Este lunes día 24, tuvo lugar la reunión de la Mesa
Sectorial de Negociación del personal funcionario de Administración y
Servicios, convocada por la Administración, para abordar un orden del día con
dos únicos puntos:
1.- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas
urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria.
2.- Propuesta de Acuerdo por el que se adecua el Acuerdo de 25 de febrero de 2005 sobre Derechos y Garantías
Sindicales.
Previamente al desarrollo de los puntos del orden del día,
el Director General de Función Pública informó de la convocatoria de Mesa
General de Administraciones Públicas a la que asistió el pasado viernes día 21
en Madrid, celebrada a petición de UGT, CCOO y CSIF, en lo que pareció
ser una convocatoria de esta Mesa General con la única
intención de suspender la incorporación prevista para el 1 de
octubre de cientos de liberados sindicales a sus puestos de trabajo. El
Director General informa que así se pidió por parte de esos sindicatos expresamente
a los responsables de la Administración Central y que para aprovechar el
tiempo, se crearon Mesas Técnicas en un marco de diálogo social con el fin de
ver las posibilidades que hay para amortiguar esta medida gubernamental, la de
la suspensión de las liberaciones institucionales. Por la información recibida,
no parece que el "diálogo social" entre Administración y sindicatos
vaya más allá, es decir, los recortes que viernes sí viernes también nos siguen
machacando, de momento no son negociables.
1.- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria
El Director General de Función Pública de la Administración
Asturiana, expone que todas las modificaciones del Decreto de Jornada responden
a la imposición del Gobierno Central, eliminando todos aquellos permisos que están
por encima del EBEP excepto el permiso de 2 días por cambio de localidad cuando
se produce un cambio de residencia, el día por nulidad, separación o divorcio,
el día por acompañamiento de familiar por cirugía mayor ambulatoria o la
referencia a la compensación cuando los días 24 y 31 de diciembre caen en
sábado o festivo. El resto de permisos que había en el Decreto de Jornada
asturiano por encima del EBEP se suprimen, pasando ese Estatuto a ser la
verdadera norma de referencia.
Nos explicó también la modificación de los complementos
retributivos para las situaciones de IT, que pasará a ser del 50% los tres
primeros días, 75% del 4º al 20º y del 100% a partir del 21º, tope máximo que
permite la legislación estatal, según se manifiesta, quedando pendiente dar una
redacción sobre qué retribución es la aplicable para determinar estos
porcentajes y el carácter de la excepcionalidad para determinar las situaciones
de IT por "contingencias comunes que generen hospitalización, intervención
quirúrgica o deriven de un embarazo" a los que se refiere la normativa
estatal como causas en las que se podrá mantener "hasta el 100%" el
complemento retributivo.
Y como tercer bloque de este Proyecto de Ley, que según se
dijo, tendrá desarrollo reglamentario, informó de las medidas en materia de
función pública que se adoptan para la supresión de la paga extra a los altos
cargos, de la suspensión de la prolongación de la permanencia en el servicio
activo y de la supresión del complemento retributivo de alto cargo.
La Corriente expuso su rechazo frontal a estas
modificaciones, que únicamente suponen eliminación de derechos, esta vez en materia de vacaciones,
permisos, licencias e IT, pero que se unen a las ya sufridas en materia de
retribuciones o jornada. Sí expresamos nuestro acuerdo con dos de las medidas
contempladas: la suspensión de la prolongación de la permanencia en el servicio
activo y la supresión del complemento de alto cargo, medidas ambas que opinamos
que nunca deberían haber salido adelante, pero planteamos que nuestra organización sindical no va a suscribir
ningún texto que implique recortes y eliminación de derechos sociales y
laborales.
Planteamos también la injusticia que supone eliminar algunos
permisos, como por ejemplo los 10 días justificados que incluían los 5 de
preparación de exámenes, o los 3 ó 5 días de compensación por obligar a coger
vacaciones en fecha determinada por cierre de centro o por ser imposible
disfrutarlas en los meses de verano por necesidades del servicio, incidiendo en
que esta Administración va más allá de lo que la ley le obliga en las medidas
de recorte, pero la petición expresa de
la CSI fue que la Administración Asturiana demuestre que siendo como es de distinto
color político que la del Estado y manifestando públicamente el partido que
sustenta al Gobierno Regional que tienen otra forma de afrontar la crisis,
prediquen con el ejemplo y retiren este texto de aplicación de recortes para
pasar a negociar otro con la representación sindical que enfoque los ajustes de
otra manera. Petición que, obviamente, quedó sin respuesta.
