LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANULA EL MODELO DE CARRERA PROFESIONAL IMPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia, por la que se anula la Resolución de 18 de mayo de 2007 dictada por la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias por la que se convoca el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional.
Con esta Sentencia, se estiman los recursos presentados por la Corriente Sindical d’Izquierda y también por CSIF, SUATEA y USO, que consideraban ilegal la Resolución citada, fundamentalmente por carecer de amparo normativo.
La Sentencia dice expresamente que “no sólo acontece que el acuerdo administrativo impugnado no contiene un concreto y determinado modelo de carrera para una y otra clase de empleados públicos, limitándose a prever la percepción de unas determinadas cantidades si se dan ciertos requisitos o circunstancias que en absoluto pueden asimilarse a lo que sería una carrera profesional como conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de ingreso profesional según los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la implantación de intereses objetivos y transparentes de evaluación,…”.
Desde el año 2007, la CSI viene denunciando reiteradamente la implantación de una promesa electoralista que el Gobierno transformó en una pretendida “carrera profesional”. La denunciamos por arbitraria, injusta, discriminatoria e ilegal, punto éste último que se confirma con esta Sentencia del TSJA. Una “carrera” que dejaba fuera a miles de empleados públicos a cambio de un cheque en blanco con el señuelo de unas cantidades no consolidables, sometidas a permanente chantaje y con indecentes diferencias salariales entre los distintos grupos de clasificación.
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN.-
Tras la suspensión cautelar en octubre de 2007, durante estos casi dos últimos años, la Administración se negó reiteradamente a entablar cualquier negociación relacionada con la carrera profesional. En su empecinamiento, ni siquiera desarrolló su propia resolución con un segundo tramo, consciente como era de la ilegalidad en la que estaba incurriendo.
No sólo eso, sino que en una huida hacia delante, impuso un sistema de evaluación personalista y vertical, acorde con una “carrera” que nos arrastra hacia una Administración al servicio del partido gobernante y alejada de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Asturies.
Este continuado despropósito tiene nombres y apellidos, en primer lugar el de la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, de la que la Corriente Sindical d’Izquierda exige su dimisión inmediata, como primera responsable del mantenimiento de una manifiesta ilegalidad, basada en la prepotencia y la mentira.
EFECTOS DE LA SENTENCIA.-
Esta Sentencia anula exclusivamente los efectos limitativos de la Resolución de 18 de mayo de 2007, es decir, los requisitos de tener cinco años de antigüedad, de ser fijo y de adhesión a la carrera. POR TANTO, LA SENTENCIA NO EXIGE LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA Y NO DEJA SIN EFECTO EL COMPROMISO ASUMIDO POR LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE MAYO DE 2007 PARA ESTABLECER UN NUEVO MARCO DE DESARROLLO DE CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL, QUE OBLIGA AL GOBIERNO ASTURIANO A PAGAR LOS IMPORTES DEL PRIMER NIVEL, SIN NECESIDAD DE ADHESIÓN VOLUNTARIA ALGUNA, es más, la Sentencia también subraya que el Consejo de Gobierno tuvo la posibilidad desde hace 2 años de subsanar la ilegalidad en la que estaba incurriendo.
En todo caso, los responsables de esta conducta ilegal son la Administración y los sindicatos que colaboraron con ella para impulsar y mantener esta situación, por lo que en cualquier caso, las consecuencias deben ser asumidas por ellos, no por los trabajadores.
PROPUESTAS DE LA CORRIENTE.-
La CSI exige la apertura inmediata de todas las Mesas Sectoriales de Negociación para abordar la solución de este conflicto sobre la base de la exigencia a la Administración del cumplimiento de sus compromisos, de cara a la instauración de un modelo de carrera profesional universal, equitativa y no discriminatoria, tal y como venimos defendiendo públicamente desde un principio.
QUEREMOS RECORDAR, QUE LA CORRIENTE LLEVA TRAMITADOS CIENTOS DE RECURSOS Y DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES, EXIGIENDO EL PAGO UNIVERSAL DE LAS CANTIDADES ABONADAS EN CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD. A LA VISTA DE ESTA SENTENCIA LA ADMINISTRACIÓN DEBE PROCEDER A SU ABONO INMEDIATO.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia, por la que se anula la Resolución de 18 de mayo de 2007 dictada por la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias por la que se convoca el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional.
