Fueya Febreru 2012

"Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena"
Martin Luther King

SUMARIU

1
EDITORIAL: NOSOTROS PAGAMOS SU CRISIS.
2
COMO NOS AFECTA EL DECRETO DE LOS RECORTES.
3
ACTIVIDADES JUNTA DE PERSONAL.
4
COMISION PARITARIA PERSONAL LABORAL.
5
GOBIERNU PREPARAU PA LES PROTESTES.









1.- EDITORIAL: NOSOTROS PAGAMOS SU CRISIS.
Las medidas siempre van en la misma dirección: proteger a los poderes financieros y endurecer las condiciones de los trabajadores y de lo que ahora se denomina clases medias. 

  
NUEVAS MEDIDAS ANTICRISIS: UNA VUELTA DE TUERCA MÁS.

Llega el nuevo Gobierno del PP y apremiado por la presión que los “mercados” ejercen sobre nuestro país, toma las primeras medidas de urgencia para combatir la situación de “crisis” en que está sumida la economía española. Y como no podía ser menos, las medidas suponen de nuevo ajustes y recortes, una vuelta de tuerca más que nos hará más pobres y con menos derechos.
Seremos una vez más los trabajadores por cuenta ajena y los pensionistas los paganos de esta crisis, de la que no tenemos ninguna culpa. El partido gobernante se pasa años divulgando que no subirá impuestos, centra su campaña electoral en anuncios de rebaja de impuestos y su primera medida económica consiste precisamente en hacer lo contrario. Una estafa. Da igual, la sociedad permanece adormecida, indolente, sumisa y cautiva, asumiendo lo que nos venga encima como si de un castigo divino por haber llevado una irregular vida de derroches y despilfarros se tratara.

EL DISCURSO ÚNICO SE IMPONE: VIVA EL DIOS MERCADO.

Tres agencias de calificación, estadounidenses las tres, son las encargadas de dictar cada cierto tiempo venturas o desventuras para las economías de los países de la Unión Europea y como si de las Tablas de Dios se tratara, los gobiernos acatan las sentencias y obedecen sin rechistar las instrucciones asumiendo las medidas que se les imponen, que siempre van en la misma dirección: proteger a los poderes financieros y endurecer las condiciones de los trabajadores y de lo que ahora se denomina clases medias.
Parece no haber alternativa a este discurso, el discurso único, el discurso de los mercados; se cambian gobiernos y gobernantes sin elecciones de por medio, como ocurrió en Grecia o Italia, con el nombramiento de tecnócratas muchas veces vinculados a las grandes agencias de calificación o a las instituciones financieras corresponsables del nacimiento de esta crisis.
Ya no gobiernan los políticos, gobiernan los mercados; nos bombardean desde los medios de comunicación con cifras macroeconómicas, problemas financieros, la deuda, las primas de riesgo y el pueblo asiste compungido a una descarga de desgracias que se van sucediendo sobre sus vidas sin que se atisbe capacidad de reacción alguna.
NOSOTROS PAGAMOS SU CRISIS. NI SALARIOS DIGNOS, NI DERECHOS.

Pero detrás de todo esto, detrás de una crisis generada por el afán especulativo de los grandes grupos financieros,  lo que hay es una verdadera ofensiva de estos mismos grupos, de los poderes fácticos,  de los defensores a ultranza del neoliberalismo, para asegurarse su futuro y de paso recortar avances sociales. Una ofensiva que está llevando a que desaparezcan de golpe y plumazo derechos sociales y laborales cuya conquista costó décadas de lucha conseguir y compromiso de mucha gente.
Se congela el Salario Mínimo Interprofesional, dejándolo en unos vergonzosos 641,40 euros mensuales, lo que indica bien a las claras el camino de protección a los más desfavorecidos que va a llevar este Gobierno. Y por si no hubiera bastante con la degradación actual del mercado laboral, con jornadas laborales de 50 ó 60 horas semanales, sueldos del entorno de los 1000 euros o incluso más bajos, sin pagas extraordinarias, con un incumplimiento flagrante de los convenios y los contratos, con despido prácticamente libre, los empresarios exigen una vuelta de tuerca más mediante una reforma laboral, otra más, que ya dejan en manos del gobierno del Partido Popular, sabedores de que va a ir en la línea de sus intereses.

