La exigencia de devolución de los derechos que nos fueron usurpados estos años se encuentra de plena actualidad a distintos niveles. A la discusión en las distintas Mesas de negociación se une el inicio de movilizaciones de los empleados públicos y su discusión y votación en la Junta General del Principado de Asturias. De todo ello os ofrecemos un resumen ilustrativo a continuación.
MESA DE NEGOCIACIÓN
Después de varias reuniones, la negociación se encuentra en punto muerto. Ante las distintas cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales (devolución del 26% de la extra de 2012 este año, disfrute inmediato de los días de vacaciones y permisos ligados a la antigüedad, recuperación de la jornada de 35h., recuperación de los 23 días de vacaciones, recuperación de la cobertura del 100% en caso de IT, etc., etc.) el Gobierno asturiano se mantiene inamovible en sus planteamientos de inicio: no encuentran dinero para la extra –con lo que cabe la posibilidad de que se nos termine de devolver en el año 2018-, los días de antigüedad supondrían unas contrataciones para las que no hay presupuesto, la jornada de 35 horas y los 23 días de vacaciones es legislación básica… Mil y una razones (excusas) para no dar un solo paso que justifique el reconocimiento que manifiestan con la boca pequeña sobre la labor de los empleados públicos y los sacrificios que les fueron impuestos estos últimos años.
Como veis, las diferencias de trato entre el personal de la Administración Asturiana y el personal de la Administración del Estado son claras y manifiestas, estamos ante un agravio comparativo directo, intencionado e injustificable. En 2012, la aplicación de los recortes fue inmediata, de una rapidez inusitada. Ya estamos comprobando que la recuperación de las condiciones laborales que disfrutábamos en 2012 no va a ser fácil.
Otras cuestiones:
Justificación de las ausencias por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de IT. La propuesta presentada por la Administración exige la aportación de justificante médico, aunque “estudiarán” la posibilidad de que sea suficiente el justificante de asistencia a la consulta del médico, tal como se propuso desde la representación de los empleados públicos.
En cuanto al permiso de lactancia, el nuevo texto propuesto dice “que sólo podrá ser ejercido por uno de los dos progenitores en caso de que ambos trabajen”; ante la propuesta de la parte social sobre el derecho al ejercicio de tal permiso por el padre en caso de que la madre no trabaje, la respuesta fue la misma que en caso anterior, es decir que estudiarán esa posibilidad. Necesitan estudiar esa posibilidad aunque hay una Sentencia de septiembre de 2010 del TJ de la UE que ya lo reconoce.
Sí cabe reseñar que la propuesta recoge que la reducción de jornada sin reducción en la retribución prevista en el artículo 49.e) del EBEP (permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave) podrá alcanzar como máximo el 75 %, atendiendo a determinados criterios y diversas causas.
Esta misma semana está prevista la siguiente reunión negociadora, aún sin concretar en día y hora. Tal y como se acordó en la Asamblea informativa del pasado día 15, sería conveniente que las empleadas y empleados públicos comenzáramos a tomar protagonismo en la reivindicación y en la propia negociación…
MOVILIZACIONES DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO
Ante este punto muerto en que nos encontramos, en el último Pleno de este Órgano de Representación se acordó iniciar un proceso de movilizaciones que comenzaron el pasado día 15 con la celebración de una Asamblea Informativa en la que se informó de la situación, para continuar este mes de octubre con una manifestación el día 28 a las 11:00 que partirá desde el EASMU hasta el palacio de Presidencia y, a continuación, realizar una concentración ante la sede de la D.G. de Función Pública, en la C/ Hermanos Pidal.
En la Asamblea, las compañeras y compañeros presentes plantearon la necesidad de no dejar pasar tanto tiempo entre estas acciones y de participar más activamente en las reivindicaciones, surgiendo la idea de apoyar con su presencia las negociaciones que tengan lugar. La forma, sencilla, es aprovechar la media hora del café o los cinco minutos del cigarrito para mostrar su apoyo a los representantes sindicales presentes en las distintas Mesas.
MOCIÓN PARLAMENTARIA
Las reivindicaciones tienen muchas “patas”: negociación, presión sindical, movilización de los trabajadores… y también una vertiente política. Varias han sido hasta la fecha las interpelaciones parlamentarias presentadas (todas valiosas y a agradecer), pero vale la pena informar más en detalle de la moción presentada por el grupo de Podemos el pasado 16 de octubre. La diferencia en este caso es que, además del debate y los posicionamientos, una moción requiere una votación concreta, con lo que todos los grupos políticos han de “mojarse” y posicionarse sin ningún margen a la duda.
