"ME GUSTA CUANDO VOTAS PORQUE ESTÁS COMO
AUSENTE"
Movimiento 15 M
1.- CIEN DÍAS DE GOBIERNO ASTURIANO: A TRES TURNOS, TRESCIENTOS.
2.- LA FORMACIÓN Y EL DOBLE SUELDO: RECORTAR PREBENDAS.
3.- OFENSIVA CONTRA LA ENSEÑANZA PÚBLICA.
4.- TAMOS EN CRISIS. NON A LES PRORROGUES EN LES XUBILACIONES.
5.- PREPARADORES Y DINERO PÚBLICO.
6.- CARTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA TPA A CASCOS.
1.- Cien días de Gobierno Asturiano: A tres turnos, trescientos.
Cuando han pasado más de 100 días desde la toma de posesión del nuevo Gobierno Asturiano, ya se puede hacer un balance, aunque sea mínimo, de su actividad, de las decisiones tomadas y de su incidencia en la Administración y en los empleados públicos asturianos.
La reordenación de las Consejerías ha traído consigo el inevitable (que no habitual, porque en Asturies hay muy poca alternancia política) cambio de responsables, aunque como en anteriores ocasiones, podemos observar que los cambios parecen obedecer al juego de las cuatro esquinas, donde los que servían con el PSOE o IU para una cosa, siguen sirviendo para otra distinta con los nuevos gobernantes de Foro. Hablamos de los funcionarios que ocupan puestos de Libre Designación, por supuesto, quienes están dependiendo directamente de los altos cargos políticos y son nombrados directamente por ellos.
Una Libre Designación que el partido del actual Gobierno cuestionaba en su programa electoral, hablando del “concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo limitando la libre designación a supuestos excepcionales debidamente justificados” sin que en estos más de 100 días haya dado ni un solo paso para cumplir nada de lo que prometió en este aspecto. Es más, las modificaciones parciales de RPTs que salieron hasta ahora, mantienen la generalidad de esos puestos como de adscripción por Libre Designación; no vale como excusa decir que la Ley “blinda” la actual situación, el Gobierno debería cumplir con lo prometido y haber llevado ya a la Junta General del Principado de Asturias una iniciativa para modificar los aspectos de la Ley que le impiden cumplir con ello si es que realmente cree en una Administración en la que la Libre Designación sea la excepción y no la regla.
Pero la aparente lentitud de este Gobierno en tomar medidas que afectan directamente a los empleados públicos y que aparecían recogidas en su programa electoral, no se extiende solamente a este apartado. Cuestiones como la negociación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo y un Catálogo de Personal Laboral, la recuperación de los fondos de acción social para funcionarios (para laborales los Tribunales impusieron su mantenimiento) que incluso prometían incrementarlos y diversificarlos, el mantenimiento y consolidación de la jubilación parcial, la excepcionalidad de los nombramientos en comisión de servicios, la generalización del concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo, son algunas de las promesas electorales del partido que actualmente gobierna en la Administración Asturiana.
Ninguno de estos aspectos se han desarrollado a día de hoy; las RPTs están pendientes de que las Consejerías envíen sus propuestas, eso sí, se han filtrado unas pautas que limitan la estructura jerárquica y que de aplicarse de manera lineal pueden acarrear unos cuantos problemas por querer buscar soluciones a las estructuras paralelas creadas por el anterior Gobierno; los concursos esperan por las RPTs, mientras las tomas de posesión pendientes esperan a su vez por los concursos, con lo que tenemos gente en casa con la oposición aprobada desde hace meses esperando a que los gestores de la administración desenreden la madeja para ver si pueden por fin empezar a trabajar.