REBAJAS SALARIALES, DESPIDOS, CIERRES Y DESHAUCIOS: ELLOS GANAN,  NOSOTROS PERDEMOS.

Las consecuencias de estas medidas son catastróficas para la sociedad en general y para los trabajadores en particular. Cinco millones de parados, cada vez más sin prestación alguna, miles de negocios y empresas que echan el cierre, gente desahuciada de sus viviendas por no poder afrontar las cargas de su hipoteca.
Se sube el IRPF y nos dicen que en febrero ya se notará la rebaja en nuestras nóminas, pero no se ataca la economía sumergida, escandalosa en este país, donde se sigue considerando al que defrauda como alguien a imitar, ni se atacan las sociedades y mediadores interpuestos por las grandes fortunas para eludir impuestos. Con esta subida, de nuevo somos los asalariados los paganos, convirtiendo las congelaciones salariales en rebajas salariales. Rebajas para los trabajadores y también para los pensionistas, que verán reducida la cantidad de su pensión a causa de estas subidas en las retenciones.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, DE NUEVO CHIVO EXPIATORIO

Y por supuesto, los empleados públicos estamos a la vanguardia para contribuir a la solución de su crisis. Una nueva congelación (rebaja por aumentar el IRPF) que nos lleva a que nuestros ingresos estén hoy al nivel de lo que cobrábamos en el año 2007, unido a la desaparición de las Ofertas de Empleo y a la eliminación de la tasa de reposición de bajas y vacantes, lo que sin duda rebajará la calidad de los servicios públicos que prestamos.
La imagen que se traslada de los empleados públicos hacia la sociedad ha llegado a que casi debamos pedir perdón por tener un puesto de trabajo estable y con derechos, en un tiempo en que se sufren ataques por todas partes contra la estabilidad y contra los derechos de los trabajadores. Da igual, tal parece que los empleados públicos también asumimos incluso con alegría, que nos congelen de nuevo el salario, porque ahora mismo tenemos la espalda abierta para que nos den la estacada que les apetezca.

2.- COMO NOS AFECTA EL DECRETO DE LOS RECORTES.

¿DÓNDE  NOS AFECTARÁ OBLIGATORIAMENTE?

EN LAS RETRIBUCIONES.
El Decreto es contundente con la congelación de todas las retribuciones de todos los Empleados Públicos tanto estatales, locales, autonómicos como organismos públicos, y no permite margen de maniobra ni posibilidad de escapismo por parte de ninguna Administración.
La aplicación de la medida por la que se prohíben las aportaciones de las Administraciones Públicas a los Planes de Pensiones, supondrá igualmente una rebaja del 0,3% de nuestra masa salarial, que hay que sumar a la rebaja de los salarios por el incremento del IRPF en las nóminas.

EN LA CARRERA PROFESIONAL.
El Decreto coloca en el limbo el futuro del complemento vinculado a la carrera profesional. Deja claro  que no se continuará con el desarrollo de la carrera allí donde no se haya implantado y es dudoso que vayan a admitir  nuevas incorporaciones.

EN LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES.
El artículo 3.1 establece que no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo las ofertas de empleo que queden pendientes de ejecución de procesos selectivos de ejercicios anteriores.

EN LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS INTERINOS.
El artículo 32 tiene carácter básico y en él se establece que no se cubrirá ninguna vacante con interinos, salvo una de cada diez en los servicios esenciales como los Cuerpos de Seguridad, Sanidad o Educación.

¿DÓNDE DEPENDERÁ DE LA NEGOCIACIÓN AUTONÓMICA?

