En una actuación inaudita en la historia de las relaciones laborales en nuestra Administración Autonómica, el diputado del PSOE Fernando Lastra acaba de presentar una querella criminal contra José Luis González, Presidente de esta Junta de Personal.
Todo tiene su origen en el concurso de méritos convocado para proveer de forma definitiva las 14 plazas de Guardas Mayores de la Guardería Medioambiental, que estaban cubiertas en comisión de servicios desde varios años atrás. Para no repetir toda la historia, de la que se os informó convenientemente en su momento, os recordaremos brevemente los problemas que los representantes de las Consejerías de Medio Ambiente y Medio Rural pusieron para el normal funcionamiento de la Comisión de Valoración, puesto que las bases que ellos mismos habían elaborado (¡hay que ser torpes!) no servían para que las personas que ostentaban esas plazas (en su mayoría ligadas al sindicato UGT y en algunos casos a directivas locales del PSOE) lograran los puestos de manera definitiva. Y una vez que la Comisión de Valoración concluyó sus trabajos se intentó impedir a toda costa que la adjudicación de plazas se publicara en el BOPA, para que caducasen los plazos y todo siguiera igual hasta que se convocara un nuevo concurso, esta vez sí, completamente amañado “al gusto de los consumidores”.
En aquél momento se produjo la movilización del personal afectado, de la mayoría de los sindicatos, y también de la Junta de Personal. Su Presidente, en una actuación reconocida tanto por los trabajadores como por otros sindicatos (la Corriente entre ellos) realizó diversas gestiones ante todos los órganos administrativos y políticos pertinentes y también denunció públicamente el intento de cacicada; en una rueda de prensa aludió a esas presiones para impedir la publicación en el Boletín Oficial, y expresó públicamente lo que todo el mundo ya había conocido por diversas fuentes y era un rumor clamoroso: que el encargado de efectuar esas presiones había sido el diputado del PSOE Fernando Lastra.
Pues bien, varios meses después, suponemos que tras rumiarlo largamente con su conciencia (?) y con demás dirigentes y órganos de su partido, presenta querella criminal por calumnias, solicitando las penas que para estos casos recoge el Código Penal (de 6 meses a 2 años de prisión).
Desde la Corriente queremos efectuar públicamente la siguiente declaración:
- No hace falta decir que apoyamos la actuación que José Luis González desarrolló en este tema; en todo momento actuó en nombre de la Junta de Personal y en desarrollo de sus acuerdos y decisiones. Por tanto consideramos que es toda la Junta de Personal la destinataria de la querella. Nuestro apoyo llegará hasta sus últimas consecuencias.
- Este es un ataque a la libertad de expresión y a los derechos sindicales, y lo que se trata de coartar y limitar es la defensa de los derechos de los trabajadores por parte de sus representantes. En la Corriente ya tenemos experiencia en estas persecuciones, todos recordaréis a nuestros máximos dirigentes, Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, ingresando en prisión este verano y aún pendientes de la resolución definitiva del caso. Esperamos que en el caso que nos ocupa no se llegue a ese extremo.
- Advertimos una peligrosa tendencia del partido en el poder a intentar acabar con cualquier protesta y disidencia sin importarle los medios: la prisión de Cándido y Morala, el cierre de TeleAsturias, la represión de las protestas vecinales de Xixón, etc., etc., y ahora esto.
- Este señor ha cometido un error político de calado, puesto que esta canallada no le va a salir gratis; la Junta de Personal desarrollará una cascada de acciones de denuncia y protesta que harán que la sociedad asturiana esté perfectamente al tanto de todas las novedades que se vayan produciendo en tan lamentable asunto.
Por la libertad de Expresión TODOS CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO.
Todo tiene su origen en el concurso de méritos convocado para proveer de forma definitiva las 14 plazas de Guardas Mayores de la Guardería Medioambiental, que estaban cubiertas en comisión de servicios desde varios años atrás. Para no repetir toda la historia, de la que se os informó convenientemente en su momento, os recordaremos brevemente los problemas que los representantes de las Consejerías de Medio Ambiente y Medio Rural pusieron para el normal funcionamiento de la Comisión de Valoración, puesto que las bases que ellos mismos habían elaborado (¡hay que ser torpes!) no servían para que las personas que ostentaban esas plazas (en su mayoría ligadas al sindicato UGT y en algunos casos a directivas locales del PSOE) lograran los puestos de manera definitiva. Y una vez que la Comisión de Valoración concluyó sus trabajos se intentó impedir a toda costa que la adjudicación de plazas se publicara en el BOPA, para que caducasen los plazos y todo siguiera igual hasta que se convocara un nuevo concurso, esta vez sí, completamente amañado “al gusto de los consumidores”.
En aquél momento se produjo la movilización del personal afectado, de la mayoría de los sindicatos, y también de la Junta de Personal. Su Presidente, en una actuación reconocida tanto por los trabajadores como por otros sindicatos (la Corriente entre ellos) realizó diversas gestiones ante todos los órganos administrativos y políticos pertinentes y también denunció públicamente el intento de cacicada; en una rueda de prensa aludió a esas presiones para impedir la publicación en el Boletín Oficial, y expresó públicamente lo que todo el mundo ya había conocido por diversas fuentes y era un rumor clamoroso: que el encargado de efectuar esas presiones había sido el diputado del PSOE Fernando Lastra.
Pues bien, varios meses después, suponemos que tras rumiarlo largamente con su conciencia (?) y con demás dirigentes y órganos de su partido, presenta querella criminal por calumnias, solicitando las penas que para estos casos recoge el Código Penal (de 6 meses a 2 años de prisión).
Desde la Corriente queremos efectuar públicamente la siguiente declaración:
- No hace falta decir que apoyamos la actuación que José Luis González desarrolló en este tema; en todo momento actuó en nombre de la Junta de Personal y en desarrollo de sus acuerdos y decisiones. Por tanto consideramos que es toda la Junta de Personal la destinataria de la querella. Nuestro apoyo llegará hasta sus últimas consecuencias.
- Este es un ataque a la libertad de expresión y a los derechos sindicales, y lo que se trata de coartar y limitar es la defensa de los derechos de los trabajadores por parte de sus representantes. En la Corriente ya tenemos experiencia en estas persecuciones, todos recordaréis a nuestros máximos dirigentes, Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, ingresando en prisión este verano y aún pendientes de la resolución definitiva del caso. Esperamos que en el caso que nos ocupa no se llegue a ese extremo.
- Advertimos una peligrosa tendencia del partido en el poder a intentar acabar con cualquier protesta y disidencia sin importarle los medios: la prisión de Cándido y Morala, el cierre de TeleAsturias, la represión de las protestas vecinales de Xixón, etc., etc., y ahora esto.
- Este señor ha cometido un error político de calado, puesto que esta canallada no le va a salir gratis; la Junta de Personal desarrollará una cascada de acciones de denuncia y protesta que harán que la sociedad asturiana esté perfectamente al tanto de todas las novedades que se vayan produciendo en tan lamentable asunto.
Por la libertad de Expresión TODOS CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO.
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