La Sentencia de 24 de marzo del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 6 de Bilbao, presentada por un funcionario de
la Comunidad Autónoma Vasca, reconoce el derecho del reclamante al disfrute de
los días adicionales por antigüedad generados al 15 de julio de 2012, fecha de
entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 (el famoso decreto de recortes en
las Administraciones Públicas). Nos referimos tanto a los días de vacaciones
como de permisos que habíamos generado por nuestra antigüedad en la empresa; el
Real Decreto sí que paraliza la generación de nuevos días a partir de aquella
fecha, pero no tenía derecho a arrebatarnos los ya generados.
Esta Sentencia, que es firme, incide en el
argumento que ya se esgrimió respecto a la paga extra, es decir, no puede
suprimirse con carácter retroactivo un derecho ya generado,
"retroactividad impropia", lo que abre la vía a la reclamación de
este derecho robado.
La Corriente entregó esta Sentencia a los
responsables de la función pública de la Administración Asturiana, Consejera y
Director General, el pasado mes de mayo, en el marco de las negociaciones sobre
reducción de jornada y paga extra, sentencia que entonces dijeron no conocer y
que se comprometieron a estudiar.
Después de varias largas sobre el tema ya
nos han comunicado claramente desde Función Pública que no van a atender la
petición realizada por las organizaciones sindicales, con lo que nos abocan una
vez más al conflicto. Y conflicto tendrán.
POSICIÓN DE LA CORRIENTE:
PRESIÓN, MOVILIZACIÓN Y APERTURA DE VÍA JUDICIAL
La Corriente considera que la supresión de
los días adicionales de antigüedad eliminó de un plumazo un derecho adquirido
por miles de empleados públicos a lo largo de su carrera administrativa. En su
momento manifestamos nuestra posición crítica respecto a la concesión de estos
días, en el marco de la aprobación y publicación del EBEP, por no ser un avance
universal, ya que se discrimina a un porcentaje importante de empleados
públicos, concretamente a todos los que no tengan una determinada antigüedad en
la Administración. La introducción de estos días adicionales fue ni más ni
menos que un “caramelo” ofrecido a las organizaciones sindicales que avalaron
el EBEP para compensar la verdadera carga de profundidad de este Estatuto: la
renuncia al derecho real de negociación colectiva en las Administraciones
Públicas.
En efecto, desde la CSI pensamos que la
antigüedad ya se compensa económicamente y que los descansos y vacaciones son
un derecho básico que debería tener carácter universal y que todos y todas las
empleadas públicas debemos disfrutar por igual, independientemente del tiempo
de servicios prestados. Ahora bien, esto no quita para que cuando se tiene un
derecho consolidado y se elimina en la ofensiva de recortes de derechos
sociales y laborales, junto a otros de mucho más calado, no alcemos la voz
exigiendo su restitución, porque lo robaron y nos pertenece, con mucha más
razón aún cuando, como en este caso, se hizo de forma no solamente injusta,
sino claramente ilegal.
La CSI considera que
la vía para conseguir restituir este derecho debe ser doble. En estas mismas
fechas vamos a abrir la vía judicial con este tema, interponiendo las
reclamaciones y recursos pertinentes por parte de nuestros delegados y
delegadas de personal, para provocar un pronunciamiento de los Tribunales que
en su caso, dé pie a la petición de extensión de efectos de esas sentencias por
parte de todas las empleadas y empleados públicos, y fuerce así a la
Administración a devolver este derecho a todo el personal que ya lo había
generado.
Pero esta vía no
debe ser la prioritaria. A partir de setiembre promoveremos el inicio de
movilizaciones con el objetivo de presionar a la Administración Asturiana para
que asuma la realidad sin falta de esperar a más sentencias judiciales, que
pueden retrasarse mucho en el tiempo. Estamos por una presión contundente y una
movilización unitaria por este derecho, sentarnos con los responsables de la
Administración en materia de personal y lograr un acuerdo, en la línea de lo
conseguido con la reducción de jornada o la devolución de la parte proporcional
de la paga extra, con la implicación de los representantes sindicales, los
órganos de representación, las organizaciones sindicales y, lógicamente, los
propios empleados públicos.
Este Gobierno no nos va a regalar nada, como
tampoco lo hace el de Madrid. La lucha por los derechos sociales y laborales
arrebatados es una lucha de todas y todos los empleados públicos, una lucha que
a todos nos concierne y a todos nos interesa ganar.
La unión, la participación activa y el apoyo
entre el conjunto de los empleados públicos y quienes hemos sido elegidos para
la defensa de nuestros intereses como trabajadores, es fundamental para abordar
con mayor fuerza la restitución de todos estos derechos.
La Corriente te llama a apoyar activamente
las iniciativas de presión y movilización que, tras el verano, deben llevarnos
a ir recuperando progresivamente los derechos suprimidos por quienes nos
gobiernan.
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