Se sigue nombrando a funcionarios por el sistema de Libre Designación con la excusa de la existencia de la Ley que ellos mismos dicen rechazar, se continúa aplicando tajantemente la política de no reposición de bajas ni vacantes y ya manifestaron la intención de suprimir las vacantes puras, aquellas que no tienen a nadie ocupándolas. No se han comenzado a desarrollar los Planes de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como prometían en su programa, ni han desatascado la ingente cantidad de convocatorias de selección pendientes. Tampoco se ha entrado a las tablas de retribuciones, de las que decían en su programa que “responderán a principios de cohesión social y justicia distributiva, de tal suerte que no existan diferencias salariales desproporcionadas”, bonita literatura que hay que ver cuando y como tienen pensado llevarla a la práctica.
En materia de negociación se han establecido cauces de diálogo, pero solamente eso, al menos de momento. Parece que hay intención de convocar las Mesas Sectoriales de Negociación, pero sin que se haya concretado nada más que eso, las intenciones. Y es un tema importante, porque el amañado sistema de negociación indirecta que instaura el EBEP, fruto de un acuerdo PSOE-CCOO-UGT, busca el monopolio sindical y la exclusión del resto de organizaciones, como ocurre en la Administración Asturiana con los sindicatos mayoritarios en los sectores de Administración y Servicios (CSI), Enseñanza (SUATEA) o Justicia (STAJ), que ven pisoteado su derecho a participar en la negociación de las cuestiones que afectan a los empleados públicos que mayoritariamente les apoyaron.
Y no solo eso, también continúa pendiente la negociación del Convenio Colectivo del Personal Laboral, firmado en el año 2005 y cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2007 . Tras casi cuatro años, nadie de los componentes de la comisión negociadora fue capaz a dar los pasos necesarios para renovar esta normativa. Pues ahora, que tras las elecciones sindicales hemos logrado desde la Corriente superar la cota del 10% de representación entre el personal laboral, también vamos a dar los pasos necesarios para lograr que se active esta negociación, exigiendo que se haga efectivo nuestro derecho a formar parte de la comisión negociadora, porque independientemente de que económicamente la situación actual no sea la idónea, sí creemos que hay muchas cosas que corregir en el actual texto y no sólo a nivel retributivo..
La Corriente considera que el tiempo del buen talante se está acabando; se agradece el buen trato, pero llega un momento en que ya no da más de sí; después de predicar, lo que toca es dar trigo. La CSI hizo llegar recientemente sus propuestas para esta Administración mediante un reparto personal a más de 5000 empleados públicos; también las hizo llegar a los responsables de la misma a través del Viceconsejero del Sector Público. No pretendemos que las compartan o las asuman, pero los empleados públicos asturianos tenemos urgencias y quienes están al frente de la Administración deben empezar a dar pasos en la dirección que dicen defender. Desde la CSI vamos a dar un paso adelante en la presión, institucional, negociadora y si es necesario, movilizadora, porque mantenernos enredados en la vorágine de reuniones sin avances y sin sentidos no va en la forma de entender el sindicalismo que tiene la Corriente. Esperamos que tras las elecciones generales del 20 de noviembre, la situación cambie algo, en el sentido que sea, confiamos que en el bueno, pero si continúa la incertidumbre y la inacción, que nadie dude que por responsabilidad antes los empleados públicos, comenzaremos a tomar la iniciativa. De todo ello os tendremos informados.
