Con fecha de 17 de octubre de 2012, la Corriente Sindical d’Izquierda de la Administración Autonómica, se dirigió al Presidente del Gobierno Asturiano, Javier Fernández Fernández, solicitando el adelanto de la paga extra de diciembre a todos los empleados públicos en los siguientes términos:
“Que con el objetivo de minimizar el impacto económico que supondrá en el bolsillo de los Empleados Públicos Asturianos la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gobierno a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio, se implanten fórmulas como la utilizada por el Gobierno Foral de Navarra, y las propuestas en varios Ayuntamientos de diferentes Comunidades Autónomas, y se posibilite que en el Principado de Asturias se adelante a los días, a modo de ejemplo, 3 de enero y 3 de julio, el cobro de las pagas extraordinarias de los empleados autonómicos entre 2013 y 2015, lo que se realizaría sin incremento presupuestario.
Que se realicen todos los informes y estudios que sean necesarios para aplicar en la Administración Autonómica del Principado de Asturias, el “modelo navarro” sobre las pagas extras, y se abra un proceso negociador para el periodo 2013-2015 que permita recuperar las cuantías detraídas en el año en curso con la supresión de la paga extra, y minimizar su repercusión en los propios trabajadores y en el tejido social asturiano.
De esta manera, se busca garantizar el cumplimiento de la ley, pero también que los empleados públicos no tengan una reducción real de ingresos, y paliar así los efectos de la suspensión obligatoria de la paga extraordinaria de 2012 decretada por el Gobierno, en el conjunto de la sociedad asturiana al reducir hasta en un 20%, el poder adquisitivo de treinta y cinco mil familias.”
La petición ha sido comunicada igualmente a todos los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado de Asturias, para su conocimiento y solicitando que esta demanda de nuestro sindicato, y del conjunto de los empleados públicos, se vea respaldada por las actuaciones desde los grupos parlamentarios.
La oposición a los recortes laborales, sociales, económicos y políticos que en los últimos tiempos venimos sufriendo el conjunto de los trabajadores, y en particular los empleados públicos, no debe ser afrontada sólo con declaraciones de intenciones sino con hechos tangibles, siendo además difícilmente justificable la no adopción de medidas de carácter social que no supongan incremento del gasto público.
Entendemos que el Gobierno Asturiano que en sus declaraciones públicas se opone a la política de recortes del Gobierno Central, tiene ahora una excelente oportunidad de paliar en cierta medida una de las múltiples agresiones que venimos sufriendo los empleados públicos en los últimos años, y dejar de ser corresponsable, como viene siendo, de las medidas que ellos mismos critican.
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