En dicha moción se instaba al Gobierno de Asturias a devolver este mismo año una parte de los derechos arrebatados a los Empleados Públicos asturianos en el año 2012 en las mismas condiciones que las aplicadas a los empleados públicos de la Administración del Estado: 26% de la paga extra y días de vacaciones y asuntos propios por antigüedad.
Todos los grupos políticos se posicionaron en sus turnos de intervención a favor de esta moción excepto el PSOE. Dos fueron las razones esgrimidas para oponerse:
- No hay previsión de partida presupuestaria, por tanto no hay de donde sacar el dinero.
- El Decreto del Gobierno del Estado atenta contra la autonomía de las CCAA. Es un Decreto que tenía que haber sido negociado con las CCAA y no ha sido así, por tanto Asturies no se siente concernida en su aplicación.
El resto de las fuerzas parlamentarias desmontaron en sus intervenciones estos argumentos dejando en evidencia al Gobierno y al partido que lo sustenta, demostrando que es todo una falacia y una excusa del Gobierno del PSOE para no asumir sus responsabilidades con los Empleados Públicos. Otras Comunidades Autónomas como Castilla-León, Castilla la Mancha, Galicia, Aragón o Extremadura ya están aplicando sin más dilación el Decreto de devolución de derechos robados.
La falta de partida presupuestaria tampoco es excusa, pues no es cierto. Desde los demás Grupos Parlamentarios se demostró que sí hay liquidez económica suficiente para acometer las medidas. Por ejemplo, la bajada de los tipos de interés en el pago de la deuda ha dejado 24 millones de euros de más que no estaban previstos en el Presupuesto, por tanto existe un superávit no previsto. También se señaló que solo con el dinero ahorrado con las 613 vacantes puras de funcionarios y laborales de administración y servicios (sin contar Sanidad ni Educación), presupuestadas y no cubiertas, habría suficiente para abonar los 19 millones de la parte de paga extra. El millón y medio de euros anuales que cuesta mantener al personal de los distintos gabinetes de los Consejeros y Consejeras, todos a dedo entre los amiguetes del partido, es otra partida presupuestaria de la que se podría prescindir en una buena parte. Y ya por último está la Sección 31 de los Presupuestos “Gastos de Diversas Consejerías y Órganos del Gobierno”, que es una partida presupuestaria que se puede mover y utilizar para estos menesteres sin mayores cortapisas.
En definitiva, como dio a entender la portavoz del PSOE, los empleados públicos no son una prioridad ni una emergencia, una prioridad puede ser atender a los refugiados o a las familias que no tienen para comer pero no a los funcionarios. Demagogia, pura demagogia, y además rastrera.
Finalmente se pasó a votar la moción, con un resultado totalmente esclarecedor:
29 VOTOS A FAVOR DE DEVOLVERNOS ESOS DERECHOS ESTE MISMO AÑO:
PP - IU - PODEMOS - FORO - CIUDADANOS
14 EN CONTRA:
PSOE
La situación en la que queda el Gobierno es un tanto desairada: de no cumplir este mandato expreso del Parlamento, no sólo no respetará los derechos de sus trabajadores sino que tampoco respetará la voluntad popular. Y un Gobierno que no respeta la voluntad popular es un Gobierno moralmente ilegítimo.
No queremos, por último, dejar pasar la oportunidad de responder a quienes nos acusan de “palmeros” por hablar abiertamente de las iniciativas políticas en la Junta General en defensa de nuestros derechos. ¿Hay algún problema por reconocer las medidas de todo tipo –incluidas las políticas- que se realicen en ese sentido? Por ejemplo, esta moción de la que hablamos, creemos que merece ser conocida por las empleadas y empleados públicos asturianos, dada su trascendencia política. También es interesante la propuesta de modificación de la Ley de Función Pública que parece ser presentará el PP sobre distintos aspectos de nuestra Administración (supresión de la figura del personal directivo, condición de funcionario para Viceconsejeros y Directores Generales, etc.); según esa lógica ¿también somos palmeros del PP? Si habitualmente solicitamos reuniones con los grupos parlamentarios para plantearles nuestras reivindicaciones ¿por qué no reconocer cuando alguno de estos grupos nos apoya en la práctica? Por favor, dejémonos de pullas infantiles y centrémonos en lo importante.
Corriente
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