EN LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO.
El artículo 4 establece que en el ámbito de la Administración del Estado la jornada de trabajo será como mínimo de 37 horas y media semanales, es decir que la aumentan en dos horas y media. Aunque este artículo es sólo para los Empleados Públicos del Estado, después cada Administración autonómica es libre de aplicarlo o no.

EN LA AMORTIZACIÓN DE LAS VACANTES POR JUBILACIÓN.
En la Administración del Estado se  amortizarán todas las plazas de las personas que se vayan jubilando. Pero esta norma tampoco tiene carácter básico, por lo que la Administración Autonómica dispone de margen de maniobra si así lo desea.
HAY QUE DAR RESPUESTAS, HAY QUE DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EMPLEO CON DERECHOS.

La Corriente Sindical d’Izquierda, sindicato alternativo, de clase y asturiano, va a promover la movilización a todos los niveles, también entre los empleados públicos, para combatir el discurso único que hace responsables de la actual crisis a los trabajadores, a los pensionistas, a los parados, hombres, mujeres y jóvenes, que lo único que hacen es intentar vivir cada día del salario que se les proporciona por su trabajo. 

3.- ACTIVIDADES JUNTA DE PERSONAL.
 A continuación os resumimos alguna de las principales actividades de la Junta de Personal, así como algunas novedades en relación con el personal funcionario.


Reunión  con el Consejero de Hacienda y Sector Público. El pasado 20 de diciembre tuvo lugar este encuentro, en el que la Junta de Personal le presentó dicho documento; a lo largo de tres horas se desgranaron y discutieron una a una las 22 medidas con las propuestas que la Junta hacía para recuperar y avanzar en los derechos de los empleados públicos, mejorar la gestión de la Administración asturiana y fortalecer los valores públicos y democráticos que deben presidir la actuación administrativa. Os resumimos los principales temas tratados.
Libre Designación. En este momento se está tramitando la novena modificación de la Ley 3/85, en la que se da una nueva redacción al artículo relativo a esta forma de provisión de puestos. Así, se reduce su utilización a supuestos excepcionales y justificados.

Concursos de Méritos. En esa misma modificación de la Ley 3/85 se modifica la redacción de la Ley 14/10, dejando claro que el recurso a la memoria y la entrevista se realizará sólo en casos de “conocimientos o experiencias profesionales de especial complejidad o singularidad, o de puestos que por su contenido sea adecuada una valoración cualitativa de los méritos”.

En ambos casos la Junta de Personal, y por supuesto la Corriente, nos congratulamos de estos cambios, que vienen a deshacer lo perpetrado por la llamada “ley de blanqueo”, la 14/10, aprobada para eludir el cumplimiento de reiteradas sentencias contrarias a la política de personal del anterior Gobierno. Únicamente echamos en falta que también se cambiara lo previsto para las comisiones de servicio, cuya duración máxima (en teoría) había sido aumentada por dicha ley de uno a dos años.

Tribunales de selección. Se tomarán medidas para conseguir una mayor imparcialidad y objetividad en la elección de sus miembros. Se barajaron, sin concretar, mecanismos como elaboración de listas, sorteo… También se habló de la necesidad de elaborar un código deontológico con unas normas de funcionamiento de estos tribunales y unas limitaciones (por ej., referidas a ex –políticos, ex –Consejeros…).

Personal eventual de confianza, o de Gabinete. Se elevará al Gobierno la propuesta de dar publicidad a lo relativo a este tipo de personal: número, nombramiento, cese, retribuciones… Quizá así se evite que algún Consejero (a) lleve siempre consigo a familiares y amistades cuando cambie de Consejería.

Gratificaciones extraordinarias. Hubo acuerdo en la necesidad de darles publicidad, para lo que se barajaron posibilidades como BOPA, tablones…
Utilización por la Administración de empresas públicas, asistencias técnicas… El Consejero convino en la necesidad de un mayor control en la utilización de estos mecanismos de gestión de servicios públicos. Si hay medios propios, deben utilizarse; y se debe evitar el prestamismo laboral de trabajadores de estas empresas en la Administración.