En general, en mayor o menor medida se manifestó un rechazo
a las modificaciones propuestas por parte de toda la representación sindical
presente en la Mesa. En realidad lo que la Administración nos traslada es su
aplicación de los recortes aprobados por el Gobierno de España y fue común la
opinión sindical de que en esta aplicación, la Administración Asturiana
aprovecha el viaje para ajustar más de lo que debiera.
Al margen del rechazo a lo global y de lo ya dicho sobre los
10 días justificados o los de compensación por obligatoriedad de disfrute de
vacaciones, se hicieron algunas propuestas concretas, por ejemplo para poder
sumar los exiguos moscosos que dejan a los días de vacaciones, para eliminar el
bloque mínimo de 5 días para disfrutar vacaciones o para mantener algunos
permisos que ahora desaparecen, cuestiones todas ellas sobre las que la
Administración no se pronunció expresamente a expensas de que nos remita en
estos días una nueva redacción que se pretende sea ya definitiva. Pero sí
expresó de nuevo el Director General que lo que se quita es por imperativo
legal, que la situación es gravísima, crítica, que no hay ingresos, que aquí
hay un Plan Económico-Financiero que cumplir y que todas estas medidas son
necesarias.
2.- Propuesta de Acuerdo por el que se adecua el
Acuerdo de 25 de febrero de 2005 sobre Derechos y Garantías
Sindicales.
El Director General de Función Pública plantea que la idea
de "Madrid" es suspender los acuerdos sindicales que estén por encima
de lo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público para representantes
del personal funcionario, del Estatuto de los Trabajadores para representantes
del personal laboral y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para representantes
de secciones sindicales. Recuerda que el compromiso en Asturias es suprimir los
44 liberados institucionales, su receptividad a que se mantengan las bolsas
para acumular las horas sindicales y que la Administración Asturiana quiere
llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales en este asunto.
Sobre este particular hay muchos y fuertes intereses
afectados, algunos organizativos y otros simplemente personales, ya que las
medidas que modifican este Acuerdo implican que varias decenas de liberados sindicales
tienen que retornar a sus puestos de trabajo el 1 de octubre, alguno de ellos
tras más de dos décadas de ausencia, en una Administración Asturiana que cuenta
con un total de 158 trabajadores públicos dispensados totalmente del servicio,
una cifra que habla por sí sola. Las presiones son pues muy fuertes, tanto a
nivel estatal como en nuestra Comunidad. El Director General expuso que pese a
las insistentes indicaciones de algunos sindicatos de que otras Comunidades
Autónomas e incluso la Administración Central iba a "levantar la
mano" con estas medidas, él no tenía ningún dato que indicara que ni los
términos legales ni los plazos de aplicación vayan a variar. Ya veremos.
En nuestro turno de intervención, la Corriente dijo de mano
que no vamos a entrar en el mercadeo de liberados, se recordó que somos el
único sindicato que se negó a firmar el vigente Acuerdo llamado de Derechos y
Garantías Sindicales, ya que no compartíamos los términos del mismo y a día de
hoy seguimos rechazándolo; en su momento nos manifestamos en contra de las
liberaciones institucionales y hoy estamos de acuerdo con su supresión. La CSI dejó clara nuestra oposición a cualquier
acuerdo que conlleve privilegios en el uso de los derechos sindicales.
Como cuestiones concretas, sí planteamos que las horas
sindicales que correspondan a los delegados y delegadas elegidos por cada
organización se deberían poder agrupar para un mejor funcionamiento. También
propondremos por escrito que se establezcan unos mínimos de créditos horarios para
los representantes en comités de personal laboral de ámbito muy reducido o que
los órganos de representación reciban una compensación económica por los gastos
que les ocasione su funcionamiento habitual, compensación que puede ser en
forma de subvención o con el pago del importe del gasto ocasionado (ni las
Juntas de Personal ni los Comités de Empresa tienen ingresos propios).
A lo largo de esta semana habrá
nuevas reuniones “negociadoras”. Este mismo viernes se celebrarán sendas
reuniones de Función Pública con la Junta de Personal Funcionario y la Comisión
Paritaria del personal laboral; en ellas esperamos conocer la situación
definitiva en la que quedan todos estos asuntos.
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