Xineru de 2016
A partir del mismo momento de la retirada
por el Gobierno asturiano del proyecto de Presupuestos para 2016, asistimos con
estupor a una serie de refriegas en los medios de comunicación en las que
varios responsables de dicho Gobierno utilizaron sin rubor alguno a las
empleadas y empleados públicos como munición política.
Así, en un primer momento la Consejera de Hacienda y
Sector Público hablaba de la “incertidumbre” que se cernía sobre los
compromisos adquiridos para con los empleados públicos, mientras que al día
siguiente el Consejero de la
Presidencia y Portavoz del Gobierno confirmaba unas supuestas
dificultades para convocar la
Oferta de Empleo Público prevista, aplicar el 1% de subida
salarial y poder abonar la parte de la extra de diciembre de 2012 en la nómina
de enero de 2016.
Puestos inmediatamente en contacto con
representantes de la
Consejería de Hacienda, se nos aseguró, como a continuación
hizo en la prensa la propia Consejera, que sí se iban a cumplir esos
compromisos. Se nos aplicará el 1%, se convocará la OEP y se nos abonará ese
tercer cuarto de la extra, manteniendo el compromiso de estudiar la posibilidad
de abonar en el mismo 2016 la otra cuarta parte restante.
Y ello es así porque existen mecanismos y
herramientas excepcionales para cubrir aquellas necesidades o compromisos que
no estén recogidos en la prórroga. Para ello hay la posibilidad de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito, mecanismos ambos que deben ser
aprobados por la Junta General.
Sí se nos transmitió que no existía la
certeza de que tanto el 1% como la extra se nos pudieran abonar en el mismo mes
de enero, pudiendo atrasarse quizá un mes ambas medidas. Nos reiteramos en los
argumentos anteriores: existen fondos, existen caminos. Que no se siga jugando
con nuestros derechos. Los queremos ya, puesto que en su momento sí se hizo
gala de agilidad y rapidez a la hora de arrebatárnoslos.
Hay
una duda más respecto al incremento salarial del 1%, puesto que cabe la
posibilidad de que sea necesaria la aprobación de una ley para su aplicación,
posibilidad que están estudiando en este momento los servicios jurídicos del
Principado. En caso de que así hubiera de procederse, de nuevo exigimos esa
agilidad para solventar ese escollo con la máxima rapidez.
Para acabar, no vamos a entrar, lógicamente,
en la disputa sobre la postura de cada partido político en la negociación del
borrador de Presupuestos; no es función de esta organización entrar en esa
discusión. Pero sí queremos manifestar nuestra incredulidad por el hecho
inaudito de que un Gobierno, un partido político, decidan sustraer al
Parlamento autonómico el examen,
enmienda, aprobación y control del Presupuesto del Principado, tal y como
establece nuestro Estatuto de Autonomía. No establece que el Gobierno ni su
Presidente estén en condiciones de decidir si presentan o no el Presupuesto, o
si la Junta General
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