Inspección de Servicios e Intervención General. Se estuvo de acuerdo en potenciar la labor de estos órganos en cuanto a control de incompatibilidades, control de la ejecución de la contratación pública y de las subvenciones que les competan. Igualmente se le dará mayor publicidad a su labor con la publicación de una memoria anual.

Control y supervisión de proyectos de obras. Se acogió positivamente la propuesta de unificar en un sólo órgano de supervisión los ya existentes.

Publicidad de contratos de la Administración. Este petición ya se materializó a través del “Perfil del contratante”, en la web institucional del Principado.

Publicidad de las sesiones de los Organismos públicos colegiados en materias como urbanismo, medio ambiente o patrimonio histórico.  Se valora el hacer públicos, como mínimo, sus Acuerdos.

Denuncia de la corrupción por parte de los empleados públicos. Se solicitó favorecer la denuncia de los indicios o señales de corrupción o situaciones anómalas por parte de los empleados públicos mediante un mecanismo que garantice la no existencia de represalias. Se valoró positivamente por el Consejero, quedando en estudiar la fórmula.

Obligación de dictar resolución expresa en las reclamaciones relacionadas con la gestión de personal (listados de pruebas, exámenes, concursos de traslados, reconocimiento de servicios previos, permisos, vacaciones…). Aunque ya existe la obligación de contestar (obligación incumplida en muchas ocasiones) se comprometen a hacer que se cumpla a partir de ahora.

Abanico salarial. Por supuesto hubo temas en los que no se produjeron avances, por motivos diversos. Así, ante la petición de disminución del abanico salarial y una tabla de retribuciones más justa, el Consejero se refugió en la actual política de contención del gasto y en la imposición de la congelación salarial. Pero la Junta de Personal le recordó que, sin variar la masa salarial, el Principado sí puede jugar con la distribución de las cantidades correspondientes a Complementos por grupos y escalas – por ej., el C. de Carrera Profesional u otros-.

Conclusión. En general, la Junta de Personal valoró positivamente la disposición del Consejero (que estaba acompañado del Viceconsejero de Sector Público y de los Directores Generales de Función Pública y de Organización e Inspección) a entrar a fondo en todos y cada uno de los puntos recogidos en el documento. No obstante, salvo la modificación de la Ley 3/85 y la publicidad de la contratación pública, todos los demás acercamientos quedaron a expensas de su posterior plasmación en hechos concretos. La Junta de Personal, obviamente, seguirá de cerca esa hipotética plasmación y la forzará con los medios de que dispone (medios de comunicación, contactos políticos, etc.).

Por cierto, ha sido una agradable sorpresa comprobar el interés de los medios de comunicación más importantes de Asturies en este documento: televisiones, radios y periódicos informaron puntualmente de su contenido y de los contactos con el actual Gobierno para su discusión.

Aumento de jornada. Lógicamente, cuando se hicieron públicas las primeras medidas del Gobierno del Partido Popular referidas a las administraciones públicas, los empleados públicos asturianos se preguntaron cómo nos afectarían. La congelación de salario sí es de aplicación a todas las Administraciones, pero no así el aumento de jornada, que es potestad de cada ámbito. Puestos en contacto con los responsables del gobierno asturiano, a la Corriente Sindical d’Izquierda se nos aseguró que no hay ninguna intención de acometer una medida en tal sentido. Así, al menos de momento, pensamos que podemos estar tranquilos; decimos “de momento” porque ignoramos si esa decisión se mantendría en caso de presiones por parte del Gobierno estatal a las Comunidades Autónomas.

Ciertamente, no se entiende muy bien esta medida del Gobierno Rajoy: de nada servirá en cuanto a creación de empleo ni en cuanto a mejorar la calidad de los servicios públicos prestados. Únicamente se trata de un golpe de imagen ante una opinión pública manipulada y ante sus amos financieros.

