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VIERNES 23 DE MAYO DE 2014, 11 h.
ANTE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
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Y seguimos
privatizando servicios: la Consejería de Bienestar Social convoca licitación de
servicio de primera acogida en el Fundoma, mientras el Centro Materno Infantil
está por debajo de su capacidad.
La CSI se opone a la
privatización del servicio de la UPA.
Hace unos meses hacíamos un pequeño análisis de la situación
de abandono y deterioro del centro materno infantil en sus dos vertientes de
albergar la unidad del menor y también la Unidad de primera acogida.
Señalábamos la escasa ocupación de menores que había en los
dos servicios, en la Upa a día de hoy solamente hay 3 menores, mientras que en
módulos y apartamentos son 24 los menores acogidos; también apuntábamos que en
cambio centros concertados (privados al fin) estaban en situación de sobre
ocupación, como era el caso del Centro Madre María Larrañaga.
Al hilo de esto somos testigos con estupor que el día 11 de
abril de 2014 se publica en el Bopa el anuncio de licitación de contrato del
servicio de unidad de primera acogida en el complejo del Fundoma por
procedimiento abierto. La licitación es por dos años prorrogables y con una
cantidad que supera el millón cuatrocientos mil euros (1.432.760 euros). Y por
si esto fuera poco una de las empresas que optan a la adjudicación es la
empresa Eulen, junto con otras ONGs.
Nos preocupa que esta Consejería esté optando cada vez con
más frecuencia a la llamada eufemísticamente externalización de los servicios
públicos de atención a menores, que no es otra cosa que una clara y contundente
apuesta por la privatización de los mismos. La consejería cuenta con un centro
de referencia en la atención a menores como es el Centro Materno Infantil, con
una plantilla de trabajadores cualificados para la atención al menor y que se
está viendo mermada en estos últimos meses por la no llegada de menores al centro
debido a la derivación a otros centros privados. Literalmente, se está dejando
que el centro se hunda (un ejemplo harto ilustrativo es su fachada
destartalada), pero en cambio sabemos que la Consejería debe pagar una cantidad
en concepto de alquiler al Fundoma por
el servicio de unidad de primera cogida.
En cuanto a personal, varias plazas del Materno son vacantes
sin personal que las cubra: 2 auxiliares-educador, 1 técnico en educación
infantil, 1 Educador y 1 ayudante de cocina. Y dos operarias de servicio y una
costurera pertenecen al servicio de contrata. Es decir hay una pérdida real y efectiva de empleo público en
beneficio de acuerdos y contratos con entidades privadas, con lo que ello
conlleva de una desigualdad en las condiciones laborales de los trabajadores,
donde a igual trabajo que en los centros públicos, distintos salario y
condiciones.
Desde la Corriente creemos que la entrada de los menores en
instituciones debe ser la última
opción en la protección de los niños,
pero también creemos que la consejería no juega limpio cuando afirma que no
llegan niños al Materno por que no los hay: los menores sí están llegando a
los centros concertados para justificar
el recorte en personal en el centro público de referencia por excelencia en la atención a menores como
es el centro Materno Infantil, y la adjudicación de la Upa a empresas privadas
nos da la razón. La Consejería debería ser la primera que optara por valorar y
aprovechar sus propios recursos tanto humanos como en infraestructuras, pues
mientras deja que se hunda un centro pionero y de referencia (el Materno
Infantil) da recursos y dinero a entidades privadas.
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