2.- La Formación y el doble sueldo: Recortar prebendas
Un día sí, y otro también, los responsables políticos y económicos de esta crisis nos anuncian recortes de derechos sociales, a la vez que saquean nuestras nóminas con rebajas en el sueldo, siempre con la pretensión de que trabajemos más por menos salario. A poco que se observen estas medidas, apreciamos que los recortes siempre son efectivos y directos para los asalariados, y cuando se trata de empleados públicos, se hacen en aquellas partes de sueldo que llamamos fijas o básicas. Si profundizamos un poco más vemos cómo las grandes diferencias salariales se generan en las “otras retribuciones”, en las complementarias, y más aún: en aquellos ingresos que no se hacen públicos. Tal es el caso de los pagos a determinados funcionarios por impartir cursos, por asistencia tribunales de oposiciones y a reuniones o consejos de administración, actividades que, en la gran mayoría de ocasiones, se desarrollan dentro de su jornada legal de trabajo. Aquí el principio constitucional de igualdad quiebra y salta, hecho añicos: mientras que unas personas permanecen cumpliendo su jornada y horario de trabajo, otros, los designados por el dedo del político de turno, pueden abandonar su tarea diaria y, a cambio de sustanciosas cantidades, pasar a ejercer otras tareas de forma tal, que no solo no hacen lo que deben, sino que perciben dos retribuciones por una única jornada de trabajo. Esta situación, con este “doble” estatuto laboral y retributivo, propicia una clase de empleado público insolidario, obediente, agradecido y triunfante. Dos sueldos por una sola jornada de trabajo. Estas prácticas perjudican al servicio público, quebrantan el erario público y generan injustas e injustificadas discriminaciones entre los trabajadores: por ello, desde la CSI, EXIGIMOS QUE SE RECORTEN ESTAS PREBENDAS.
NEOLIBERAL CONTRA LA ENSEÑANZA PÚBLICA
La Consejera de Educación anuncia una serie de propuestas que vendrían a constituir el norte de su política educativa. Plantea tres líneas de actuación: promoción de la enseñanza privada, autonomía de los centros y nuevo estatus de director de centro público. Tres propuestas que se pueden resumir en una gran máxima: la educación al mercado.
Promoción de la enseñanza privada. Se trataría de aplicar una serie de medidas que favorecieran la escolarización en centros privados con el consiguiente incremento de unidades concertadas y cierre de unidades públicas. Si el referente es la Comunidad de Madrid ya las conocemos. La deducción fiscal de 900 € por hijo por gastos de enseñanza para familias “con rentas de hasta 30.000 € por miembro de la unidad familiar”. La cesión de terrenos públicos de forma gratuita para la construcción de centros concertados. La no zonificación en el procedimiento de escolarización del alumnado.
En el lenguaje neoliberal, a esto le llaman "libertad de elección de centro". Se trataría, claro está, de garantizar el que las clases medias urbanas puedan elegir una educación a la carta: pública, democrática e integradora o privada, católica, segregadora por sexo, pura de raza, libre de pobres. El gobierno garantiza la gratuidad del menú.
Actualmente en la Comunidad de Madrid, la enseñanza pública escolariza al 52 % del alumnado de los tramos obligatorios. El 20 % de su alumnado es de origen inmigrante frente al 6 % de la concertada. Los
datos hablan. No es discutible si estos centros tienen o no capacidad
para seleccionar al alumnado, podemos discutir si es justo o no que lo
hagan. Nosotros y nosotras creemos que no.
Autonomía de los centros. Esta propuesta está tomada también de la Comunidad de Madrid. El ministerio fija el 65 % de los contenidos educativos y el 35 % restante corresponde a las comunidades. Se trata de ceder ese 35 % a los propios centros. El resultado es la consideración de la educación como una mercancía más, como si los centros educativos fuesen empresas de telefonía. De la misma manera que sucede en cualquier mercado, existen empresas más fuertes y empresas más débiles. En las zonas de poca población no queda otra que ofrecer una enseñanza para todos y todas, tarea para la pública. En las zonas de mayor población se desata la competencia. Algunos centros, públicos o privados, podrán presentarse como "de élite", priorizar determinados contenidos y no ofrecer ciertas enseñanzas, captar de esta manera cierto tipo de alumnado. Otro tipo de centros recogerá al resto. Esto supone la muerte de la educación integradora y comprehensiva. El que el alumnado de un centro sea diverso no se defiende sólo por equidad, se defiende por criterios pedagógicos. Unos aprenden de otras, interactúan, se relacionan en la escuela de una manera similar a como se relacionarán en la vida, lo contrario es vivir en una burbuja, lo contrario es el gueto educativo. La autonomía de centros también incluye la autonomía económica. Que los centros puedan decidir sobre ingresos y gastos con libertad. Alquilar las instalaciones del centro para prácticas deportivas como se sugiere, supone la privatización de un bien social. Actualmente ya se disfrutan esas instalaciones fuera del horario escolar, forman parte de aquello que llamamos "apertura de centros". Los centros se transformarían en cobradores de un bien privatizado. Podrían entrar en un mercadeo peligroso: reducir determinados gastos trasladándolos a las familias, adquirir compromisos de suministro
con empresas “amigas” o, llevado al extremo, cambiar el nombre del colegio por el de un patrocinador (¿podemos imaginar una Escuela de Educación Infantil Mc Donalds?) Malo de mezclar, negocios y escuela.