Con esta Sentencia, se estiman los recursos presentados por la Corriente Sindical d’Izquierda y también por CSIF, SUATEA y USO, que consideraban ilegal la Resolución citada, fundamentalmente por carecer de amparo normativo.
La Sentencia dice expresamente que “no sólo acontece que el acuerdo administrativo impugnado no contiene un concreto y determinado modelo de carrera para una y otra clase de empleados públicos, limitándose a prever la percepción de unas determinadas cantidades si se dan ciertos requisitos o circunstancias que en absoluto pueden asimilarse a lo que sería una carrera profesional como conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de ingreso profesional según los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la implantación de intereses objetivos y transparentes de evaluación,…”.
Desde el año 2007, la CSI viene denunciando reiteradamente la implantación de una promesa electoralista que el Gobierno transformó en una pretendida “carrera profesional”. La denunciamos por arbitraria, injusta, discriminatoria e ilegal, punto éste último que se confirma con esta Sentencia del TSJA. Una “carrera” que dejaba fuera a miles de empleados públicos a cambio de un cheque en blanco con el señuelo de unas cantidades no consolidables, sometidas a permanente chantaje y con indecentes diferencias salariales entre los distintos grupos de clasificación.
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN.-
Tras la suspensión cautelar en octubre de 2007, durante estos casi dos últimos años, la Administración se negó reiteradamente a entablar cualquier negociación relacionada con la carrera profesional. En su empecinamiento, ni siquiera desarrolló su propia resolución con un segundo tramo, consciente como era de la ilegalidad en la que estaba incurriendo.
No sólo eso, sino que en una huida hacia delante, impuso un sistema de evaluación personalista y vertical, acorde con una “carrera” que nos arrastra hacia una Administración al servicio del partido gobernante y alejada de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Asturies.
Este continuado despropósito tiene nombres y apellidos, en primer lugar el de la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, de la que la Corriente Sindical d’Izquierda exige su dimisión inmediata, como primera responsable del mantenimiento de una manifiesta ilegalidad, basada en la prepotencia y la mentira.
EFECTOS DE LA SENTENCIA.-
Esta Sentencia anula exclusivamente los efectos limitativos de la Resolución de 18 de mayo de 2007, es decir, los requisitos de tener cinco años de antigüedad, de ser fijo y de adhesión a la carrera. POR TANTO, LA SENTENCIA NO EXIGE LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA Y NO DEJA SIN EFECTO EL COMPROMISO ASUMIDO POR LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE MAYO DE 2007 PARA ESTABLECER UN NUEVO MARCO DE DESARROLLO DE CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL, QUE OBLIGA AL GOBIERNO ASTURIANO A PAGAR LOS IMPORTES DEL PRIMER NIVEL, SIN NECESIDAD DE ADHESIÓN VOLUNTARIA ALGUNA, es más, la Sentencia también subraya que el Consejo de Gobierno tuvo la posibilidad desde hace 2 años de subsanar la ilegalidad en la que estaba incurriendo.
En todo caso, los responsables de esta conducta ilegal son la Administración y los sindicatos que colaboraron con ella para impulsar y mantener esta situación, por lo que en cualquier caso, las consecuencias deben ser asumidas por ellos, no por los trabajadores.
PROPUESTAS DE LA CORRIENTE.-
La CSI exige la apertura inmediata de todas las Mesas Sectoriales de Negociación para abordar la solución de este conflicto sobre la base de la exigencia a la Administración del cumplimiento de sus compromisos, de cara a la instauración de un modelo de carrera profesional universal, equitativa y no discriminatoria, tal y como venimos defendiendo públicamente desde un principio.
QUEREMOS RECORDAR, QUE LA CORRIENTE LLEVA TRAMITADOS CIENTOS DE RECURSOS Y DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES, EXIGIENDO EL PAGO UNIVERSAL DE LAS CANTIDADES ABONADAS EN CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD. A LA VISTA DE ESTA SENTENCIA LA ADMINISTRACIÓN DEBE PROCEDER A SU ABONO INMEDIATO.
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