Escalas a Extinguir.  La existencia de las escalas a extinguir es un problema antiquísimo que afecta a 264 compañeros funcionarios, que se encuentran en esta situación por los más diversos motivos: transferencias, problemas con titulaciones, laboralización de ámbitos, etc. El estar encuadrado en una escala a extinguir supone estar atrapado en una trampa sin posibilidad de pedir excedencias, de movilidad voluntaria, de promoción profesional, etc. La voluntad política (único requisito que se necesita para su solución) brilló por su ausencia en todos los gobiernos anteriores; ahora, la Junta de Personal emplazó a los nuevos responsables de Función Pública a abordar de forma seria y efectiva el asunto. En una primera reunión se nos presentó un estudio que arroja luz y datos sobre la situación verdadera de todos estos compañeros, y quedó claro que se necesitaría un estudio largo y profundo de todas y cada una de las situaciones con las que nos encontramos, algo que reclamamos desde la Junta y que parece ser que se va a producir. No obstante, la impresión con la que salimos de la reunión no puede ser optimista ante la diversidad de posturas de los distintos responsables de Función Pública presentes. El tiempo dirá si por fin estos compañeros y compañeras pueden tener alguna esperanza o seguirán purgando en el tiempo su absurda situación.

Tramitación de las Relaciones de Puestos de Trabajo. Los Decretos de Estructura Orgánica de las distintas Consejerías daban un plazo de seis meses para la publicación de las nuevas RPTs, plazo que se cumple entre febrero y marzo. A fecha de hoy nos consta que sólo una o dos Consejerías han presentado a Función Pública su propuesta; y también nos consta que el motivo son sus reticencias a aplicar las famosas “Pautas” que se les trasladó y que implicarían acometer importantes modificaciones en lo referente a varios tipos de puestos.  No sabemos qué decisión se tomará desde Función Pública si se cumple dicho plazo sin recibir las propuestas de todas las Consejerías, pero sí sabemos las consecuencias prácticas para otros colectivos: en tanto no se publiquen las RPTs no se convocarán los concursos de traslados y no se efectuarán las tomas de posesión pendientes. En este sentido hay una novedad, como es el ofrecer las vacantes que hayan quedado desiertas en anteriores concursos a las personas que habían superado las pruebas de Auxiliar y estaban esperando para tomar posesión.


4.-  COMISIÓN PARITARIA PERSONAL LABORAL.

Después de muchos meses de inactividad de esta comisión, la misma se reunió los días 15 y 22 de diciembre, con una acumulación considerable de temas a tratar, así que  resumiremos los de más interés por lo que afecta al conjunto de trabajadores laborales de esta administración.

La administración plantea regular el complemento de peligrosidad en el colectivo de Auxiliares Educadores, y entrega un documento para su análisis. Se debate la existencia de sentencias que recogen el cobro del citado complemento, y que el problema surge con la movilidad dentro de cada sede en los que el criterio utilizado es que no existe cambio de puesto. La administración plantea aplicar los complementos vinculados a los puestos en los centros de trabajo obtenidos en el concurso de traslados y que sean de educación especial. Se aplaza la decisión a la próxima paritaria para estudiar la propuesta por escrito de la propia administración.

En el centro Arco Iris los ATS a tiempo parcial no cobran ni la peligrosidad ni la penosidad, siendo el único centro de discapacidad en que no se cobra. La administración argumenta que así está en el catálogo tras acuerdo de consejo de gobierno y no piensan modificarlo, no hay acuerdo pese a que todos los sindicatos pedimos su cobro.

En el Materno-Infantil los Auxiliares Educadores del turno de noche recibieron órdenes de desempeñar exclusivamente las funciones de su categoría, piden a la administración que defina con instrucciones concretas, ya que como están a mínimos realizan todas las funciones que se precisen para atender a los menores. Es obvio que no importa el turno para atender de la misma forma a los menores y que hay una deshomologación salarial al haber dos categorías con funciones similares. La administración manifiesta que las funciones vienen recogidas en convenio y en sentencias. No hay acuerdo.