Nuevo estatus de director de centro público. Ya la LOCE de Esperanza Aguirre planteaba la creación de un Cuerpo de Directores que no tuviera responsabilidad docente. Si los centros se van a parecer a empresas, pongamos al frente a un gestor empresarial. Lamentablemente el arma ya está cargada. La Ley de Evaluación Docente proporciona el instrumento adecuado. No hay criterio distinto al del director si una parte de tu sueldo depende de su evaluación. El nuevo poder que se pretende otorgar da miedo: la capacidad de contratación de personal docente. No pensemos que son
"ocurrencias", hay que tomarlo en serio. Esto ya sucede en Cataluña para cierto tipo de puestos.
Evidentemente supone sustituir transparencia y criterios objetivos por el clásico "enchufismo" de los colegios privados. Es volver al franquismo educativo.
En frente nos tendrán. La comunidad educativa tiene que movilizarse.
4.- Tamos en crisis: Non a les prórrogues nes xubilaciones.
Tán paraes les ofertes d'empléu públicu, ensin qu'haya convocatories de nueves places pa entrar na alministración porque hai qu'apretar el cinchu, pero na Alministración Autonómica Asturiana siguen autorizándose prorrogues na xubilación cuando se llega a los 65 años
¿ Qué supón esto ?
¿ Qué supón esto ?
Lo primero, bloquéase l'accesu a esi puestu de trabayu, al que podría optar una persona que tenga falta trabayar y quiera entrar nes alministraciones públiques; amás, evítase la renovación de l'alministración
Lo segundo, l'erariu públicu asume un coste munchu mayor del que correspondería en casu de sacar esi puestu a oferta, porque'l salariu consolidáu y l'antigüedá de los funcionarios qu'opten a reenganchar perpasa lo que se pagaría a un nuevu funcionariu.
¿ Por qué y quién reenganchen ?
Sobre too, los empleaos públicos que reenganchen al cumplir los 65 años y hasta los 70, fáenlo porque perderíen munches perres al pasar a xubilaos: la pensión pública máxima, 2497'91 euros al mes ye menos de lo que cobren de l'alministración si permanecen nel serviciu activu. Nun nos engañemos, son sobre too empleaos públicos del grupu A1, Cuerpu Superior d'Alministradores o otros cuerpos asemeyaos los que reenganchen cuando-yos llega la edá de xubilase.
Sedría bon momentu esti de crisis pa plantegase dende l'Alministración del Principáu d'Asturies la oportunidá de contribuyir a la renovación de l'alministración pública y tamién al recorte del gastu del dineru públicu, tomando midíes que bloqueen l'autorización de nueves prórrogues pa la xubilación.
L'EBEP plantega nel artículu 67.3 " ... el derechu del funcionariu ( empleáu públicu ) a pidir la prolongación de la permanencia nel serviciu activu como muncho hasta los 70 años". Sicasí, el mesmu Estatutu nel mesmu artículu diz que "l'alministración pública competente deberá resolver de forma motivada l'aceptación o non de la prolongación".
