La CSI rechaza la propuesta de Reforma de la Ley de Función Pública


La introducción de la figura del Personal Directivo
busca perpetuar la Libre Designación

Con fecha 10 de julio de 2013 se reunió la Mesa Sectorial de Negociación para abordar la propuesta de la Administración Asturiana de reforma de la Ley de Función Pública.
Un grupo de delegados despliega una pancarta para hacer patente nuestro rechazo a la maniobra de la administración del PSOE
 Con fecha 10 de julio de 2013 se reunió la Mesa Sectorial de Negociación para abordar la propuesta de la Administración Asturiana de reforma de la Ley de Función Pública.
  
LOS TRIBUNALES NOS OBLIGAN, PUES LE DAMOS UNA VUELTA.- Esta modificación, forzada por las continuas sentencias judiciales que condenaban la generalización de la Libre Designación en esta Administración y por el compromiso adquirido por el PSOE con sus aliados políticos para que le sigan dando su apoyo, es aprovechada por sus responsables para acometer otras reformas de más calado. Así, la inclusión de la figura del personal directivo (desarrollando lo previsto en el art. 13 del EBEP), supone asegurarse hasta 72 puestos que seguirán siendo provistos mediante el sistema de Libre Designación, creando una nueva casta intermedia entre los cargos políticos (Directores Generales) y el primer escalón de la carrera administrativa (Jefaturas de Servicio). En la misma Mesa, y antes del inicio de la misma, el Director General modificó un artículo de la propuesta inicial para aclarar que estos puestos de Personal Directivo deberían ser desempeñados en todo caso por empleados públicos, cosa que no estaba nada clara en el texto remitido a las organizaciones sindicales y que podría haber abierto la puerta al desembarco de personal de empresas privadas en la dirección y gestión de ámbitos de la Administración.


La Corriente, valorando positivamente que por fin quede plasmado en una norma legal lo que los jueces dijeron en infinidad de ocasiones respecto a la Libre Designación generalizada, rechaza de plano la creación de un nuevo escalón semi-político en la estructura administrativa. Y la rechazamos por inoportuna, en unos momentos en que bajo la premisa de la austeridad se rebajan nuestros salarios, se suprimen nuestros derechos y se elimina empleo público, y por innecesaria ya que la estructura actualmente existente (Servicios, Secciones, Negociados y Centros) es suficiente para el buen funcionamiento de nuestra Administración.

La instauración del Personal Directivo, que podrá suponer hasta un total de 72 nuevos  puestos de dirección, según la actual normativa, de obligado cumplimiento, no podrá conllevar incremento del gasto, , con lo que estos nuevos puestos se financiarán sin ninguna duda a costa de otros actualmente existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo, es decir, mediante no cobertura de vacantes, amortizaciones o supresiones.


OTRAS CUESTIONES QUE RECOGE LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN.-  Al margen de la cuestión del Personal Directivo y de la instauración del sistema de Concurso como forma de provisión para las Jefaturas de Servicio, este Anteproyecto de Ley recoge otras novedades que detallamos:

- Se modifica la distribución de funciones entre los escalones Dirección General/Personal Directivo/Servicios. Al perder la prerrogativa de nombrar a los titulares de los Servicios “digitalmente”, el partido en el poder deja a estas unidades (que serán ocupadas por empleados públicos mediante concurso) con las simples funciones de coordinar, dirigir y controlar a las unidades de ellas dependientes (Secciones y Negociados). Por el contrario, la ejecución de los programas y planes corresponderá al personal directivo, bajo las instrucciones y criterios del alto cargo del que dependen y que los nombra y cesa. Los Servicios pierden capacidad de dirección, que pasa a los Directivos. La perversión es evidente.
-          Las direcciones de los centros, tendrán la Libre Designación como sistema de provisión.
-          Desaparece la obligatoriedad de que las Direcciones Generales sean provistas por funcionarios, que sí deben serlo para ser nombrados responsables de Secretarías Generales Técnicas o de la Intervención General.
-          En los Concursos de Méritos no se recupera la certificación de las SGT como alternativa a la supresión de memorias, pruebas específicas o entrevistas.


POSTURA FINAL DE LA CORRIENTE SINDICAL D’ÍZQUIERDA.- Esta modificación legal, que debiera ser puntual para adaptar las normas de Función Pública a las sentencias judiciales, se aprovecha solamente en el sentido que a la Administración le interesa. Se podría haber aprovechado de igual forma para acometer otros problemas candentes en el ámbito de la Administración, como la Funcionarización, la creación de nuevas escalas, solución al problema de las Escalas a Extinguir, o alguno más, pero no, solamente se modifica para lo que interesa.

La conclusión para la Corriente es muy clara: rechazamos tajantemente la aparición de esta nueva figura del Personal Directivo y apostamos por una reordenación lógica de las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo, aligerando al máximo altos cargos, cargos intermedios y asesores, y aumentando los efectivos en todos aquellos ámbitos y escalas en las que se está empezando a hacer insoportable tanto la disminución de las plantillas públicas, bien sea por supresiones de puestos, como por la prohibición de sustituir vacantes, bajas y ausencias.

La CSI propuso en la propia Mesa a la Administración y al resto de organizaciones sindicales el consenso alrededor de la retirada de los apartados referidos a la creación de la figura del Personal Directivo. Esta propuesta fue rechazada por la Administración y no secundada claramente por los demás sindicatos, escudándose en que el EBEP (firmado por CCOO, UGT y CSIF) recoge y ampara esta figura.

Así pues, la Administración seguirá adelante con su propuesta inicial, que tras la información que se dará a la Junta de Personal mañana jueves día 11, pasará al ámbito parlamentario, donde intentaremos contribuir para dar una nueva batalla ante los grupos parlamentarios de la Junta y parar los aspectos de esta propuesta de reforma que nos parecen regresivos.

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