De forma similar se plantea el problema de las Auxiliares Educadoras en el Materno-Infantil donde desde el año 2006 existe un documento dónde se indica que las funciones son las de Técnico Educador, y así se cobraba y en octubre se recibe orden de que dejen de hacer esas funciones y no se paguen. La administración insiste en que se incumple el Convenio y pide que cada colectivo cumpla con sus funciones e insiste en que hay sentencias desestimando la reclasificación junto con nuevas demandas, proponen esperar a la resolución de estas últimas y que acataran lo que decidan los tribunales.

Se plantea que los trabajadores jubilados parcialmente no disfrutan de los días que recoge el EBEP por trienios, aunque en un principio fueron concedidos con posterioridad se están denegando. La administración manifiesta que aplicará sólo los permisos recogidos en el convenio y cuenta con una sentencia que lo avala. Todos los sindicatos nos oponemos a una interpretación tan restringida. No hay acuerdo.

Compensación de horas extraordinarias de los excesos de jornada en el ERA. Todos los sindicatos consideramos que los excesos de jornada deben tener la consideración de horas extras, y ser tratadas tal y como recoge el convenio, teniendo el trabajador la opción a su compensación. La administración considera que debe contemplarse dentro de un ciclo de trabajo, y entienden como horas extras las que superen las 35 horas en el promedio del ciclo, también dicen no tener constancia de que se esté obligando al trabajador a disfrutarlo en un determinado momento, siempre y cuando este lo compense dentro del ciclo, y afirman que no hay modificación de cartelera. No hay acuerdo.
En el caso de personal temporal se da la circunstancia que tienen que trabajar 2 meses para generar el primer día de asuntos propios y en sucesivos contratos el resto y en los centros se deniegan los permisos si no están generados en el mismo centro de trabajo. La administración recomendará el disfrute de los permisos en el periodo de vigencia del contrato y dentro del año natural.

 Se plantea que en un mismo centro de trabajo hay operarios que desempeñan funciones de limpiador y otros de operarios de servicios y se solicita que se especifiquen esa diferencia. La administración señala que el puesto es de operario de servicios y  que la correspondiente SGT detalló las funciones y se atienen a esa respuesta, aunque se compromete a estudiar los casos concretos.

Se solicita un protocolo de actuación en temas de conciliación de vida personal , laboral y familiar y en aplicación de la Ley de Igualdad, basándose en una denegación  de una adaptación de jornada, pese a los informes favorables al respecto y un estricto cumplimiento de horario. Se pide una definición clara del procedimiento a seguir para su tramitación. La administración informa que estos temas corresponden a cada consejería y conviene hacerlo a través cada centro de trabajo quién debe elaborar el primer informe, y se comprometen a activar un protocolo.

A los expertos docentes no se les está aplicando el Convenio Colectivo y si disfrutan de permisos recogidos en el mismo están obligados a compensarlo prorrogando su jornada laboral. La administración responde que están fuera del convenio, por tanto fuera de discusión en esta paritaria, y que tienen una relación con la administración basada en cada una de las sentencias que existen en la materia. Los sindicatos entendemos que la propia Ley de creación del SEPEPA (dónde están adscritos por sentencia) los reconoce como personal laboral dentro del Convenio Colectivo del Principado de Asturias. La administración entiende que no y que les aplica el Estatuto de los Trabajadores, y que su inclusión corresponde a la negociación del convenio.

En materia de puestos compatibles se pide que se active la Comisión de Puestos Compatibles dado el incumplimiento sistemático de la administración de los informes de adaptación de puestos de trabajo. La administración contesta que este asunto responde a una cláusula obligacional del convenio y no se aplica el procedimiento porqué está caducado, adaptándose los puestos cuando es posible, hace referencia a que los informes médicos del Servicio de Prevención no recomiendan cambio de puesto.  Entendemos que la Comisión debe de mantenerse y la paulatina desaparición de puestos susceptibles de ser adaptados por la progresiva privatización de los mismos nos lleva a esta situación, más grave aún con los recortes de puestos que nos esperan y con las plantillas a mínimos.