Sofitándose nello, la CSI propón al Gobiernu Asturianu dos razones importantes pa nun conceder estes solicitúes: la necesaria renovación de l'alministración, qu'ayudaría a abrir les puertes del trabayu a los que nestos tiempos tan difíciles nun lu tienen, y la responsabilidá de contribuyir tamién con esta decisión al recorte del gastu de les alministraciones públiques, al recorte del gastu de les perres de toos.
En una situación de crisis como la actual, con la credibilidad de la clase política cuestionada por multitud de casos de corrupción que asoman por doquier, con un Caso Marea aún en proceso de instrucción que deja cuestionada ante la opinión pública asturiana la integridad, la ética y la moralidad de algunos empleados públicos a causa de su supuesta implicación en tramas de corrupción y de tráfico de influencias, sería un momento oportuno para predicar, más que nunca, con el ejemplo.
Por ello no deja de llamar la atención que quienes deben ser valedores del buen hacer, funcionarios encargados de velar por lo público, vigilantes del cumplimiento de las leyes, también las fiscales, puedan caer por un afán exclusivamente crematístico en situaciones de ilegalidad que cuestionan su actitud.
Nos referimos a esa pléyade de ímprobos funcionarios, algunos muy conocidos en la Administración Asturiana, con altas responsabilidades públicas en la mayoría de los casos, que ocupan puestos en la cúspide de los organigramas de sus Consejerías, que se dedican “en su tiempo libre” a hacer de preparadores de opositores a plazas del Principado de Asturias cobrando sus buenos emolumentos por ello, pero colaborando sin duda alguna a fomentar uno de los males de los que sufre este país, la economía sumergida.
Sin entrar en otros pormenores de esta anómala situación, en la que altos funcionarios preparan a aspirantes que examinarán y en su caso aprobarán sus propios compañeros, sí que parece poco defendible ocupar responsabilidades públicas, exigir desde dentro que ciudadanos y empresas cumplan escrupulosamente con sus obligaciones para con la Administración y para con el fisco por la mañana y pasar por la tarde a enjugar dinero negro por una actividad complementaria que supone lisa y llanamente un fraude fiscal y por lo tanto, un delito flagrante.
¿No debería la Inspección General de Servicios actuar de oficio para investigar esta situación, que por otra parte es de dominio público?
En calidad de Presidente del comité de empresa de TPA y con la legitimidad temporal que me otorga el cargo quisiera dirigirme a usted para informarle, aclararle e intentar arrancarle algún compromiso a favor de la continuidad de la radiotelevisión pública. Quisiera dejarle claro antes de nada que lo que a continuación se expone es mi opinión y la de mi sindicato y no es una posición consensuada en el seno del comité de empresa de TPA:
Como usted bien sabe la Radio Televisión del Principado de Asturias se puso en marcha hace ahora 6 años. Ya en su configuración inicial fue dotada de una plantilla mínima que tras una serie de externalizaciones se redujo aún más. Alrededor de la RTPA se configuran una serie de empresas de diferentes tamaños que prácticamente lo único que hacen es aportar mano de obra barata, muchas veces en condiciones severas de precariedad laboral y otras incumpliendo incluso la legislación laboral vigente. Para que usted se haga una idea gráfica sepa que en la plantilla de la RTPA no existen operadores de cámara y que el personal de producción de informativos y programas pertenece a empresas privadas. Esta circunstancia estructural muy característica en la RTPA encarece enormemente el precio de cada puesto de trabajo y dilapida recursos públicos que podrían ser empleados tanto en la mejora de las condiciones laborales como en la creación de más puestos de trabajo así como en la producción de contenidos audiovisuales hechos en Asturies, de calidad y para los asturianos, fomentando la información crítica y plural, el desarrollo cultural y la cohesión social. Contribuyendo todo ello a la formación de ciudadanos críticos con valores democráticos capaces de afrontar los retos a los que la sociedad asturiana y global se enfrentan en este inicio del tercer milenio.
