de méritos, la intención es la convocatoria de un concurso anual y el establecimiento de unas bases de carácter general con vocación de permanencia en el tiempo, de forma que la convocatoria se limitaría al anexo de las plazas. La singularidad en los puestos sólo se mantendría en casos muy limitados, y se está de acuerdo en el rechazo a la exigencia de Memoria de forma generalizada.
Se comprometen a “compartir” con los sindicatos todos estos cambios y trabajos.
FORMACIÓN: Se coincide en la necesidad de darle un vuelco a la Formación tal y como se concibe actualmente, fomentando la formación específica y evitando el despilfarro con cursos inútiles o que sólo sirven para ganar puntos de cara a la carrera profesional, por ejemplo. En opinión de la CSI, esta formación específica se debe impartir sin ninguna restricción a nadie, y se debe caminar hacia el establecimiento del Instituto Adolfo Posada como único organismo formador, eliminando las subvenciones sindicales para este apartado.
NEGOCIACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL. La Corriente fue muy clara en este aspecto: la negociación en nuestra Administración se debe abrir y democratizar, dotando de contenidos reales a las Mesas Sectoriales, en las que los temas de cada sector (Administración General, Educación, Justicia y Sanidad) sean negociados por los sindicatos representativos en cada sector. Debe acabarse con el modelo de negociación “amagüestado” entre el anterior Gobierno, CCOO y UGT, en el que absolutamente todos los temas se llevaban a la Mesa General. Un claro ejemplo de esto que hablamos es el de las RPTs, que se deben negociar en la Mesa Sectorial correspondiente. La Administración reconoció no haber entrado aún en el fondo del asunto.
RETRIBUCIONES. Tanto el Viceconsejero como la CSI coinciden en que son de esperar nuevos recortes salariales para las empleadas y empleados públicos a final de año, una vez tome posesión el nuevo Gobierno salido de las urnas el 20 de noviembre. Se nos insinúa la posibilidad, sin concretar, del establecimiento de un paquete de medidas en nuestra Administración que vendría a paliar el impacto de esos recortes.
OTRAS MEDIDAS. La Corriente se interesó por otras posibles medidas que afectarían a la plantilla. Esta es la información que nos dio la Administración:
Respecto a la posible bajada de nivel en algunos puestos, la Administración informa que hay unos criterios técnicos generales transmitidos a las Consejerías, y que, entre otros aspectos, supondría priorizar la estructura orgánica básica respecto a lo que ellos llaman “estructuras paralelas”.
En concreto se plantea que los puestos de máximo nivel de cada grupo de clasificación sólo respondan a Jefaturas de estructura orgánica, así como que se limite el número de Coordinadores o Asesores, que en todo caso deberían justificarse individualmente.
CONCLUSIONES
La Corriente dejó clara su defensa del sector público y su oposición a recortes de plantilla y rebaja de salarios. Igualmente exigimos la negociación como cauce a seguir en la relación entre empleados públicos y Administración.
Por parte de la Administración, en general nos encontramos con una voluntad de diálogo que mejora lo anterior. Evidentemente, esto (que es de agradecer) no significa absolutamente nada si esa voluntad no se traduce en hechos concretos.
No podemos ser optimistas, porque la consecuencia de lo que os acabamos de explicar es que nos tememos nuevos ataques a los servicios públicos, al empleo público y a nuestras retribuciones, a los que sin duda habrá que responder convenientemente. Y la respuesta debe ser de todos: de los sindicatos y también del conjunto de empleadas y empleados públicos.
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