Permisos por cuidado de hijos, se pide se aplique el EBEP que permite la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta 12 años. La administración dice que ese artículo del EBEP sólo se aplica a  los funcionarios. Los laborales tenemos reducción de jornada hasta los 8 años.

Sobre la acción social del año 2011 la administración manifiesta que no hay asignación presupuestaria, y que el TSJA obligó a la concesión de las ayudas sociales del 2010.

Se trata el tema de la necesidad de seguro que cubra los desplazamientos en vehículo propio, caso de los fisioterapeutas de Educación y ERA comparándolos con los maestros itinerantes a quienes si compensan. Se está negociando a través del Comité de Empresa estando a expensas de lo que diga Educación. La administración recuerda que hay dos seguros el de Accidentes de Trabajo y el de Responsabilidad Civil, y que de momento no se puede afrontar, a negociar en convenio.

Se denuncia que los Auxiliares Educadores que trabajan en turno de noches disfrutan de menos festivos que el resto, la administración dice que lo comprobará, aunque al tratarse de jornadas de 10 horas entiende que tienen condiciones laborales distintas.

Quedan pendientes para la próxima paritaria los asuntos presentados en varios referidos a permisos por enfermedad grave, días adicionales de vacaciones por cierre de centros de trabajo, y temas de superior categoría.

5.- GOBIERNU PREPARAU PA LES PROTESTES.

EL GOBIERNU PREPÁRASE PA LES PROTESTES. GAS LLAGRIMOSU Y BOMBES DE FUMU POR VALOR D'UN MILLÓN Y MEDIU D'EUROS Y 100.000 BOLES DE CAUCHU PA DILIR MASES “AGRESIVES”

    Faciendo como'l gobiernu anterior, l'actual gobiernu anticrisis de Mariano Rajoy prepárase p'amordazar la previsible rempuesta social a les polítiques de disciplina y axuste y failo con ún de los argumentos que más-y presta a la derecha, la nomada cuestión d'orde públicu ( identificada como orde policial y non como xusticia social ). Pa ello, sigue alantre'l contratu pa que la Guardia Civil merque a preciu de 0'99 euros unidá, 100.000 boles de cauchu " pa dilir mases agresives " y yá mercó gases llagrimosos y bombes de fumu (perdón preseos llagrimosos y fumiosos) por valor de 1'5 millones d'euros, según ta afitao nel BOE del pasáu 31 d'avientu. Según el BOE tán destinaos al usu de la Guardia Civil y el contratu de la compra diéron-ylu a la empresa Falken S.A.

   Supónse que mases agresives van entamar a francer la paz social y qu'habrá que dililes. Entrugámonos si ye que quieren dilir el desfile que vien de la Pascua Militar, porque masa más agresiva qu'un exercitu nun se nos ocurre, pero nun paez el casu. Tampoco paez que quieran dilir a los banqueros, porque anque son agresivos nun son masa.
   D'esti xeitu la entruga poles pelotines de goma ta clara: ¿A quién quieren callar a bolazos?
    El gobiernu, paez ser, asítiase nel más gafu de los escenarios: les polítiques antisociales que tán imponiendo quiciás xeneren un escomanáu rechazu social y nestos casos yá se sabe que'l diálogu del recetariu neolliberal ye palu y cenahoria, agora más bien palu porque quiciás comprobaron que la capacidá d'auto-organización de la xente ye mayor que la qu'esperaben.
    Total, que yá nos amosaron un nuevu rostru del estáu del malestar: la Guardia Civil va salir a dilinos como " masa agresiva ", anque hasta agora nos comportásemos más bien como una sociedá cívica y organizada p'algamar llogros políticos.


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