Quien se dirige a usted a través de esta carta es consciente de la mala gestión y el despilfarro con el que se ha dirigido esta empresa. Hace mucho que me preocupa esta circunstancia y hace mucho que veo cómo la mayoría de mis compañeros tanto los de mi plantilla como los de las productoras y empresas auxiliares sufren y aguantan esta gestión que tanto ha afectado a sus ilusiones, a los sentimientos vocacionales con los que se afronta el trabajo en este sector, a sus condiciones más básicas de trabajo... menospreciando en definitiva su valía como profesionales. Muchos incluso no han aguantado a este momento.
Para sorpresa de algunos que aún hoy no han sabido hacerse autocrítica, con un partido nuevo, usted se pone al frente del Gobierno del Principado. En minoría. Sin capacidad para intervenir en la gestión del ente público de comunicación como sería lógico atendiendo a las reglas del juego, con una oposición atrincherada en una etapa política acabada y amparándose en la crisis económica, su Gobierno decide cerrar el grifo a la RTPA. Para decirlo de una manera gráfica y no tener que extenderme en la valoración que esta actuación me supone, entiendo que su Gobierno abofetea a los responsables del despilfarro y la mala gestión en la cara de los trabajadores, tratados como daños colaterales de una crisis económica y una gestión de la que no han sido responsables.
Usted debe reflexionar sobre todo esto y sobre las dramáticas consecuencias con las que estos mismos compañeros están afrontando ahora esta etapa de transición. A las precarias condiciones de trabajo y los salarios ajustados súmele ahora el impago de sus nóminas, los despidos y la incertidumbre laboral. Las consecuencias humanas son inasumibles. Son usted y su Gobierno responsables de los recortes que ahora asfixian a la RTPA y por tanto también lo son de esforzarse en la búsqueda de soluciones y de comprometerse públicamente con un nuevo modelo de gestión más allá de las declaraciones de carácter voluntarista y electoral sobre lo prescindible de la RTPA o el deseo de privatización.
Desde el respeto al cargo institucional que ocupa y la humildad con la que siempre creo haber afrontado la responsabilidad en la que me han puesto mis compañeros le invito a adquirir un compromiso público y claro en defensa de un modelo de radiotelevisión pública y transparente, sustentado en valores democráticos, dirigido por profesionales con criterios profesionales, respetuoso con la legalidad vigente y las condiciones de trabajo dignas y que apueste de manera clara por la pluralidad informativa y los contenidos audiovisuales de calidad, hechos en Asturies, a favor del desarrollo cultural, de los ciudadanos críticos, del tejido industrial, las economías locales y la cohesión social. Esta apuesta debe pasar por el mantenimiento del empleo tanto directo como indirecto y el pago inmediato de los salarios de todos los trabajadores sin tener que recurrir al FOGASA. La situación actual es insostenible. Que se recorte el despilfarro, la mala gestión y los privilegios, no los puestos de trabajo, ni la dignidad de los trabajadores ni los contenidos audiovisuales de calidad.
Le apelo en la misma linea a que se hagan todos los esfuerzos posibles para la puesta en marcha y desarrollo de un sector audiovisual potente no dependiente en exclusiva de la RTPA, que refuerce la sociedad del conocimiento y que pueda acoger el potencial humano al que dan formación todos los años las tres escuelas de audiovisuales existentes en el Principado.
Para empujar la transformación hacia una radiotelevisión pública sustentada en todo lo anteriormente mencionado y teniendo muy en cuenta la prioridad en el pago de los salarios de los trabajadores estoy seguro se podrá contar con todos los apoyos necesarios que aporten estabilidad. No para lo contrario.
Me despido con la confianza que esta carta le haga reflexionar y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Óscar Vega Presidente del comité de empresa de TPA y representante de la CSI en dicho comité.
Si deseas más información sobre este tema, puedes pinchar el siguiente enlace, en el que se fija la posición de la CSI sobre el mismo:
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